domingo, 20 de septiembre de 2026
Rossi denunció una trampa detrás del proyecto sobre Malvinas
El diputado de Unión por la Patria advirtió que Milei utiliza el endurecimiento de las sanciones contra la explotación ilegal de recursos para reformar por vía indirecta el sistema de Seguridad Nacional.
El exministro de Defensa y diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi calificó como “una trampa” el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el gobierno de Javier Milei envió esta semana al Congreso. La iniciativa aumenta las penas contra quienes exploten recursos naturales en Malvinas y el Atlántico Sur sin autorización argentina, pero también crea un nuevo Sistema de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente. Para Rossi, el Ejecutivo utiliza una reivindicación que genera un amplio consenso social y político para introducir una reforma institucional mucho más extensa.
“Pretenden modificar el sistema de Seguridad Nacional por vías indirectas”, advirtió el legislador. Rossi sostuvo que se trata de “una ley ómnibus” porque reúne materias diferentes dentro de una misma propuesta y obliga al Congreso a debatir conjuntamente medidas vinculadas con la explotación ilegal de recursos en Malvinas y una nueva estructura de coordinación política, militar y de inteligencia.
El proyecto reemplaza el régimen establecido por la Ley 26.659, sancionada en 2011, y agrava las sanciones contra empresas, accionistas y proveedores que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes sin autorización del Estado argentino. Entre otras medidas, contempla multas, prohibiciones para operar en el país, revocación de habilitaciones y pérdida de beneficios fiscales.
El Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá castigar a quienes explotan ilegítimamente los recursos naturales argentinos, generar incentivos para que abandonen esas actividades y otorgar al Estado nuevas herramientas frente a amenazas externas. La presentación oficial define el proyecto como un supuesto “avance legal sin precedentes” para la recuperación del territorio usurpado por el Reino Unido.
Sin embargo, el texto no se limita a modificar las sanciones relacionadas con Malvinas. También crea un Sistema de Seguridad Nacional conducido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y el titular de la Secretaría Legal y Técnica.
Ese organismo tendrá la responsabilidad de elaborar una Política de Seguridad Nacional y coordinar funciones diplomáticas, económicas, jurídicas, militares, cibernéticas y de inteligencia. También intervendrá en la protección de infraestructuras consideradas críticas y deberá diseñar respuestas frente a personas, organizaciones o Estados que puedan “atentar contra la integridad territorial de la República Argentina”.
Para Rossi, la inclusión de esa estructura dentro de una norma presentada públicamente como una herramienta para defender Malvinas busca condicionar el debate parlamentario. “Pretenden incorporar el Consejo de Seguridad Nacional en el marco del aumento de penas para las empresas que realicen actividades económicas con permiso en las Islas Malvinas”, explicó.
La advertencia del exministro no cuestiona la necesidad de sancionar a quienes explotan ilegalmente los bienes naturales argentinos, sino la decisión del Gobierno de incorporar dentro del mismo proyecto una modificación integral del sistema de Seguridad Nacional. Son dos discusiones con alcances institucionales diferentes que, por su importancia, deberían ser analizadas de manera separada y con controles parlamentarios precisos.
La defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur forma parte de una política soberana sostenida por el Estado argentino durante décadas. Utilizar ese consenso para introducir organismos, competencias y facultades que exceden la cuestión Malvinas puede transformar una causa nacional en el vehículo para aprobar cambios que el oficialismo tendría mayores dificultades para justificar por sí mismos.
El Congreso deberá resolver ahora si acepta el tratamiento conjunto propuesto por la Casa Rosada o si separa el endurecimiento de las sanciones contra la explotación ilegal de la reforma del sistema de Seguridad Nacional. La discusión no pasa únicamente por el nombre elegido para la ley, sino por el alcance concreto del poder que el proyecto pretende concentrar en manos del Presidente.
