viernes, 23 de octubre de 2026
Judiciales bonaerenses rechazaron el fallo que habilita la extranjerización de tierras
La AJB cuestionó que la Corte Suprema negara legitimación al CECIM La Plata para defender la soberanía territorial y advirtió sobre un precedente institucional peligroso.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 y dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras. La organización sindical advirtió que la decisión elimina restricciones destinadas a proteger el territorio nacional frente a su extranjerización. También cuestionó que el máximo tribunal negara legitimación al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) para promover una acción colectiva en defensa de la soberanía.
La resolución de la Corte desarticuló el pronunciamiento de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la aplicación del artículo incluido por el gobierno de Javier Milei en su decreto de desregulación económica. Al quedar vigente la derogación, desaparecen los límites que regulaban la concentración de tierras rurales en manos extranjeras. La decisión abre así una nueva etapa en una disputa que involucra el control territorial, el agua y otros bienes naturales estratégicos.
“Resulta especialmente grave que la Corte haya negado legitimación al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata para acudir a la Justicia mediante una acción colectiva en defensa de la soberanía territorial”, señaló la AJB. Para el gremio, quienes fueron enviados a defender la soberanía argentina en las islas no pueden ser deslegitimados cuando recurren a los tribunales frente a medidas que consideran contrarias a ese mismo principio. La definición del máximo tribunal restringe además la posibilidad de que organizaciones sociales impulsen reclamos colectivos vinculados con la protección del territorio.
Los trabajadores judiciales calificaron el fallo como “un antecedente institucional peligrosísimo”. Sostuvieron que la resolución desconoce la movilización popular expresada en diferentes puntos del país bajo la consigna “La Patria no se vende”. También recordaron que esa presión social se hizo sentir durante el tratamiento legislativo y contribuyó a retirar del debate en el Senado los artículos que buscaban flexibilizar la venta de tierras a extranjeros.
La Ley 26.737 había establecido límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y creado herramientas para conocer y controlar su distribución. Su derogación mediante el DNU 70/2023 formó parte de una ofensiva más amplia del Gobierno para eliminar regulaciones sobre recursos considerados estratégicos. Bajo el discurso de la libertad económica, la medida deja al territorio expuesto ante capitales cuya capacidad financiera supera ampliamente la de comunidades, pequeños productores y actores locales.
El pronunciamiento de la AJB se suma al rechazo de organizaciones sindicales, sociales y vinculadas con la defensa de la soberanía. La discusión excede la propiedad de una extensión determinada de tierra: involucra la capacidad del Estado argentino para establecer límites sobre su territorio y preservar bienes fundamentales para el desarrollo nacional. En ese sentido, la extranjerización no representa únicamente una operación comercial, sino también una pérdida concreta de soberanía.
“Las y los trabajadores judiciales reafirmamos la defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial y la protección de nuestros bienes comunes”, concluyó la organización. Frente a una Corte que cerró la vía judicial impulsada por los excombatientes, la AJB reclamó sostener la movilización social y política contra la entrega del territorio. La tierra argentina, remarcaron, no puede quedar subordinada a los intereses del capital extranjero.
