Un proyecto de ley impulsado por la extrema derecha en el Congreso de Brasil (724/25) busca catalogar a los grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas o "narcoterroristas". Bajo la premisa de aumentar las penas y combatir lo que algunos sectores denominan un "marxismo" benévolo en los tribunales, la iniciativa es, en realidad, una maniobra con profundas implicaciones geopolíticas que podría expandirse por la región.

La justificación esgrime que el sistema penal actual es blando. “Las penas son muy suaves, debería haber una mayor punibilidad para romper el marxismo que reina en los tribunales y que trata a los criminales como pobrecitos y los libera”, afirmó recientemente Guilherme Derrite, secretario de Seguridad del estado de São Paulo. Sin embargo, esta narrativa es engañosa. Si el objetivo real fuera incrementar el monto de las penas o el rigor de los juicios, el camino no pasaría por crear una nueva figura delictiva, sino por reformar los códigos Penal y Procesal Penal existentes.
El guion estadounidense y los aliados locales
Detrás de esta ofensiva legal se vislumbra un claro alineamiento con los designios políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las señales de esta sintonía son múltiples. Tras la victoria electoral de Donald Trump, Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo y aspirante presidencial del sector financiero, viralizó un video en sus redes sociales luciendo la gorra de la campaña "Make America Great Again" parafraseando a Jair Bolsonaro el día de la prisión de Lula: "Gran día". El mismo Freitas mantuvo un silencio ensordecedor frente a los arbitrarios aranceles del 50% impuestos por Trump a Brasil durante el gobierno de Bolsonaro, y llegó a "recomendar" al presidente Lula da Silva que cediera a los intereses de Washington antes de negociar con el magnate neoyorquino.
Ahora, el gobernador le sirve en bandeja a la administración Trump la declaración del Primer Comando de la Capital (PCC) –el principal grupo criminal de São Paulo– como organización terrorista. No fue el único en reaccionar. Tras la masacre que ordenó contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro, el gobernador Cláudio Castro secundó la iniciativa. Con rapidez, figuras como la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, y el presidente paraguayo, Santiago Peña, avalaron la nueva clasificación y desplegaron dispositivos de seguridad en sus fronteras con Brasil para evitar la "invasión de narcoterroristas".
La tergiversación jurídica como herramienta
Aunque pueda parecer una discusión técnica marginal, es crucial desmontar la simplificación jurídica que impulsa la derecha. Argumentar que un grupo es terrorista porque "en ocasiones produce terror en la población", como declaró el gobernador Tarcísio, es un silogismo que desdibuja los fundamentos del derecho penal. Jurídicamente, un mismo resultado –la muerte de una persona– puede encuadrarse en figuras delictivas distintas con penas muy diferentes. Esquemáticamente, no es lo mismo un parricidio (el asesinato de ascendiente), que es un HOMICIDIO agravado por el vínculo, que un latrocinio (homicidio en ocasión de robo), que es un ROBO agravado por el resultado. Ambos tienen un desenlace luctuoso, pero la figura legal, la pena y muchas veces el tratamiento jurisdiccional no son los mismos.
Estas distinciones son lecciones preliminares en cualquier facultad de Derecho, algo que Tarcísio de Freitas o sus numerosos asesores jurídicos no pueden ignorar. Pero en la retórica del poder, estas "minucias leguleyas" parecen importar poco.
El verdadero objetivo: la puerta abierta a Washington
Lo que realmente está en juego es la entrada de Brasil en el radar de la política exterior estadounidense, que actúa como un juez-ejecutor universal que persigue el terrorismo en todos los rincones del mundo. Estados Unidos ya lleva a cabo operaciones letales en el Caribe y el Pacífico, donde ejecuta sumariamente a sospechosos en barcazas mediante misiles, sin proceso, pruebas ni la más elemental presunción de inocencia. Aún si las víctimas fueran traficantes, jurídicamente es un absurdo: se convierten en sujetos con menos derechos que los jefes de los cárteles juzgados en un tribunal.
La derecha brasileña quiere que el país ingrese, en el rol de víctima, a este absurdo humanitario. Le abren de par en par la puerta a Estados Unidos para que realice acciones directas en su territorio. Quienes crean que este experimento se limitará a Brasil se equivocan: es un tubo de ensayo para toda Latinoamérica. Ya se observan movimientos similares desde el norte, en Venezuela y Colombia. Es probable que se intente replicar la fórmula en el Ecuador de Daniel Noboa. Y, créase o no, es un camino que probablemente siga la Argentina de Patricia Bullrich, ávida por cumplir las órdenes del ‘gran país del norte’. Otros gobiernos harán fila para decir, sumisos: "Siempre listos".
La trampa jurídica está armada, y su resorte puede activarse en toda la región.