lunes, 19 de octubre de 2026

Faro Latinoamericano: Brasil define su rumbo bajo la ofensiva de Trump en la región
El balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se desarrollará en un escenario continental atravesado por la disputa entre derechos sociales, soberanía política y una renovada intervención estadounidense sobre los recursos estratégicos.
Brasil ingresó en la semana decisiva antes del balotaje presidencial del 25 de octubre, que enfrentará al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. La elección tendrá consecuencias que exceden las fronteras del país por el peso político y económico brasileño en América Latina. Mientras Lula busca movilizar a los más de 30 millones de ciudadanos que no participaron de la primera vuelta, Bolsonaro intenta recuperar para su familia el gobierno perdido después del intento golpista encabezado por su padre.
La campaña quedó atravesada por la aprobación de la reducción de la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales, sin disminución salarial. La reforma impulsada por Lula termina con el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso y representa una de las mayores conquistas laborales de los últimos años en la región. Flávio Bolsonaro, que se había manifestado contra la iniciativa, terminó votando a favor ante el amplio respaldo social alcanzado por la propuesta.
El Gobierno brasileño también anunció un programa de asistencia para 3,6 millones de pequeños empresarios, que incluye la condonación de deudas impositivas por más de 12.600 millones de reales. Con esas medidas, Lula busca reconstruir una mayoría alrededor de la ampliación de derechos, la intervención estatal y el fortalecimiento del mercado interno. El bolsonarismo, en cambio, conserva una importante representación parlamentaria y promete restaurar la orientación conservadora y neoliberal que caracterizó al gobierno anterior.
La disputa brasileña se produce mientras Estados Unidos profundiza su intervención política, militar y económica en la región. El Gobierno de Donald Trump reivindicó el control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo venezolano, después de la operación militar que capturó en Caracas a Nicolás Maduro y Cilia Flores y los trasladó a territorio estadounidense. Ambos rechazaron ante la Justicia norteamericana los nuevos cargos formulados en su contra y se declararon inocentes.
Desde Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez intenta sostener la estabilidad política y recuperar la producción mediante acuerdos petroleros y contactos con Washington. El Gobierno proyecta inversiones por cerca de 76.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, en un escenario marcado por la presencia estadounidense sobre uno de los mayores reservorios energéticos del planeta. La captura de Maduro y la apropiación declarada de los recursos venezolanos constituyen un precedente de extrema gravedad para la soberanía latinoamericana.
La ofensiva de Washington también alcanza a Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel denunció ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que el bloqueo limita el acceso de la isla a mercados, tecnología, financiamiento, combustible e insumos esenciales. El canciller Bruno Rodríguez acusó además al secretario de Estado Marco Rubio de presionar a distintos gobiernos para modificar su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Trump sumó a ese despliegue la amenaza de intensificar los ataques contra instalaciones vinculadas con el narcotráfico en América Latina. Aunque presentó la iniciativa como una cooperación con los gobiernos regionales, afirmó que Estados Unidos todavía no utilizó toda su capacidad terrestre y que la presión continuará aumentando. La doctrina de seguridad vuelve así a funcionar como argumento para ampliar la presencia militar norteamericana y condicionar la soberanía de los países latinoamericanos.
Frente a ese escenario, México exhibió los resultados de una política económica orientada a mejorar los ingresos y ampliar la protección social. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el país aportó el 60 por ciento de la reducción de la pobreza registrada en América Latina y el Caribe durante 2024, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La mandataria atribuyó ese desempeño al aumento del salario, los programas de bienestar y una mayor distribución de la riqueza.
La región también enfrentó durante la semana distintos eventos climáticos y emergencias. Un terremoto de gran magnitud afectó a más de 6.000 personas en Panamá, el huracán Simón provocó aludes, daños y una muerte en el estado mexicano de Guerrero y un temporal inundó calles y paralizó parte del transporte de Santiago de Chile. Estos episodios vuelven a mostrar la necesidad de Estados capaces de prevenir, asistir y reconstruir frente a fenómenos cada vez más intensos.
América Latina llega así a una nueva semana de definiciones entre dos proyectos contrapuestos. De un lado aparecen la ampliación de derechos laborales, la distribución del ingreso y la integración soberana; del otro, el avance de fuerzas ultraderechistas y una política estadounidense que vuelve a tratar los territorios y recursos regionales como piezas de su propia estrategia. El resultado brasileño será una decisión nacional, pero también modificará la correlación de fuerzas de todo el continente.






