viernes, 28 de agosto de 2026
H.I.J.O.S. alertó sobre una nueva puerta a la impunidad
La organización repudió la Acordada 21/2026 de la Corte Suprema y advirtió que podría facilitar prisiones domiciliarias para represores.
La Red Nacional de H.I.J.O.S. repudió la decisión de la Corte Suprema de encomendar la elaboración de un protocolo médico para evaluar el estado de salud de las personas detenidas y determinar si pueden recibir tratamiento dentro de los establecimientos penitenciarios. La organización advirtió que la medida podría favorecer a condenados por delitos de lesa humanidad.
La Acordada 21/2026 fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El texto otorga 30 días al Cuerpo Médico Forense para establecer criterios destinados a orientar a los magistrados que deben resolver pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud.
La resolución no concede ese beneficio de manera automática. Sin embargo, los informes elaborados bajo el nuevo protocolo podrán ser utilizados por los tribunales para evaluar si las condiciones de detención y las capacidades sanitarias de las cárceles resultan compatibles con las patologías de cada persona.
H.I.J.O.S. consideró que, “bajo la apariencia de un protocolo médico”, la Corte establece una herramienta que puede facilitar el acceso a la prisión domiciliaria de quienes participaron del plan sistemático de exterminio desplegado durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
“Es la misma Corte que intentó instalar el beneficio del 2×1 para los genocidas en 2017, durante el gobierno de Macri, y que logramos frenar con la movilización popular en todo el país”, recordó la organización.
La medida adquiere especial relevancia porque la mayoría de los detenidos por delitos de lesa humanidad ya cumple sus condenas fuera de establecimientos penitenciarios. De las 519 personas detenidas en estas causas, 440 se encuentran bajo arresto domiciliario, mientras solamente 79 permanecen alojadas en unidades penitenciarias.
La organización aclaró que el Estado debe garantizar el derecho a la salud de todas las personas privadas de su libertad, incluidos los responsables del terrorismo de Estado. Sin embargo, remarcó que los jueces cuentan con facultades para ordenar los tratamientos médicos necesarios sin convertir esa obligación en una vía hacia la impunidad.
H.I.J.O.S. también señaló que el paso del tiempo no elimina la responsabilidad penal por crímenes imprescriptibles. Los represores continúan sin aportar información sobre el destino de las personas desaparecidas ni sobre los niños y niñas apropiados durante la dictadura.
La Red reclamó al Poder Judicial que respete los tratados internacionales de Derechos Humanos y garantice el cumplimiento efectivo de las condenas. Además, convocó a la sociedad a mantenerse alerta y movilizada frente a cualquier retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
“No son viejitos buenos. El transcurso del tiempo no borra sus crímenes”, afirmó la organización, antes de reiterar una definición histórica de los organismos de Derechos Humanos: “El único lugar para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva”.
