El 42% de las transferencias para bibliotecas populares quedó sin pagar en 2025

Al 31 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) mantenía pendientes de pago $1.245,9 millones, equivalentes al 42,01% de las transferencias devengadas durante el ejercicio. El dato surge de un informe elaborado por Bibliotecas Populares en Lucha, a partir de una respuesta oficial a un pedido de acceso a la información pública, sus anexos presupuestarios y otra documentación estatal. El trabajo no atribuye responsabilidades administrativas, contables o penales, pero identifica serios problemas de trazabilidad y numerosos puntos que todavía requieren explicaciones.

Los documentos analizados indican que el Fondo Especial para Bibliotecas Populares percibió aproximadamente $6.821,8 millones durante 2025. Sin embargo, el crédito vigente de la Fuente de Financiamiento 13 fue de $3.094,9 millones, mientras que las transferencias devengadas alcanzaron los $2.965,5 millones. De ese último monto, solo $1.719,6 millones figuraban como pagados al cierre del año.

El informe detectó además una diferencia de aproximadamente $3.726,9 millones entre los recursos recaudados y el crédito presupuestario vigente. La organización aclaró expresamente que esa brecha no puede considerarse, por sí sola, dinero desaparecido o desviado, ya que recaudación, crédito, devengado y pago representan diferentes etapas del circuito financiero. Lo que exige es una conciliación documental que permita determinar qué tratamiento recibieron esos recursos y cuál fue su destino durante 2025 y 2026.

El principal problema señalado es la imposibilidad de reconstruir todo el recorrido del dinero: desde su recaudación hasta su incorporación presupuestaria, distribución, devengamiento, pago y acreditación efectiva en cada biblioteca. Que una transferencia figure como devengada no significa que los fondos hayan llegado a la institución beneficiaria. Sin esa información, las bibliotecas y la ciudadanía no pueden ejercer un control integral sobre recursos que poseen una afectación específica.

También permanecen sin explicación suficiente los criterios utilizados para decidir qué instituciones recibieron aportes. La Ley 23.351 contempla variables como la categoría de cada biblioteca, las necesidades sociales de la zona, las carencias existentes y el esfuerzo realizado en la prestación de servicios. No obstante, la documentación entregada no contiene una matriz, fórmula, sistema de puntajes, orden de mérito ni una base completa de solicitantes que permita verificar cómo fueron aplicados esos parámetros.

Otro de los cuestionamientos institucionales se relaciona con la participación federal. La CONABIP reconoció que durante 2025 no se reunió la Junta Federal o Representativa, pese a que el artículo 13 de la Ley 23.351 establece la realización de al menos un encuentro anual. Para Bibliotecas Populares en Lucha, la ausencia del organismo limita la intervención de las instituciones y de las diferentes realidades provinciales en una política pública que debe tener alcance nacional.

La organización reclamó una trazabilidad completa de los recursos, información diferenciada sobre cada etapa de los pagos, criterios verificables de distribución y acceso a la documentación de auditoría. También pidió bases de datos abiertas y mecanismos efectivos de participación federal. La transparencia no consiste solamente en publicar grandes cifras, sino en permitir que cada comunidad pueda comprobar cuánto se recauda, cómo se distribuye y cuándo el dinero llega realmente a su biblioteca.

Las bibliotecas populares garantizan lectura, conectividad, formación, cultura y acceso a la información en cientos de comunidades del país. Conocer qué ocurrió con los recursos destinados a sostenerlas no es una discusión meramente contable. Es una cuestión de transparencia, federalismo y defensa de instituciones comunitarias fundamentales.

fondo-especial-2025-que-muestran-los-numeros-y-que-falta-explicar-20260902-220255