jueves, 27 de agosto de 2026
Buenos Aires reclama gestionar dos corredores abandonados por Milei
Gabriel Katopodis pidió formalmente al Gobierno nacional la administración de la Autopista Presidente Perón y un tramo de la Ruta 33, dos trazas estratégicas para la producción bonaerense.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó formalmente a la Nación asumir la gestión y concesión de dos corredores viales que atraviesan su territorio. El pedido comprende el tramo habilitado de la Autopista Presidente Perón, entre los kilómetros 13,5 y 62,45, y el sector de la Ruta Nacional 33 que conecta la Ruta Provincial 65 con la Ruta Nacional 3. La presentación fue firmada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y dirigida al Ministerio de Economía.
La Provincia busca intervenir ante la falta de respuestas de la administración de Javier Milei sobre dos trazas fundamentales para la circulación, la producción y el transporte de mercancías. En el caso de la Autopista Presidente Perón, el reclamo comenzó el 29 de mayo de 2024, durante una reunión realizada en la Casa Rosada. “Eso fue dos jefes de Gabinete atrás de este Gobierno”, recordó Katopodis.
“No les interesa lo que suceda con 12 millones de bonaerenses que necesitan esa autopista”, cuestionó el funcionario. También acusó a la Casa Rosada de ignorar el impacto que la paralización de las obras provoca sobre las comunidades atravesadas por la traza. “Muy raro que quieran gobernar la provincia a la que perjudican todos los días”, agregó.
El planteo bonaerense se apoya en el artículo 10 del Decreto 253/2026, que permite a las provincias solicitar la delegación de facultades para administrar, reparar, ampliar, conservar y mantener corredores nacionales. El Gobierno de Milei ya concedió ese régimen a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Buenos Aires reclama recibir el mismo tratamiento que esas nueve jurisdicciones.
La administración de Axel Kicillof manifestó su disposición a suscribir los convenios necesarios con la Dirección Nacional de Vialidad y presentar un plan integral de intervención. También se comprometió a establecer el esquema de financiamiento y garantizar procesos de concesión transparentes, públicos y competitivos. La titularidad y la jurisdicción sobre los corredores continuarían perteneciendo al Estado nacional.
La Autopista Presidente Perón fue proyectada como el tercer anillo de circunvalación del área metropolitana y atraviesa doce municipios en los que viven alrededor de 12 millones de personas. Su finalización permitiría conectar el Acceso Oeste con la Autopista Buenos Aires-La Plata y reducir la circulación de vehículos de carga por zonas urbanas. La Ruta 33, por su parte, es una vía fundamental para la actividad agropecuaria, industrial y portuaria del sudoeste bonaerense.
La solicitud no implica que la Provincia abandone la demanda judicial iniciada contra el Estado nacional. En esa causa reclama que la Nación reactive, complete y habilite los tramos ejecutados de la Autopista Presidente Perón o transfiera la totalidad de la traza para que Buenos Aires pueda terminarla y administrarla. El pedido actual se concentra en la gestión del sector que ya se encuentra operativo.
La disputa expone dos concepciones enfrentadas sobre la infraestructura pública. Mientras Milei paraliza obras y se desentiende del mantenimiento de las rutas, la Provincia sostiene que las inversiones viales son indispensables para impulsar la producción, generar empleo y garantizar seguridad. Buenos Aires pide las herramientas para hacerse cargo de aquello que el Gobierno nacional decidió abandonar.
