lunes, 28 de septiembre de 2026
La recesión se extiende por las provincias
Cierres industriales, despidos, comercios vacíos, falta de crédito y un creciente deterioro social conforman el mapa federal de una crisis que golpea a trabajadores, pymes y gobiernos locales.
La recesión y el derrumbe del mercado interno profundizan la crisis económica y social en distintas provincias argentinas, donde durante los últimos días se conocieron nuevos cierres industriales, despidos, atrasos salariales y dificultades crecientes para sostener comercios, viviendas y servicios comunitarios. Santa Fe, Misiones, Corrientes, Chaco y Entre Ríos exhiben diferentes expresiones de un mismo proceso, provocado por el ajuste del gobierno de Javier Milei, la apertura de las importaciones y la caída del poder adquisitivo. Lejos de la recuperación proclamada por la Casa Rosada, la economía real continúa destruyendo producción, trabajo y capacidades locales.
En Rosario, la multinacional Electrolux cerró su fábrica de electrodomésticos y despidió a alrededor de 200 trabajadores. La empresa dejará de producir en la Argentina y abastecerá el mercado nacional con artículos importados desde Brasil y China, después de atravesar varios meses de reducción de la actividad y retiros voluntarios. La Unión Obrera Metalúrgica convocó a una movilización ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para reclamar respuestas frente a una decisión que golpea al empleo industrial y consolida la sustitución de producción nacional por mercadería importada.
La crisis santafesina también alcanza a Celulosa Argentina, cuyos trabajadores cobraron solamente la mitad de los salarios correspondientes a agosto. Tras la intervención del Ministerio de Trabajo provincial, la empresa asumió el compromiso de completar el pago antes del 6 de octubre, aunque mantiene además deudas por el medio aguinaldo. La situación de ambas compañías refleja el deterioro de sectores productivos afectados simultáneamente por la caída de las ventas, el encarecimiento del financiamiento y una política económica nacional que privilegia la apertura comercial sobre la defensa del trabajo argentino.
En Misiones, el impacto se concentra especialmente en el comercio. El Centro de Empleados de Comercio informó que alrededor de 500 establecimientos cerraron en Posadas desde diciembre de 2023, con la pérdida estimada de unos cinco mil puestos laborales. El 99 por ciento de la actividad comercial local depende de la demanda interna, por lo que el aumento de los servicios básicos y la reducción de los ingresos familiares repercuten de manera inmediata sobre los mostradores, las pequeñas empresas y el empleo.
La provincia atraviesa, además, una grave emergencia en materia de salud mental. El Registro Provincial de la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio contabilizó 2.425 episodios entre septiembre de 2024 y junio de 2026: 823 situaciones de ideación, 1.353 intentos y 249 suicidios. Los números no pueden analizarse de manera aislada de una realidad atravesada por la pérdida del trabajo, el endeudamiento, la incertidumbre económica y el debilitamiento de las redes comunitarias.
La parálisis también afecta al sector forestoindustrial de Corrientes. Desde el Consorcio del Parque Foresto Industrial de Santa Rosa advirtieron que no existe demanda ni crédito y que las empresas trabajan con enormes dificultades. La baja de algunos indicadores inflacionarios no produjo una recuperación de la actividad porque el ajuste recayó sobre las pymes, los trabajadores y el consumo popular, mientras los instrumentos financieros necesarios para sostener la producción permanecen fuera del alcance de las pequeñas y medianas empresas.
En Chaco, casi uno de cada dos adjudicatarios de viviendas sociales se encuentra en mora y la provincia acumula un déficit de 67.500 hogares. Frente a esa necesidad, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda mantiene apenas unas 900 casas en ejecución y habilitó una moratoria para refinanciar cuotas impagas hasta en 30 años. La imposibilidad de pagar una vivienda social revela hasta qué punto la crisis de ingresos dejó de ser un problema coyuntural para convertirse en una amenaza directa contra derechos básicos.
Los municipios entrerrianos también advierten que se convirtieron en la primera línea de contención frente a la falta de respuestas de los gobiernos nacional y provincial. Intendentes de diferentes localidades analizaron las dificultades para sostener servicios y atender una demanda social creciente en un contexto de caída de la actividad y reducción de recursos. Cada cierre, cada despido y cada familia que deja de pagar una cuota termina repercutiendo sobre gobiernos locales que reciben más reclamos mientras cuentan con menos herramientas para responder.
El mapa federal desmiente, así, el relato de una estabilización económica separada de las condiciones de vida de la población. No existe recuperación cuando las fábricas cierran, las pymes carecen de crédito, los salarios se pagan en cuotas y miles de familias deben elegir qué obligación dejar de cumplir. La Argentina productiva necesita trabajo, consumo, financiamiento e intervención estatal; sin esas condiciones, el ajuste continuará extendiendo la recesión desde los grandes centros urbanos hasta cada provincia del país.
