lunes, 19 de octubre de 2026
Pozo de Vargas: desde las profundidades del horror, la memoria vence al olvido
A 50 años de perpetrados los peores crímenes de lesa humanidad, la ciencia, y la búsqueda de memoria, verdad y justicia descubren lo oculto.
En Tucumán, una antigua perforación de agua utilizada como fosa clandestina durante el terrorismo de Estado se convirtió en una prueba material de los crímenes de la dictadura. Las identificaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense restituyen identidades, reconstruyen historias y contribuyen a esclarecer el destino de las víctimas.
Ubicado en las cercanías de Tafí Viejo, el Pozo de Vargas tiene forma circular, unos tres metros de diámetro y entre 37 y 40 metros de profundidad. Fue construido a fines del siglo XIX para abastecer de agua a las locomotoras a vapor.
La identificación de Carlos Medina, estudiante universitario de 20 años secuestrado en abril de 1976, vuelve a poner en primer plano la magnitud de los crímenes cometidos por la última dictadura cívico-militar-eclesíastica y el trabajo científico que permite recuperar la identidad de las personas desaparecidas.
De acuerdo con lo informado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la identificación fue posible gracias al cotejo genético de los restos óseos recuperados y al aporte de muestras de ADN de sus dos hermanos. Las muestras fueron tomadas en el marco de un convenio de colaboración con la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán.
Medina vivía en San Miguel de Tucumán y fue secuestrado de su casa durante la madrugada del 15 de abril de 1976. En aquellos días también fueron secuestrados otros jóvenes que habían sido compañeros suyos de colegio. Sus restos fueron identificados recientemente en el Pozo de Vargas, donde desde hace años se desarrolla una compleja tarea de recuperación e identificación de víctimas del terrorismo de Estado.
Durante la dictadura, el lugar fue utilizado como fosa clandestina para ocultar los cuerpos de personas asesinadas por la represión ilegal. Su hallazgo permitió documentar una de las dimensiones más estremecedoras del sistema represivo: la desaparición de los cuerpos como parte del intento de borrar las huellas de los crímenes.
Según los datos informados por el EAAF, hasta el momento fueron identificadas 122 personas, cuyos restos forman parte de un conjunto correspondiente a un número mínimo de 149 individuos recuperados y representados genéticamente.
El Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, notificó a la familia de Medina sobre su identificación. Próximamente se concretarán la restitución de sus restos y la ceremonia correspondiente.
Cada identificación permite que una familia salga de décadas de incertidumbre y recupera una historia que el terrorismo de Estado intentó borrar. Pero también constituye un aporte fundamental a la memoria colectiva, porque frente a los discursos negacionistas que buscan relativizar los crímenes de la dictadura, las pruebas científicas y judiciales ratifican la existencia de un sistema represivo que secuestró, torturó, asesinó e hizo desaparecer personas.
La memoria no se construye sobre el olvido ni sobre la negación de los hechos, sino sobre la búsqueda de la verdad, el reconocimiento de las víctimas y la exigencia de justicia. En el Pozo de Vargas, cada identidad recuperada devuelve un nombre a la historia y reafirma el compromiso de una sociedad con el Nunca Más.
Allí donde se intentó ocultar para siempre a las víctimas, sus nombres vuelven a aparecer. Porque la memoria persiste, la verdad emerge y el negacionismo no puede borrar las huellas de los crímenes.
