ADN Federal: recursos, trabajo y derechos en disputa

La Legislatura de Chubut aprobó el jueves un régimen de promoción de la economía del conocimiento que incluye centros de procesamiento de datos, en un debate atravesado por el destino de los recursos naturales y los beneficios a las empresas. La sanción se incorporó a una agenda provincial que esta semana también estuvo marcada por reclamos laborales en Entre Ríos, un paro universitario en Tucumán y dificultades del comercio santafesino. En Mendoza, los organismos de derechos humanos despidieron a María Assof de Domínguez, mientras Rosario conoció nuevas condenas por crímenes de la dictadura y Salta obtuvo un pronunciamiento judicial sobre su reforma electoral.

El proyecto chubutense establece herramientas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación, además de un fondo de fomento y un consejo asesor. Durante el debate, Juan Aquino, del Frente de Izquierda, cuestionó la incorporación de centros de datos y advirtió sobre el impacto ambiental, el uso de recursos y los beneficios económicos previstos. Desde Arriba Chubut también se objetaron aspectos del financiamiento y se propuso devolver la iniciativa a comisión. La diputada oficialista Andrea Aguilera defendió el régimen y sostuvo que deberá respetar la legislación ambiental, hídrica y de tierras fiscales.

La discusión sobre el desarrollo productivo convive con dificultades inmediatas para sostener la actividad comercial. En la ciudad de Santa Fe, el 81,3% de los establecimientos relevados por el Centro Comercial no consiguió superar la inflación interanual con su facturación de octubre. Un 37,5% informó una caída nominal y otro 43,8% registró aumentos inferiores a la suba de precios: facturar más pesos, en esos casos, no significó recuperar ventas en términos reales.

En Tucumán, el presidente de la Federación Económica provincial, Héctor Viñuales, describió un deterioro similar en la capacidad de los comercios para afrontar sus gastos. Según explicó, antes cubrían los costos fijos alrededor del día 20 y ahora deben trabajar hasta el 27 o 28 para alcanzarlos. El margen que queda para sostener el negocio se estrecha, con consecuencias sobre la cadena de pagos.

También en esa provincia, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán inició un paro que se extenderá hasta el miércoles 18. La organización reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la apertura de paritarias locales y el pago de deudas salariales. La medida incluye actividades de protesta y forma parte del conflicto por los recursos de la universidad pública y las condiciones de trabajo de sus docentes.

En Entre Ríos, extrabajadores de Granja Tres Arroyos volvieron a cortar la ruta frente al Monumento Urquiza, en Concepción del Uruguay. Reclaman el pago completo de las indemnizaciones, salarios y aguinaldos que denuncian adeudados desde hace aproximadamente siete meses. Los manifestantes rechazan propuestas que impliquen cobrar una parte de lo reclamado o aceptar pagos en cuotas después de años de servicio.

La provincia enfrenta además una emergencia en sus barrios ribereños. En Paraná, la creciente del río anegó viviendas y caminos de Bajada Grande y dejó sectores sin acceso terrestre. El secretario municipal de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, informó el miércoles que habían evacuado a quince familias y que otras personas se habían trasladado por sus propios medios. La asistencia incluye alimentos, atención sanitaria y recorridas por agua para llegar a quienes permanecen aislados.

En el ámbito judicial entrerriano, la Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua para Néstor Pavón en el nuevo juicio por el femicidio de Micaela García. La acusación lo considera coautor del crimen, mientras la defensa pidió su absolución. La sentencia se conocerá el 30 de noviembre, después de un debate acompañado por familiares y organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos.

En Rosario, el Tribunal Oral Federal N.º 2 dictó el veredicto de Saint Amant IV, por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Área Militar 132, en el norte bonaerense. Omar Andrada recibió prisión perpetua y otros seis acusados fueron condenados a penas de entre tres y seis años; Gregorio Florentino Mancilla fue absuelto. La querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense cuestionó la levedad de las penas y los beneficios domiciliarios e indicó que evaluará recurrir la resolución.

La agenda judicial santafesina también incluyó la confirmación en segunda instancia de la condena al muralista Andrés Iglesias por abuso sexual con acceso carnal contra su expareja. La alzada redujo la pena de siete años y medio a seis años y medio. Tras esa decisión, la Fiscalía pidió una audiencia para solicitar su prisión preventiva.

En Salta, la Corte de Justicia confirmó la constitucionalidad de la Ley 8535 de Participación Democrática. Los cuestionamientos alcanzaban, entre otros puntos, la acumulación de votos entre listas de un mismo frente y las condiciones territoriales para presentar candidaturas a gobernador. El tribunal sostuvo que la definición del régimen electoral corresponde a la Legislatura dentro de los límites constitucionales. Los planteos habían sido impulsados por Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón, Claudio Del Plá y Alejandro Patrón Costas.

Mendoza, finalmente, despidió a María Assof de Domínguez, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo. Su hijo Walter Domínguez y su nuera Gladys Castro, embarazada de seis meses, fueron secuestrados en Godoy Cruz en 1977 y continúan desaparecidos. María sostuvo la búsqueda hasta reencontrarse en 2015 con su nieta Claudia Domínguez Castro. Abuelas recordó que pudieron compartir once años y que Claudia continúa hoy la lucha por los derechos humanos en la provincia.