sábado, 26 de septiembre de 2026
Denuncian que Jorge Macri convirtió la seguridad en una campaña contra los barrios populares
Legisladores porteños de Fuerza por Buenos Aires repudiaron el operativo “Tormenta Negra” y denunciaron un despliegue policial desproporcionado que golpeó a trabajadores y familias sin ofrecer soluciones de fondo frente al delito.
El bloque de legisladores porteños de Fuerza por Buenos Aires repudió este viernes el operativo “Tormenta Negra”, desplegado por el Gobierno de Jorge Macri durante la noche del jueves en 15 barrios populares de la Ciudad. La fuerza política denunció que la intervención movilizó a más de 1.500 policías y agentes de distintas áreas estatales, pero obtuvo resultados que consideró insignificantes frente a la magnitud del dispositivo. También cuestionó que la gestión porteña utilice la seguridad como una campaña de comunicación basada en la estigmatización de quienes viven y trabajan en las villas.
El operativo se realizó de manera simultánea en los barrios 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, Ciudad Oculta, Villa 20, INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. Según la información difundida por el Gobierno porteño, se realizaron controles sobre personas y vehículos, inspecciones comerciales y el retiro de automóviles, basura y chatarra. La administración de Jorge Macri presentó la intervención como una política destinada a combatir el delito y “recuperar el orden”.
Fuerza por Buenos Aires sostuvo, en cambio, que “la verdadera tormenta negra es la que enfrentan todos los días miles de trabajadores y trabajadoras” que no consiguen empleo formal, deben recurrir a la venta callejera para subsistir o padecen la ausencia de políticas de vivienda, salud y educación. El comunicado también advirtió que el narcotráfico avanza mientras el Estado abandona progresivamente los barrios. Para el bloque opositor, el despliegue no ofreció ninguna respuesta estructural frente a esas condiciones sociales.
Las denuncias de los legisladores coinciden con el relevamiento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que registró episodios de violencia policial, disparos con balas de goma, uso de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y el retiro de pertenencias y herramientas de trabajo. El organismo señaló que en la Villa 21-24 fueron reprimidas personas en situación de calle que intentaban conservar sus colchones. También cuestionó la ausencia de organismos sociales durante una intervención en la que el Estado se presentó casi exclusivamente mediante sus fuerzas policiales.
Incluso existen diferencias en las cifras oficiales sobre los resultados del operativo. La información periodística inicial consignó 16 detenidos, mientras que el CELS señaló que el Gobierno porteño informó 17 y el Ministerio Público de la Defensa registró 13. Esa inconsistencia, sumada a la movilización de más de 1.500 efectivos y agentes, alimentó los cuestionamientos sobre la proporcionalidad, los controles institucionales y la verdadera finalidad del despliegue.
“Se golpea a quienes trabajan, se atemoriza a las familias y hasta se lesiona con balas de goma a mujeres que van a la Iglesia”, denunciaron los legisladores. Además, calificaron el operativo como una intervención millonaria caracterizada por la violencia policial que no modifica las condiciones de inseguridad existentes en los barrios. “El jefe de Gobierno tiene que dejar de gestionar la seguridad como una miserable campaña de comunicación”, reclamaron.
La denominada “Tormenta Negra” ya había sido desplegada en mayo con una modalidad semejante y una puesta comunicacional centrada en la exhibición de policías armados, controles masivos y detenciones. Organismos de derechos humanos cuestionan que estas políticas conviertan a los barrios populares en zonas de ocupación y asocien pobreza con delito. Mientras el Gobierno porteño promete “orden”, las denuncias muestran un Estado que abandona sus responsabilidades sociales y regresa únicamente con patrulleros, requisas y balas de goma.
