martes, 3 de noviembre de 2026
El derecho a informar no se negocia
La impunidad de los ataques contra periodistas compromete a toda la sociedad y exige discutir la responsabilidad de quienes convierten la palabra pública en una herramienta de intimidación.
Este 2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, nos encuentra ante una pregunta que excede a nuestro oficio: ¿qué posibilidades tiene una sociedad de decidir libremente si quienes investigan, preguntan y documentan deben hacerlo bajo amenaza? Cuando una agresión consigue que una cámara se apague, una fuente se retire o una investigación se abandone, el daño alcanza también a quienes se quedan sin esa información. Por eso esta fecha exige algo más que un homenaje a los colegas asesinados.
La UNESCO acaba de informar que seis de cada siete asesinatos de periodistas permanecen sin resolución judicial. Para las familias, esa impunidad prolonga la violencia y la incertidumbre. Para quienes ordenan o ejecutan los ataques, transmite una señal de tolerancia que los Estados tienen la obligación de desarmar mediante investigaciones, protección y justicia.
En la Argentina conocemos el peso de esa historia. Rodolfo Walsh denunció el terrorismo de Estado y la política económica de la dictadura; su asesinato y desaparición forman parte de una persecución que buscó destruir personas, organizaciones y testimonios. El crimen de José Luis Cabezas mostró, ya en democracia, hasta dónde podían llegar las tramas de poder que pretendían controlar qué se fotografiaba y qué podía conocerse.
Recordarlos supone reconocer las diferencias entre aquellos momentos y el presente, pero también asumir una responsabilidad: ninguna conquista democrática se conserva por inercia. La libertad de expresión necesita instituciones que la garanticen y una sociedad dispuesta a defenderla. Se debilita cuando empezamos a aceptar que ciertas personas merecen ser amenazadas por lo que publican.
Esa discusión tiene hoy un responsable institucional ineludible: Javier Milei. Los insultos y señalamientos presidenciales contra periodistas no son episodios privados ni comentarios de alguien ajeno al poder. Provienen del jefe de un Estado que debe garantizar nuestra seguridad y el derecho de la ciudadanía a recibir información, incluso cuando esa información incomoda al Gobierno.
FOPEA solicitó la intervención de la Relatoría Especial de Naciones Unidas ante la escalada de agresiones. Su monitoreo registró 278 casos en 2025 y advirtió que ese récord ya fue superado en 2026. La organización también alertó sobre el salto que implica identificar periodistas y recurrir, inmediatamente después, a imágenes de violencia física en el discurso presidencial.
Un funcionario puede cuestionar una cobertura, aportar documentos, exigir una rectificación o responder una pregunta con argumentos. Cuando utiliza la autoridad de su cargo para estigmatizar a quien informa, modifica las condiciones de esa discusión. La palabra presidencial tiene una capacidad de amplificación y de exposición que obliga a una responsabilidad mayor, especialmente frente a personas señaladas con nombre y apellido.
Como periodista y director de un medio, considero indispensable defender esa garantía también para colegas con quienes tengo diferencias profundas. La solidaridad profesional pierde sentido si depende de la coincidencia política. Podemos discutir líneas editoriales, intereses empresariales, errores y operaciones con toda la firmeza necesaria, sin concederle a ningún gobierno el derecho a intimidar a quienes trabajan en la prensa.
También debemos mirar las condiciones materiales en las que ejercemos el oficio. Un trabajador precarizado, un medio local sin recursos y una periodista que enfrenta sola una campaña de hostigamiento tienen menos herramientas para sostener una investigación y protegerse. La libertad de prensa requiere salarios, respaldo de las empresas periodísticas, organización sindical y mecanismos de protección que funcionen cuando aparece una amenaza.
Las agresiones en las coberturas callejeras vuelven tangible esa necesidad. El caso de Pablo Grillo, gravemente herido mientras trabajaba frente al Congreso, y las denuncias de SiPreBA, ARGRA y organismos internacionales exigen investigaciones y responsabilidades. Identificarse como prensa debe permitir ejercer una tarea protegida; las fuerzas de seguridad tienen la obligación de respetarla.
La dimensión internacional vuelve todavía más urgente esta discusión. En Gaza, el asesinato de periodistas y las restricciones al acceso de la prensa han sido documentados por el Comité para la Protección de los Periodistas. Cuando quienes viven y trabajan en el territorio son atacados y, al mismo tiempo, se impide el ingreso de otros reporteros, se reducen las posibilidades de conocer y verificar lo que ocurre.
La información que esos colegas consiguen producir tiene valor para las víctimas, para sus familias y para cualquier investigación posterior. Una fotografía, un nombre y un testimonio pueden impedir que un crimen desaparezca detrás de una versión oficial. Proteger a quienes los registran forma parte de la defensa de los derechos humanos.
Nuestro compromiso incluye, por supuesto, la obligación de verificar, corregir y responder por lo que publicamos. La independencia no nos exime del rigor: lo exige. Pero ninguna equivocación periodística habilita una amenaza, así como ninguna diferencia editorial convierte a un trabajador de prensa en un enemigo al que se pueda agredir.
La responsabilidad inmediata corresponde a quienes gobiernan, a quienes conducen las fuerzas de seguridad y a quienes deben investigar los delitos. Deben proteger a los amenazados, preservar las pruebas y perseguir tanto a los ejecutores como a los responsables intelectuales. Defender el derecho de los pueblos a estar informados requiere que esas obligaciones se cumplan, también cuando la información cuestiona al poder.
