Organismos de derechos humanos denuncian el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia durante la gestión de La Libertad Avanza.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicará tres audiencias de su 191º período de sesiones a examinar la situación en la Argentina, especialmente tras la llegada al gobierno de La Libertad Avanza. Organismos de derechos humanos expresarán su preocupación por las políticas del actual gobierno, centradas en la negación de los crímenes de terrorismo de Estado y el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que se implementaron tras el retorno de la democracia.
Las audiencias se desarrollarán a partir de las 13 horas, con la participación de diversas organizaciones argentinas que darán su testimonio sobre el impacto del ajuste de la administración de Javier Milei en las políticas sociales, el trabajo en la economía popular y los derechos de las mujeres. A las 16, se abordará el retroceso en las políticas de género, mientras que a las 18 comenzará la denuncia contra la ofensiva contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Representantes de organismos de derechos humanos participarán desde Washington y desde el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en la ex-ESMA. Entre los oradores se destacan Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y representantes de H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas. También participarán desde EE. UU. figuras clave como Paula Litvachky (CELS), Verónica Torras (Memoria Abierta) y el escritor Martín Kohan.
Por su parte, el gobierno estará representado por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien ya se encuentra en Washington. Se espera que Baños enfrente cuestionamientos sobre los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos y la venta de sitios de memoria, además de responder por las restricciones al acceso a archivos sobre crímenes de lesa humanidad, un tema que ha generado fuertes críticas.
Una de las principales preocupaciones será el ataque a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que bajo la actual administración ha perdido su unidad de investigación y ha limitado el acceso a documentos clave sobre los bebés robados durante la dictadura.