domingo, 1 de noviembre de 2026

América Latina: Lula, el bloqueo a Cuba y las disputas por la soberanía
Esta semana, el informe de Faro Latinoamericano para ADN Populares analiza el nuevo escenario político regional, las tensiones con Washington y las denuncias por violaciones a los derechos humanos.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, una nueva condena de Naciones Unidas al bloqueo estadounidense contra Cuba y las tensiones por la soberanía de Venezuela marcaron la agenda latinoamericana de la última semana de octubre. Los acontecimientos se desarrollaron en un continente atravesado por el avance de las derechas, las disputas por los recursos estratégicos y las dificultades para consolidar mecanismos de integración regional. A ese escenario se sumaron conflictos sociales, denuncias por violaciones a los derechos humanos y decisiones gubernamentales de fuerte repercusión en México, Bolivia, Perú, El Salvador, Chile y Colombia.
En Brasil, Lula consiguió un nuevo mandato presidencial tras derrotar en segunda vuelta a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El resultado representó una derrota para la extrema derecha brasileña y aseguró la continuidad de un gobierno que mantiene la integración regional entre sus prioridades. La elección también confirmó la persistencia de una profunda polarización política, que continuará condicionando la gobernabilidad del país.
El desenlace provocó un nuevo enfrentamiento con el bolsonarismo. Flávio Bolsonaro desconoció inicialmente los resultados y difundió una carta en la que se proclamó presidente electo, pero fue desautorizado por el titular del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, quien reconoció la proclamación realizada por el Tribunal Superior Electoral. El presidente de ese organismo, Kássio Nunes Marques, rechazó las denuncias de fraude y aseguró que los comicios se desarrollaron conforme a las disposiciones legales y constitucionales.
La continuidad de Lula fortalece la posibilidad de impulsar acuerdos entre las principales economías latinoamericanas. En ese marco, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que ambos mandatarios realizarán visitas oficiales recíprocas para ampliar la cooperación bilateral y retomar proyectos conjuntos. El acercamiento entre Brasil y México adquiere particular importancia frente a las presiones comerciales y políticas de Estados Unidos sobre la región.
México también registró un conflicto con los transportistas de carga, que levantaron los bloqueos de rutas después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno para abrir negociaciones sobre inseguridad, impuestos y aumento de costos. La semana estuvo marcada, además, por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, histórico referente de la izquierda mexicana, fundador del Partido de la Revolución Democrática y protagonista de la democratización del país. Sheinbaum destacó su trayectoria y reivindicó su compromiso con una democracia construida desde la participación popular.
En Cuba, la Asamblea General de Naciones Unidas volvió a reclamar el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington. La resolución reunió 130 votos favorables, 17 contrarios y 25 abstenciones, mientras Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Costa Rica estuvieron entre los países que votaron en contra. El resultado volvió a poner de manifiesto el respaldo internacional al reclamo cubano, pese a las presiones diplomáticas estadounidenses.
El presidente Miguel Díaz-Canel agradeció el acompañamiento de los gobiernos que apoyaron la resolución y denunció el castigo colectivo que representa el bloqueo para la población. Durante el debate, el canciller Bruno Rodríguez protagonizó un fuerte enfrentamiento con el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, a quien acusó de mentir y actuar con prepotencia. La discusión estuvo atravesada por la crisis energética de la isla y las consecuencias de las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos.
Venezuela volvió a ocupar un lugar central en las disputas por la soberanía latinoamericana. La presidenta encargada Delcy Rodríguez exigió al Banco de Inglaterra la devolución de las reservas de oro venezolanas retenidas en Londres y dispuso nuevas gestiones diplomáticas y legales para recuperarlas. La controversia expresa un conflicto prolongado sobre el control de los activos nacionales y la utilización de mecanismos financieros internacionales como instrumentos de presión política.
Rodríguez también reorganizó la Cancillería mediante la designación de Oliver Blanco, dirigente vinculado con Acción Democrática, en reemplazo de Félix Plasencia. El cambio se produjo después de la intervención militar estadounidense de enero y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. En paralelo, Donald Trump reiteró sus pretensiones de anexar Venezuela a Estados Unidos, declaraciones que profundizaron los cuestionamientos sobre la política de Washington hacia el país sudamericano.
En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz anunció una inversión de 50 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo destinada a mejorar la formación docente y digitalizar el sistema educativo. La iniciativa se presentó mientras continuaban las protestas de maestros contra la descentralización de la educación. El conflicto refleja las tensiones entre las reformas gubernamentales y las demandas de los trabajadores del sector.
El país también enfrenta dificultades energéticas. La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, advirtió que la caída de la producción podría comprometer el abastecimiento interno de gas natural hacia 2029, mientras el Ejecutivo autorizó importaciones excepcionales. En materia diplomática, Bolivia confirmó próximas visitas de los presidentes de Paraguay y Uruguay para avanzar en acuerdos comerciales dentro del mecanismo de cooperación Urupabol.
En Perú, el archivo de la causa por las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori provocó un nuevo retroceso en la búsqueda de justicia. La investigación reunía denuncias de 4.172 víctimas y fue cerrada mediante una decisión fiscal sustentada en legislación impulsada por el fujimorismo. Las organizaciones de derechos humanos continúan reclamando responsabilidades por una política que afectó especialmente a mujeres pobres e indígenas.
La presidenta Keiko Fujimori, por su parte, elogió el modelo penitenciario de Nayib Bukele durante una visita a El Salvador. Su respaldo se produjo mientras organizaciones de derechos humanos denunciaban ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos torturas, golpizas y asfixia en las cárceles salvadoreñas. Cristosal documentó 454 muertes bajo custodia estatal y señaló que una amplia mayoría de las víctimas registradas no tenía vínculos con pandillas.
En Chile, el presidente José Kast reconoció que su gobierno cometió un error al conceder rebajas de penas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores y anunció medidas para impedir nuevos beneficios de esas características. La decisión abrió cuestionamientos sobre la protección de las víctimas y los criterios aplicados por las autoridades.
Colombia también registró episodios de violencia y controversias sobre seguridad. Una explosión en Cúcuta, cerca de la frontera venezolana, dejó cuatro policías heridos y motivó una recompensa para identificar a los responsables. En Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella propuso reforzar el control militar en sectores de Sumapaz y Usme para enfrentar la expansión de organizaciones criminales, una iniciativa que reabrió el debate sobre la militarización de la seguridad interior.






