lunes, 28 de septiembre de 2026
El caso De Marinis reabre el debate sobre el Régimen Penal Juvenil
La Casación porteña revocó el fallo que había declarado inconstitucional la aplicación de la nueva ley a un adolescente de 14 años, apartó a la jueza del expediente y ordenó que otro magistrado continúe la causa.
La Cámara de Casación porteña revocó la resolución de la jueza Laura De Marinis que había declarado inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. El tribunal también dejó sin efecto el sobreseimiento, apartó a la magistrada del expediente y ordenó sortear un nuevo juez para continuar el proceso. La decisión reabrió la discusión jurídica y política sobre la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad de punibilidad.
El fallo fue firmado por los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca. De Marinis había considerado que aplicar la nueva legislación al adolescente representaba una regresión en materia de derechos y garantías reconocidos a niños y adolescentes. La Casación rechazó ese criterio y dispuso que la causa continúe bajo la intervención de otro magistrado.
La decisión fue celebrada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien la definió como un “necesario freno al garantismo judicial”. “La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso”, escribió en sus redes sociales. Su ministro de Justicia, Gabino Tapia, ratificó además el pedido de juicio político contra De Marinis y sostuvo que espera que el jurado de enjuiciamiento determine que existió un incumplimiento de sus funciones.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también respaldó la revocación. La exministra de Seguridad calificó a De Marinis como “la jueza pro delincuentes de la Ciudad” y afirmó que la nueva legislación no permite que una magistrada seleccione qué normas aplicar según su ideología. “Las víctimas no eligieron ser víctimas. Quien comete un delito debe responder ante la Justicia”, sostuvo.
La controversia presenta dos planos diferentes. Por un lado, la discusión sobre la constitucionalidad y aplicación del Régimen Penal Juvenil, que corresponde revisar dentro de las instancias judiciales previstas. Por otro, el pedido de destitución de la magistrada, que trasladó el debate desde el contenido de su resolución hacia su continuidad en el cargo.
La Ley 27.801 redujo la edad de punibilidad y estableció un nuevo marco para la intervención penal sobre adolescentes. Sus impulsores sostienen que el régimen permite responder frente a delitos cometidos por menores de 16 años y atender los derechos de las víctimas. Los sectores que rechazan la reforma advierten que el endurecimiento penal no resuelve las causas sociales de la violencia y cuestionan el ingreso de adolescentes de 14 años al sistema punitivo.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman volvió a plantear esas objeciones durante una actividad realizada en Rosario. Allí cuestionó a los legisladores santafesinos que acompañaron el proyecto y afirmó que, en un contexto que limita las posibilidades de las nuevas generaciones, la respuesta elegida fue “mandarlos en cana”. También reclamó que se mantenga presente la responsabilidad política de quienes permitieron la aprobación de la ley.
La aplicación del régimen comienza en un contexto social atravesado por altos niveles de pobreza infantil. Según los últimos datos del INDEC, el 44,5 por ciento de los niños y adolescentes de hasta 14 años se encuentra bajo la línea de pobreza. Ese escenario forma parte de los argumentos de quienes reclaman que la discusión sobre seguridad incorpore políticas de educación, salud, contención comunitaria y protección integral.
La controversia tampoco elimina la necesidad de atender a las víctimas de los delitos. La discusión se concentra en determinar qué respuesta puede ofrecer el Estado cuando el acusado es un adolescente, qué finalidad debe tener la intervención penal y cuáles son los límites constitucionales de esa actuación. El nuevo régimen se encuentra ahora ante sus primeras disputas judiciales y los criterios que se establezcan condicionarán su aplicación en futuros expedientes.
La resolución de la Casación no cierra ese debate. La causa continuará con otro juez, mientras el pedido de juicio político contra De Marinis deberá tramitarse por los mecanismos institucionales correspondientes. La discusión de fondo seguirá enfrentando dos enfoques: el que prioriza ampliar la respuesta penal desde edades más tempranas y el que reclama abordar el delito juvenil mediante políticas integrales que combinen responsabilidad, prevención, reparación y reinserción.
