Las medidas del gobierno de Javier Milei para reducir al Estado no son abstractas ni técnicas: impactan todos los días en la vida de millones de argentinos. Decretos, recortes y cancelaciones que se promueven como “desregulación” o “eficiencia” se traducen en menos derechos, más costos y menos redes de protección para quienes más lo necesitan.

Bajo el discurso de la modernización, el Gobierno avanza con un proyecto que vacía la Ley de Contrato de Trabajo, debilita al sindicalismo y redefine las relaciones laborales en favor del poder empresario. Una ofensiva que no actualiza derechos: los desmantela.

La discusión sobre la reforma laboral del gobierno de Javier Milei se presenta como una cruzada contra “la rigidez” y “la industria del juicio”. Pero detrás de ese lenguaje técnico hay algo más simple y más crudo: quién paga el costo del ajuste cuando la economía se reordena. Y, como casi siempre en la historia argentina, el borrador muestra que ese costo vuelve a caer sobre quienes viven de su salario.