Katopodis denunciará a Milei y Caputo por el abandono de obras hídricas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que denunciará penalmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de la normativa que regula los recursos destinados a la infraestructura hídrica. La presentación fue anticipada este lunes por el ministro bonaerense Gabriel Katopodis durante una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el titular de ARBA, Cristian Girard. La decisión se conoce mientras la Provincia prepara medidas preventivas ante las posibles consecuencias del fenómeno El Niño durante los próximos meses.

Según informó Katopodis, la denuncia atribuirá a funcionarios nacionales los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La presentación invocará los artículos 260, 248, 249, 264, 173 inciso 7 y 174 inciso 5 del Código Penal. Será la Justicia la encargada de determinar si los hechos denunciados configuran alguno de esos delitos y establecer las eventuales responsabilidades.

El cuestionamiento se concentra en el Fondo Hídrico de Infraestructura, que recibe el 4,31 por ciento de lo recaudado mediante el Impuesto a los Combustibles. Esos recursos deben financiar obras destinadas a prevenir inundaciones, mejorar el comportamiento de las cuencas y recuperar tierras productivas. “Vamos a denunciar penalmente a Milei y a Caputo por el incumplimiento de la ley y el abandono nacional en infraestructura hídrica”, afirmó Katopodis.

El funcionario sostuvo que, al finalizar el primer trimestre de 2026, el Fondo acumulaba $339.993 millones, de los cuales $290.676 millones —el 85,49 por ciento— fueron colocados en Letras del Tesoro. De acuerdo con los cálculos presentados por la Provincia, ese monto permitiría financiar 40 intervenciones equivalentes a la adecuación del cauce del río Areco. También alcanzaría para ocho obras similares a la segunda etapa de reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca o tres proyectos como el mejoramiento del tramo medio del río Luján.

Katopodis acusó además al Ministerio de Economía de utilizar créditos aprobados en 2023 para refinanciar deuda en lugar de destinarlos a la prevención de inundaciones. “Obras hídricas no, pero timba financiera sí”, cuestionó. También responsabilizó al Gobierno nacional por los daños que pudieran producirse en territorio bonaerense ante la paralización de los proyectos y la llegada de un período climático que genera preocupación en distintos municipios.

La Provincia señaló que la Nación continúa sin otorgar los avales necesarios para acceder a dos créditos internacionales ya aprobados para obras hidráulicas bonaerenses, pese a haber autorizado 18 préstamos destinados a otras diez provincias. Uno de los proyectos comprende un túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos complementarios en la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras. El otro corresponde a intervenciones en el Nodo Bragado y en las subregiones A2 y A3 de la cuenca del río Salado.

El ministro también anunció que el 26 de octubre participará de la audiencia pública convocada por la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Allí, la representación bonaerense impugnará el proceso, rechazará los aumentos tarifarios y exigirá un plan de expansión de las redes. Katopodis sostuvo que la transferencia de la empresa al sector privado agravaría las dificultades de acceso al agua potable y las cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las cifras presentadas por la Provincia indican que 3,7 millones de habitantes del AMBA —el 24,5 por ciento— no tienen acceso a la red de agua potable, mientras que 5,5 millones —el 36,4 por ciento— carecen de cloacas. En ese contexto, Katopodis afirmó que la eventual ganancia de los nuevos operadores y los aumentos tarifarios no garantizan la realización de obras. También defendió la administración pública de un recurso que consideró estratégico.

De acuerdo con la información oficial bonaerense, las tarifas de AySA aumentaron un 555 por ciento en términos nominales desde el comienzo de la gestión de Milei y la recaudación por ese concepto creció un 135 por ciento en términos reales. Durante el mismo período, la inversión en infraestructura se redujo un 75 por ciento en valores reales. Entre 2019 y 2023 la empresa finalizó 1.307 obras, mientras que las 273 que se encontraban en ejecución en diciembre de 2023 no registraban avance físico en mayo de 2026.

La denuncia anunciada y la intervención en la audiencia pública forman parte de una disputa más amplia entre la Nación y la Provincia por el financiamiento de la infraestructura. Katopodis vinculó la paralización de las obras con mayores riesgos para millones de bonaerenses y con la imposibilidad de extender servicios esenciales. “Nunca nadie dañó tanto a la provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei”, concluyó.