jueves, 22 de octubre de 2026
Cecilia Santamaría: “Llevarlo a un hospital hubiera cambiado la historia”
La madre de Julián Castillo denuncia que la Policía de Santa Fe incumplió los protocolos ante una crisis de salud mental y reclama que la Justicia investigue las responsabilidades estatales por su muerte.
A más de tres años de la muerte de Julián Castillo, ocurrida el 8 de marzo de 2023 después de una intervención de la Policía de Santa Fe, su madre, Cecilia Santamaría, sostiene que los agentes lo persiguieron, redujeron y trasladaron a una comisaría pese a encontrarse ante una crisis de salud mental. La familia reclama que se investigue el incumplimiento de los protocolos y cuestiona una causa judicial que, según denuncia, continúa sin avances sustanciales. “Llevarlo a un hospital hubiera cambiado la historia. Yo no estaría escribiendo esto”, afirmó en diálogo con ADN Populares.
Julián era estudiante de Sociología, percusionista, educador popular, trabajador cultural y militante del colectivo barrial El Cuco. Allí participaba del trabajo territorial y estaba al frente de la murga, mientras promovía actividades comunitarias y espacios de organización. “Tenía una sensibilidad especial, que lo interpelaba permanentemente y lo movilizaba a comprometerse con las injusticias que estaban a su alcance”, lo recordó Santamaría.
Su recorrido también estuvo atravesado por la formación artística y el compromiso político. Durante dos años realizó capacitaciones como promotor cultural y asumió los lenguajes artísticos como una herramienta de militancia social. Vivió un año en Brasil, se acercó al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y, al regresar, comenzó a desempeñarse en espacios dependientes del Ministerio de Cultura de Santa Fe.
La precarización laboral condicionó aquella etapa. Julián trabajaba mediante contratos inestables, sufría interrupciones en los pagos y esperaba desde hacía tiempo el pase a planta permanente. Para su madre, la imposibilidad de construir un proyecto de vida con ingresos suficientes y derechos laborales tuvo una relación directa con el inicio de su consumo problemático.
El 8 de marzo de 2023, Santamaría participaba de una actividad por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora cuando recibió el llamado de un compañero de Julián. El joven había salido a comprar cigarrillos, comenzó a atravesar una crisis y fue interceptado por policías que lo subieron a la caja de una camioneta. Su madre salió inmediatamente a buscarlo, pero en la comisaría cercana le dijeron que no figuraba ninguna detención y en un primer hospital tampoco pudieron informarle dónde se encontraba.
Después llegó al Hospital José María Cullen, donde le comunicaron que había ingresado un joven sin identificar. Durante aproximadamente dos horas permaneció en la vereda sin recibir información y sin que le permitieran entrar. Finalmente, le informaron que Julián había llegado sin signos vitales.
De acuerdo con el acta elaborada por la propia Policía, los agentes acudieron luego de un llamado al 911, persiguieron a Julián durante dos cuadras, lo redujeron en el suelo y lo trasladaron. La familia cuestiona que, aun cuando los efectivos habían advertido una situación de salud mental y solicitado una ambulancia, no esperaran al personal sanitario ni lo llevaran directamente a un hospital ubicado a pocas cuadras. En cambio, fue conducido a la Comisaría Primera y recién después, al advertir que tenía espuma en la boca y estaba descompensado, decidieron trasladarlo al Cullen.
No era la primera intervención policial que padecía. El 18 de octubre de 2022, cinco meses antes de su muerte, había sido llevado a la misma dependencia durante otra crisis y, según denunció su familia, permaneció durante varias horas atado a un poste. Los dos episodios dieron origen a causas distintas, con agentes imputados, pero Santamaría sostiene que no se produjeron avances porque la Fiscalía no reconoce la existencia de delitos ni la vulneración de sus derechos.
La autopsia estableció una causa de muerte indeterminada, descartó una sobredosis y tampoco identificó un golpe mortal. La familia objeta que esa conclusión sea utilizada para separar el fallecimiento del contexto en el que ocurrió. Su planteo es que la persecución, la reducción violenta y el traslado a una comisaría durante un delirio persecutorio agravaron la crisis y deben ser analizados como parte inseparable de una muerte producida bajo custodia policial.
Santamaría señaló que la investigación tampoco consideró adecuadamente un informe presentado por el psiquiatra Oscar Pellegrini, especialista en violencia institucional. “Para ver estas arbitrariedades es imprescindible tener perspectiva de derechos humanos”, advirtió. Para la familia, el problema no se limita a determinar si existió un golpe mortal, sino que comprende las acciones y omisiones de agentes estatales que tenían la obligación de proteger la vida de una persona en una situación de extrema vulnerabilidad.
La intervención policial estaba alcanzada por una resolución conjunta dictada en 2019 por distintos ministerios provinciales, que establece cómo deben actuar las fuerzas de seguridad ante emergencias de salud mental. Santamaría afirma que muchos agentes ni siquiera conocen ese procedimiento y reclama una revisión urgente de su formación. “No puede ser que sea lo mismo cumplir o incumplir un protocolo, porque en esa diferencia se fue la vida de mi hijo”, sostuvo.
La experiencia previa de la familia con el sistema sanitario también estuvo marcada por la desprotección. Cuando Julián reconoció que atravesaba un consumo problemático, comenzaron a buscar acompañamiento profesional, pero encontraron instituciones con trabajadores precarizados, intervenciones discontinuas y enfoques centrados exclusivamente en la abstinencia. En una de las clínicas fue expulsado, junto con otros pacientes, luego de una situación de consumo ocurrida dentro del establecimiento.
Para Santamaría, las políticas públicas deberían adoptar una perspectiva de reducción de daños e incorporar el arte, el deporte y el contacto con la naturaleza como herramientas terapéuticas. También deberían articular salud, educación, cultura, trabajo y desarrollo social mediante dispositivos territoriales capaces de acompañar integralmente a cada persona. “La atomización y la fragmentación de las políticas públicas impactan directamente en los jóvenes”, explicó.
El caso pone en evidencia una trama que excede una actuación policial individual. La familia articula su reclamo alrededor de tres demandas: terminar con la precarización laboral, impedir la mercantilización de la salud y dejar de criminalizar los consumos problemáticos. La ausencia de oportunidades, el deterioro del sistema sanitario y una respuesta estatal basada en la persecución conforman, para Santamaría, una estructura de desprotección que expone especialmente a los jóvenes.
Familiares, amistades, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos acompañaron el reclamo durante estos años. Ese respaldo permitió sostener la denuncia y mostrar que la violencia institucional contra personas que atraviesan padecimientos de salud mental no constituye un episodio aislado. En un contexto político que reivindica la mano dura, la respuesta punitiva continúa desplazando a las políticas de cuidado.
El documental Saben las estrellas que vas a cantar, dirigido por Eduardo Mezio, se convirtió en una de las principales herramientas para recuperar la historia de Julián. La película recorre su militancia, su sensibilidad y el amor que sembró en su comunidad, pero también reconstruye las circunstancias de una muerte que la familia considera evitable. Sus proyecciones en escuelas, clubes, vecinales, centros de salud, cines y organizaciones políticas abren debates sobre consumos problemáticos, violencia estatal y responsabilidad colectiva.
“Julián era un pibe lleno de vida que estaba atravesando una etapa difícil, pero absolutamente transitoria. Estaba convencido de que iba a salir”, expresó su madre. La familia no reclama solamente una sanción por lo sucedido, sino que ninguna otra persona en crisis sea perseguida y trasladada a una comisaría cuando necesita atención sanitaria.
La Justicia deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes, pero el Estado no puede desentenderse de las condiciones que condujeron a la muerte. Investigar la actuación policial, garantizar dispositivos públicos de salud mental y convertir los protocolos en prácticas efectivas constituyen obligaciones inseparables. Para Cecilia Santamaría, alcanzar justicia significa que las omisiones y negligencias tengan consecuencias y que la historia de Julián contribuya a evitar nuevas muertes bajo custodia estatal.
