miércoles, 2 de septiembre de 2026
Los municipales bonaerenses salieron a las rutas
FeSiMuBo inició un plan de lucha provincial ante el deterioro salarial, la precarización laboral y la falta de convocatoria al Consejo del Empleo Municipal.
La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) inició el lunes 31 de agosto un plan de lucha “total, permanente y prolongado” con cortes en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas. La medida fue encabezada por su secretario general, Hernán Doval, y sindicatos de las regionales Centro y Conurbano Oeste. Los trabajadores reclaman aumentos salariales, el fin de las contrataciones precarias y la convocatoria del Consejo del Empleo Municipal prevista por la Ley 14.656.
El eje inmediato del conflicto es el derrumbe de los ingresos. FeSiMuBo denunció que existen municipios con salarios básicos cercanos a los 150 mil pesos y remuneraciones que no alcanzan a superar la línea de indigencia. La ausencia de una instancia provincial profundiza las diferencias entre los 135 distritos, donde trabajadores que realizan tareas semejantes reciben salarios y condiciones laborales completamente desiguales.
La organización también cuestionó la expansión de los monotributos, las becas y los pagos no remunerativos para cubrir funciones habituales de los municipios. Estas modalidades dejan a miles de trabajadores sin estabilidad, carrera administrativa ni acceso pleno a los derechos establecidos para el empleo público. Además, al evitar los aportes correspondientes, reducen los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
El tercer reclamo está dirigido al Ministerio de Trabajo bonaerense, al que FeSiMuBo exige que convoque de manera urgente al Consejo del Empleo Municipal. El organismo fue creado por el artículo 49 de la Ley 14.656 como un espacio consultivo integrado por representantes sindicales, municipales y provinciales. La norma establece que puede reunirse dos veces por año, con una primera convocatoria durante el primer trimestre, y coloca en la cartera laboral la responsabilidad de organizar su funcionamiento.
El Consejo no reemplaza las negociaciones paritarias que se desarrollan en cada municipio, pero permitiría elaborar pautas generales, reunir las escalas salariales de toda la provincia y producir estadísticas sobre el empleo municipal. También puede formular recomendaciones, intervenir en la interpretación de la ley y remitir información al IPS para mantener actualizados los cargos, servicios y haberes previsionales. Su puesta en marcha permitiría construir por primera vez un diagnóstico común sobre una realidad que hoy permanece fragmentada distrito por distrito.
La Ley 14.656 fue sancionada en 2014 y estableció un piso mínimo de derechos basado en la estabilidad, la negociación colectiva, la progresividad y la interpretación favorable al trabajador. Más de una década después, FeSiMuBo denuncia que uno de sus principales instrumentos continúa sin funcionar de manera efectiva. La Federación sostiene que el Ministerio viene demorando una convocatoria indispensable para abordar la crisis salarial y ordenar las relaciones laborales del sector.
La protesta contó con la participación de Juan Gambetta, de Marcos Paz; Santiago Vera, de Luján; Enrique Giacomozzi, de La Matanza; Cacho Sandoval, de Almirante Brown; Nélida Haye, de Esteban Echeverría; Juan Carlos López, de Ituzaingó; Tito Almarás, de General Rodríguez; Marcelo Cosme, de Moreno; Gustavo Sanz, de Morón; Evangelina Artaza, de Mercedes; y Daniel Suárez, de Cañuelas. También estuvieron presentes el secretario de Regionales de FeSiMuBo, Carlos Rodríguez, y la secretaria de Género de la Federación, Majo Lacoste.
Los cortes se realizaron sobre dos corredores centrales para la circulación productiva de la provincia y marcaron el paso de los reclamos locales a una protesta coordinada a escala bonaerense. La Federación anticipó que habrá nuevas acciones en diferentes municipios y que cada regional definirá las modalidades de intervención dentro de la estrategia común. El objetivo es sostener la presión hasta obtener respuestas concretas.
El conflicto interpela de manera directa a los intendentes, responsables de negociar los salarios en cada distrito, pero también al Gobierno provincial, que tiene la obligación legal de convocar al Consejo. Los municipales reclaman que la crisis deje de ser tratada como una suma de problemas aislados y se convierta en una política pública bonaerense. Con salarios que no garantizan la subsistencia y formas de contratación que debilitan el sistema previsional y sanitario, el corte de Cañuelas fue apenas el comienzo.
