martes, 8 de septiembre de 2026
El estado apunta a vender La Perla y otros Sitios Históricos
Organismos de derechos humanos denuncian un intento de despojar a la memoria histórica y avanzan con acciones judiciales para frenar la enajenación de sitios emblemáticos de la dictadura.
El Gobierno avanzó con un decreto que selecciona 309 terrenos para su venta, entre los que se encuentran sitios emblemáticos de la dictadura, como el centro clandestino de detención La Perla chica, en Córdoba. La medida, que abarca terrenos en distintas provincias, generó una fuerte reacción de los organismos de derechos humanos, que denuncian un intento de borrar la memoria histórica y avanzar con la enajenación de estos espacios. En las próximas horas se presentarán acciones judiciales para frenar la venta.
El 24 de octubre, se publicó el decreto 950, firmado por funcionarios de la actual administración, que detalla los terrenos a rematar. Según el Gobierno, la venta de tierras “ociosas” es necesaria ante la crisis económica del país. Sin embargo, la inclusión de terrenos vinculados a la memoria de la dictadura, como el caso de La Perla chica, ha generado una protesta generalizada.
La Perla chica, situada en la zona de Malagueño, Córdoba, fue parte del mayor campo de concentración del interior del país durante la dictadura. Allí se cometieron torturas y desapariciones forzadas. En 1984, los sobrevivientes la reconocieron como un anexo de La Perla. Hoy, está señalizada como sitio de memoria.
Para los organismos de derechos humanos, la venta de estos terrenos es un intento de «negar el terrorismo de Estado». “Rechazamos profundamente esta acción, que banaliza los crímenes de la dictadura”, expresó la Red Nacional de HIJOS Además, denunciaron que el exRegimiento de Infantería 9 (RI9) de Corrientes, otro centro de represión, también está en la mira de la venta.
En Córdoba, los defensores de la memoria han comenzado acciones legales para frenar la venta de La Perla chica. Julia Soulier, directora del espacio de memoria, confirmó que presentarán un recurso judicial con el apoyo de la justicia federal, el Ministerio de Desarrollo Humano y diversos organismos de derechos humanos. Estas tierras están bajo medidas cautelares, que prohíben su alteración mientras se sigan buscando restos de víctimas de la dictadura.
Este intento de venta sigue la línea de la gestión anterior, que también intentó disponer de terrenos vinculados a la represión, como el RI9. Los organismos de derechos humanos aseguraron que no cesarán hasta frenar la venta de estos sitios, que son testimonio irrefutable de la brutalidad del terrorismo de Estado.
