León XIV ante Milei: un país no es un balance

El papa León XIV dejó en la Argentina un mensaje de extraordinaria profundidad política y social. Ante el presidente Javier Milei, sus ministros, miembros de la Corte Suprema, gobernadores, legisladores y representantes de distintos sectores de la sociedad, el pontífice expuso en el Centro Cultural Kirchner una concepción de país que cuestiona los fundamentos del modelo libertario. No necesitó confrontaciones personales ni declaraciones estridentes. Le alcanzó con establecer principios sobre la economía, el ejercicio del poder, la democracia y los derechos sociales para dejar al descubierto la distancia entre las promesas de prosperidad del Gobierno y las condiciones necesarias para construir una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. La afirmación constituye el núcleo de una discusión que excede ampliamente las diferencias entre programas económicos. Define qué lugar deben ocupar las personas en las decisiones de quienes gobiernan y cuál es el verdadero propósito de la actividad productiva. Una economía no puede considerarse exitosa únicamente por sus indicadores financieros, sino por su capacidad para generar riqueza, distribuir oportunidades y mejorar las condiciones materiales de vida de la población.

El contraste fue particularmente significativo frente a un presidente que ha convertido el equilibrio fiscal y el déficit cero en los principales argumentos para defender su gestión. Allí aparece una de las grandes falacias del relato libertario: presentar determinados resultados macroeconómicos como prueba suficiente del bienestar general. El Gobierno reivindica la desaceleración inflacionaria, pero que los precios aumenten a menor velocidad no significa que hayan dejado de subir ni que los salarios recuperen el poder adquisitivo perdido. Tampoco la proclamación del ordenamiento fiscal elimina los interrogantes sobre el endeudamiento externo, los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional o los costos sociales de las políticas aplicadas.

León XIV trasladó la discusión desde los indicadores hacia sus consecuencias. Habló de familias sometidas a la incertidumbre, de personas que buscan empleo, de adultos mayores que dedicaron su vida a construir el país y de trabajadores cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir las necesidades del hogar. Esas situaciones encuentran una expresión cotidiana en las dificultades para afrontar los alimentos, los servicios públicos, el transporte, los medicamentos y la vivienda. No desaparecen porque un funcionario exhiba una planilla favorable ni pueden justificarse indefinidamente como sacrificios necesarios para alcanzar una prosperidad futura.

El pontífice fue cuidadoso también al referirse a la iniciativa privada. Defendió la necesidad de estimularla, abrir oportunidades y favorecer el crecimiento, pero incorporó una condición fundamental: que sus beneficios alcancen a quienes enfrentan mayores dificultades. Esa precisión desarma la falsa oposición entre desarrollo económico y justicia social. Una actividad empresarial vigorosa puede convivir con salarios adecuados, derechos laborales, servicios públicos de calidad y una distribución más equitativa de la riqueza. El problema aparece cuando la acumulación se concentra en sectores cada vez más reducidos mientras las mayorías encuentran obstáculos crecientes para progresar.

Porque el horizonte de una nación no puede limitarse a garantizar condiciones mínimas de subsistencia. La dignidad humana constituye un derecho elemental, un punto de partida que ninguna política pública debería poner en discusión. Pero una sociedad tiene responsabilidades mucho más ambiciosas: procurar que sus habitantes puedan vivir bien, desarrollar sus capacidades, disfrutar de su trabajo, acceder a la cultura, proyectar su futuro y participar de una prosperidad compartida. La justicia social no supone eliminar las diferencias individuales ni desconocer el esfuerzo personal. Significa impedir que las desigualdades económicas se transformen en barreras insalvables y que la distancia entre quienes más tienen y quienes menos poseen alcance dimensiones incompatibles con una comunidad integrada.

Esa preocupación por el destino colectivo también atravesó sus consideraciones sobre el poder. “La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio”, afirmó León XIV, antes de recordar que quienes gobiernan deben actuar con prudencia, reconocer sus límites y orientar las decisiones hacia el bien de toda la comunidad. Son palabras que adquieren especial relevancia frente a una concepción política que interpreta la legitimidad electoral como una autorización para imponer decisiones sin escuchar a los sectores afectados. El voto confiere el derecho a gobernar, pero no suspende las obligaciones institucionales ni convierte las convicciones del gobernante en verdades indiscutibles.

La democracia, sostuvo el pontífice, es una herencia que cada generación tiene la responsabilidad de cuidar y fortalecer. No se agota en el sufragio: comprende la participación ciudadana, la libertad de expresión, el respeto por las instituciones y la confianza en las leyes. También necesita algo que parece haberse deteriorado profundamente en la vida pública argentina: la capacidad de reconocer en quien piensa diferente a un compatriota con quien se comparte un mismo destino.

Su llamado al cuidado de la palabra, a la escucha y a la construcción de acuerdos difícilmente pueda desvincularse de un clima político donde la agresión se ha convertido en una herramienta cotidiana de comunicación. No significa negar los conflictos ni reclamar unanimidad. Significa comprender que las diferencias ideológicas, por profundas que sean, no autorizan a desconocer los derechos de quienes sostienen otras posiciones. La democracia necesita debate y confrontación de ideas; lo que no puede admitir es que el ejercicio del poder transforme al adversario en enemigo y al disenso en una expresión de deslealtad.

León XIV también interpeló a la dirigencia argentina desde una de las preguntas más dolorosas que puede formularse una nación: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”. La emigración deja de aparecer, bajo esa mirada, como una simple elección individual para convertirse en un indicador de las oportunidades que una sociedad ofrece o les niega a las nuevas generaciones. Cuando estudiar, trabajar, investigar o construir un proyecto personal parece más viable en otro país, el problema ya no es solamente de quienes se marchan, sino también de quienes tienen la responsabilidad de generar las condiciones para que puedan quedarse.

Su respuesta fue fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación. La importancia de esa definición resulta evidente en una Argentina atravesada por conflictos presupuestarios que comprometen el sostenimiento del sistema universitario y científico. No puede construirse una economía desarrollada debilitando los instrumentos que permiten formar profesionales, producir conocimiento y ampliar las posibilidades de movilidad social. Mucho menos puede pensarse el futuro de una nación que acepta perder a sus jóvenes después de haber invertido durante años en su formación.

La misma concepción humana apareció en sus palabras sobre la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. El pontífice recordó que ninguna circunstancia disminuye el valor de una vida y que cuidar, acompañar y aliviar el sufrimiento constituyen responsabilidades de toda la comunidad. Esa afirmación cuestiona cualquier perspectiva que pretenda medir la importancia de las personas según su productividad económica. Los derechos sociales no son recompensas destinadas exclusivamente a quienes pueden generar ingresos ni privilegios concedidos por el Estado. Expresan un principio de solidaridad indispensable para que la libertad no termine siendo una posibilidad reservada a quienes disponen de recursos suficientes para ejercerla.

Incluso al abordar la inteligencia artificial, León XIV mantuvo esa perspectiva. Reconoció el potencial transformador de los avances tecnológicos sobre la medicina, la educación, la producción y la investigación, pero advirtió sobre sus consecuencias y las responsabilidades de quienes toman decisiones. “El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”, señaló. La innovación puede impulsar enormes mejoras en la vida colectiva, pero también profundizar desigualdades y concentrar poder si sus beneficios quedan sujetos exclusivamente a los intereses de quienes controlan esas herramientas.

El alcance de ese pensamiento trasciende la Argentina. En una América Latina donde persisten desigualdades estructurales y resurgen proyectos que exaltan el individualismo como respuesta a los problemas colectivos, el mensaje papal recuperó el valor de la solidaridad, la cooperación y el bien común. Frente a la idea de que cada persona debe resolver su destino exclusivamente mediante sus propios recursos, recordó que las oportunidades individuales dependen también de las condiciones económicas, educativas, institucionales y sociales que construye una comunidad.

Nada de esto obliga a convertir al pontífice en portavoz de una fuerza política. Las coincidencias entre la doctrina social de la Iglesia y los principios de justicia social que atraviesan buena parte de la historia argentina son reconocibles sin necesidad de apropiaciones partidarias. El valor del trabajo, la función social de la economía, la protección de los sectores vulnerables y la búsqueda de una comunidad más justa constituyen ideas profundamente arraigadas en nuestra experiencia política y social.

La trascendencia de lo ocurrido en el Centro Cultural Kirchner reside precisamente en la capacidad del Papa para discutir el sentido de un modelo sin quedar atrapado en sus consignas. Su discurso no ofreció soluciones técnicas ni pretendió reemplazar las responsabilidades de quienes gobiernan. Estableció, en cambio, criterios para evaluar cualquier proyecto político: qué oportunidades genera, cómo distribuye los beneficios del crecimiento, qué lugar reserva a los más vulnerables, de qué manera ejerce la autoridad y qué futuro ofrece a las nuevas generaciones.

León XIV habló ante quienes tienen la responsabilidad de conducir la Argentina, pero sus palabras también quedaron al alcance de una sociedad que tiene derecho a exigir mucho más que promesas de estabilidad y sacrificios sin horizonte. Un país con las capacidades productivas, los recursos naturales, las universidades, los trabajadores y la tradición de organización social de la Argentina puede y debe aspirar a un desarrollo que se traduzca en bienestar, igualdad de oportunidades y realización colectiva.

León XIV no necesitó decirle a Milei que su modelo estaba equivocado. Le bastó con exponer, frente a él, una idea de sociedad en la que la prosperidad se construye para todos y no a costa de las mayorías. Esa fue la dimensión política de su mensaje y la contradicción que quedó planteada ante el país.