La Legislatura porteña aprobó la Ley de Educación Digital Integral

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley de Educación Digital Integral (EDI), una iniciativa impulsada por el bloque Fuerza por Buenos Aires que incorpora contenidos sobre ciudadanía digital, inteligencia artificial, redes sociales y prevención de las violencias digitales en los establecimientos educativos públicos y privados. El proyecto, promovido por la legisladora María Bielli, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, fue aprobado con 43 votos afirmativos, 13 abstenciones de La Libertad Avanza y ninguno en contra. La norma busca proporcionar herramientas pedagógicas para que niños, niñas y adolescentes comprendan críticamente las tecnologías que atraviesan su vida cotidiana.

La legislación aborda una problemática que excede el uso de dispositivos electrónicos en las aulas. El acceso temprano a las redes sociales, la exposición permanente a contenidos digitales y la expansión de los sistemas de inteligencia artificial modificaron las formas de comunicación, aprendizaje y socialización de las nuevas generaciones. Frente a ese escenario, la Educación Digital Integral propone que las escuelas incorporen conocimientos sobre el funcionamiento de las plataformas, los algoritmos, la protección de datos personales y los derechos de los usuarios en los entornos virtuales.

Uno de los ejes centrales es la prevención de las violencias digitales, entre ellas el grooming, el ciberacoso, la violencia de género en internet y la difusión de imágenes sin consentimiento. La iniciativa reconoce que estas prácticas pueden afectar la intimidad, la integridad y la vida social de niños y adolescentes, incluso cuando ocurren fuera de los establecimientos educativos. Por eso plantea una intervención pedagógica que permita identificar situaciones de riesgo, promover vínculos respetuosos y desarrollar herramientas de cuidado individual y colectivo.

La ley también incorpora criterios para la utilización de inteligencia artificial en los procesos educativos. Su aplicación deberá responder a objetivos pedagógicos, contemplar la edad y el desarrollo de los estudiantes y respetar principios de privacidad, transparencia y protección de datos personales. El planteo distingue entre utilizar estas herramientas como recursos para el aprendizaje y sustituir con ellas los procesos de reflexión, investigación y construcción del conocimiento que forman parte de la enseñanza.

La propuesta contempla formación docente inicial y continua, materiales didácticos multimediales accesibles y actualizados, y la presencia de facilitadores pedagógicos que acompañen la incorporación de tecnologías en las escuelas. También establece medidas vinculadas con la conectividad y la disponibilidad de equipamiento, dos condiciones relevantes para evitar que las diferencias de acceso a los recursos digitales profundicen las desigualdades educativas existentes.

La participación de las familias constituye otro componente de la legislación. Se prevén talleres destinados a comprender el funcionamiento de los algoritmos y los efectos de las redes sociales sobre niños, niñas y adolescentes, además de relevamientos periódicos sobre los hábitos tecnológicos de los estudiantes. Estas herramientas permitirán incorporar las experiencias de quienes utilizan cotidianamente las plataformas y aportar información para el diseño de políticas educativas.

El proyecto surgió de un proceso de discusión parlamentaria que reunió aportes de estudiantes, trabajadores de la educación y representantes de distintos bloques políticos. Además de Fuerza por Buenos Aires, participaron de su elaboración sectores del PRO, la Unión Cívica Radical, Confianza y Desarrollo y el Frente de Izquierda. Ese trabajo permitió alcanzar una mayoría amplia para la sanción, aunque no evitó las diferencias respecto del alcance de la intervención estatal en materia tecnológica.

La Libertad Avanza fue el único bloque que no acompañó la aprobación general de la norma. Durante el debate, el legislador Juan Ignacio Fernández cuestionó el esquema regulatorio previsto para la inteligencia artificial y objetó las obligaciones presupuestarias derivadas de la implementación. El espacio libertario sostuvo que la propuesta avanzaba sobre aspectos que, a su criterio, no debían regularse de manera centralizada desde el sistema educativo.

Desde el peronismo porteño defendieron la necesidad de que la escuela intervenga en una discusión que involucra derechos, desigualdades y nuevas formas de organización de la vida social. Bielli planteó que las transformaciones producidas por las plataformas digitales deben convertirse en objeto de conocimiento y que el sistema educativo necesita recursos para formar estudiantes capaces de analizar críticamente su funcionamiento.

La legisladora también señaló una diferencia entre los tiempos de las plataformas y los procesos educativos: mientras las redes sociales promueven la inmediatez y la circulación acelerada de contenidos, la construcción del conocimiento requiere reflexión, intercambio y continuidad. Esa distinción atravesó el debate sobre el papel de los docentes frente a la inteligencia artificial y sobre la responsabilidad de la escuela en la formación de ciudadanos capaces de comprender las tecnologías que utilizan.