martes, 10 de noviembre de 2026
Peña cayó por el escándalo de Ueno Bank
La crisis dejó a millones de ahorristas sin acceso a su dinero, comprometió fondos sociales y expuso los negocios del aliado de Milei.
El Senado de Paraguay destituyó a Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones tras el colapso de Ueno Bank, una entidad vinculada a sus antecedentes empresariales que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso normal a sus depósitos. Los 44 senadores presentes votaron su desplazamiento, mientras ahorristas y jubilados reclamaban en las calles la devolución del dinero. El mandatario quedó detenido en la investigación penal y fue reemplazado por su vicepresidente, Pedro Alliana, del mismo Partido Colorado.
La crisis comprometió entre 800 y 850 millones de dólares depositados por instituciones públicas. Unos 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social, que administra recursos destinados a prestaciones sanitarias y jubilaciones. El derrumbe puso así en riesgo un patrimonio que debía sostener derechos sociales y que el Estado había colocado en un banco relacionado con el grupo empresario del presidente.
Peña había sido socio del conglomerado propietario de Ueno hasta marzo de 2025, cuando llevaba más de un año en la Presidencia. Además, nombró al frente del Banco Central del Paraguay a Carlos Carvallo, quien anteriormente había presidido la entidad. Un antiguo directivo del banco quedó al mando del organismo responsable de supervisarlo, mientras crecían los depósitos estatales que recibía la empresa.
La investigación también alcanza los préstamos otorgados a compañías del propio grupo controlador. El Banco Central intervino Ueno después de constatar que su solvencia había descendido por debajo de la mitad del mínimo exigido. Las restricciones para retirar dinero, transferir y operar con tarjetas trasladaron las consecuencias de ese deterioro a millones de clientes.
En medio de las protestas y la pérdida de respaldo político, Peña presentó su renuncia. La diferencia entre aceptar su dimisión y destituirlo tenía una consecuencia decisiva: la Constitución paraguaya reserva la senaduría vitalicia para los expresidentes elegidos democráticamente, pero excluye a quienes hayan sido declarados culpables en juicio político. Una salida sin esa condena podía permitirle acceder a la banca y a sus inmunidades parlamentarias.
El Congreso mantuvo el procedimiento y la condena del Senado le cerró ese camino. La disputa por su salida involucraba, por lo tanto, la posibilidad de conservar protección parlamentaria frente al avance de la causa judicial. Peña fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras las actuaciones alcanzaron también a Carvallo y a los responsables de la entidad.
El derrumbe del mandatario se precipitó cuando Horacio Cartes y otros referentes colorados le retiraron su apoyo. Alliana asumió para completar el mandato hasta agosto de 2028, de modo que el partido conservó el Ejecutivo. La continuidad oficialista dejó en manos de esa misma fuerza la respuesta a una crisis gestada durante su gobierno.
Peña era un aliado regional de Javier Milei, quien había elogiado el modelo económico paraguayo. El escándalo expuso las relaciones entre negocios privados, supervisión estatal y captación de fondos públicos detrás de aquella presentación de éxito. También tuvo consecuencias en la Argentina: más de 900 trabajadores de la empresa tecnológica vinculada al banco quedaron afectados por suspensiones y problemas salariales.
La devolución de depósitos comenzó por etapas, mientras la Fiscalía realizaba allanamientos e incautaba documentación para reconstruir las operaciones del grupo. El inicio de los pagos no resolvió la restitución del conjunto de los ahorros ni el destino de los recursos estatales comprometidos. Los afectados siguen pendientes de recuperar su dinero, incluidos los fondos que debían financiar la atención sanitaria y las jubilaciones.
