viernes, 11 de septiembre de 2026
Excombatientes intimaron a Quirno a frenar la ruta marítima que abastecerá a Malvinas
El CECIM La Plata le dio 72 horas al canciller para presentar protestas diplomáticas, aplicar sanciones y bloquear el circuito logístico vinculado con el proyecto petrolero Sea Lion.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) intimó al canciller Pablo Quirno para que, en un plazo de 72 horas, adopte medidas contra la apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas, Chile, y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. La organización envió una carta documento en la que exige protestas diplomáticas ante Chile y el Reino Unido, la aplicación de sanciones y el bloqueo de las empresas involucradas. Los excombatientes advierten que el corredor abastecerá la ocupación británica y facilitará la explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
El acuerdo para poner en funcionamiento la ruta fue anunciado el 3 de septiembre por el Municipio de Punta Arenas, la empresa Easter Island Naviera y la Falkland Islands Development Corporation. Una delegación isleña tiene previsto visitar la ciudad chilena el 28 y 29 de septiembre, mientras que el primer viaje se realizaría durante noviembre. El alcalde Claudio Radonich adelantó que el buque navegará con “otra bandera”, una maniobra que, para el CECIM, intenta eludir las restricciones vigentes.
La organización señaló que el nuevo corredor no estará destinado únicamente al transporte de alimentos, vinos y repuestos. “Se trata del cordón umbilical logístico del proyecto Sea Lion/León Marino”, advirtió en la intimación. Ese emprendimiento busca extraer petróleo en aguas circundantes a las Islas Malvinas sin autorización de la República Argentina.
El reclamo coloca al canciller frente a las obligaciones establecidas por el Decreto 868/2026, publicado por el propio Gobierno de Javier Milei el 4 de septiembre. La norma designó a la Cancillería como autoridad de aplicación del régimen previsto por la Ley 26.659, que prohíbe prestar asistencia comercial, financiera, técnica o logística a quienes exploten hidrocarburos ilegalmente en la plataforma continental argentina. “Dicho sin eufemismos: el instrumento fue puesto sobre su escritorio hace cuatro días”, remarcó el CECIM.
Entre las medidas exigidas se encuentra la presentación de una protesta formal ante el Gobierno chileno para que cese cualquier colaboración con la explotación colonial y cumpla los compromisos regionales contra el ingreso de barcos con la bandera ilegal de las islas. Los excombatientes también reclaman una protesta diplomática ante el Reino Unido y la apertura de procedimientos sancionatorios contra Easter Island Naviera, Easter Island Logistics, la Falkland Islands Development Corporation y sus proveedores. Las posibles sanciones incluyen inhabilitaciones, pérdida de beneficios impositivos, prohibición de contratar con el Estado e incorporación a un registro público de infractores.
La intimación exige además que ningún puerto argentino preste servicios a la cadena logística denunciada y que la Prefectura Naval controle y deniegue la autorización a los buques que atraviesen aguas jurisdiccionales nacionales con destino a las islas. También reclama llevar el caso ante las Naciones Unidas, el Comité Especial de Descolonización, la CELAC, el Mercosur y los países integrantes de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. Quirno deberá informar públicamente el estado de cada una de esas gestiones.
El CECIM fundamentó su presentación en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la disputa de soberanía e instan a evitar modificaciones unilaterales y las leyes argentinas que protegen los recursos del Atlántico Sur. También invocó los compromisos asumidos por los países de la región para impedir el abastecimiento de la ocupación colonial británica. “La soberanía que no encarece el saqueo no lo detiene: lo subsidia”, sentenció la organización.
La carta documento concluye recordándole al canciller que aplicar la legislación vigente no constituye una decisión discrecional, sino una obligación derivada de su cargo. “Su deber no se agota en conocer la normativa, sino en aplicarla”, afirmaron los excombatientes. El texto cierra con una definición histórica: “Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina”.
