ADN Federal: suspensiones industriales, despidos y reclamos por la salud pública

La última semana de octubre estuvo marcada por conflictos laborales, dificultades económicas y reclamos por el funcionamiento de servicios públicos en distintas provincias argentinas. La suspensión de casi 500 trabajadores de la fábrica de tractores Pauny en Córdoba, los 80 despidos en un frigorífico de Santa Fe y la protesta de productores bananeros de Formosa expusieron los problemas de sectores productivos diferentes. Al mismo tiempo, en Tucumán, Entre Ríos y Santa Fe se registraron conflictos vinculados con la educación, la salud y el acceso a medicamentos, mientras que los tribunales avanzaron en investigaciones y condenas por delitos de lesa humanidad en Chaco y Rosario.

En Córdoba, la fábrica de tractores Pauny suspendió a casi la totalidad de sus 500 trabajadores en medio de atrasos en el pago de las últimas dos quincenas y de aportes jubilatorios y de obra social. La Unión Obrera Metalúrgica rechazó la medida, pidió a los empleados que se presentaran a cumplir sus tareas y reclamó una audiencia urgente ante la Secretaría de Trabajo provincial. El conflicto afecta a una industria vinculada directamente con la producción agropecuaria y constituye una señal de las dificultades que atraviesa la actividad manufacturera.

También en Córdoba, el intendente de la capital provincial, Daniel Passerini, cuestionó la política económica del presidente Javier Milei y sostuvo que no será reelecto. En una entrevista con Gelatina, el dirigente de Hacemos Unidos por Córdoba describió un escenario de empresas y comercios que cierran por la caída de las ventas. «La actividad económica está absolutamente golpeada, y no vemos ninguna reacción del Gobierno nacional para revertir esa situación», afirmó.

En el plano político cordobés, el jefe del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, ratificó la continuidad del acuerdo electoral con el senador Luis Juez. La coalición llevará el nombre de Alianza La Libertad Avanza y resolverá su candidatura a gobernador una vez que Martín Llaryora anuncie el calendario electoral provincial. La confirmación se produjo durante el foro Córdoba en Perspectiva, organizado por una fundación de orientación libertaria.

Por otra parte, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, se refirió a la posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que el pontífice está entusiasmado con ese viaje. Al comparar su orientación con la de Francisco, señaló: «León no es Francisco, no tiene por qué serlo, pero en los temas esenciales le sigue el tranco». Rossi también cuestionó las guerras y las describió como una de las expresiones más miserables de la realidad internacional.

En Santa Fe, el frigorífico porcino Tutto Porky’s, de Reconquista, despidió a 80 trabajadores y suspendió un turno de faena. La empresa atribuyó la decisión a la situación económica y a una revisión de su plan de expansión. Los trabajadores desvinculados habían ingresado recientemente bajo contratos a prueba, una circunstancia que pone de relieve la vulnerabilidad de las incorporaciones laborales más recientes.

La provincia también enfrenta dificultades en la provisión de medicamentos esenciales. Según los datos difundidos sobre el programa nacional Remediar, la entrega de tratamientos gratuitos en Santa Fe cayó un 55%, desde más de dos millones hasta aproximadamente 900.000. La reducción afecta a los centros públicos de salud y motivó pedidos de explicaciones desde el Concejo Municipal de la capital provincial. El programa constituye una herramienta para facilitar el acceso a medicamentos de personas que dependen del sistema sanitario público.

La crecida del río Paraná sumó otra preocupación en territorio santafesino. En Colastiné Norte, Colastiné Sur y La Vuelta del Paraguayo, barrios de la capital provincial, el aumento del nivel del agua complicó los accesos y provocó que algunas familias se autoevacuaran. La situación también alcanzó a Monte Vera, donde las autoridades permanecían en alerta. El Instituto Nacional del Agua proyectó que el río podría llegar a 4,52 metros el 3 de noviembre, una previsión que obliga a mantener el seguimiento de las zonas ribereñas.

En materia de derechos y seguridad, el Concejo Municipal santafesino aprobó el protocolo «Preguntá por Ángela», destinado a prevenir situaciones de acoso y violencia en bares y locales nocturnos. La herramienta permitirá que una persona que se sienta amenazada solicite asistencia al personal mediante una frase clave, sin necesidad de explicar públicamente lo que ocurre. La Municipalidad deberá capacitar a los trabajadores de los establecimientos para implementar el procedimiento.

La Justicia santafesina investiga, además, la muerte de María Celeste Santillán, de 42 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado de la ciudad de Recreo. Dos hombres, de 40 y 33 años, fueron detenidos y quedaron a disposición judicial. La Fiscalía de Femicidios interviene para determinar las circunstancias del hecho y establecer las eventuales responsabilidades penales.

Rosario concentró varias novedades judiciales de relevancia nacional. Un exintegrante del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército fue procesado por su presunta participación necesaria en cinco homicidios cometidos durante el terrorismo de Estado. En la misma investigación, seis expolicías provinciales fueron procesados por la privación ilegal de la libertad de otras dos personas que permanecieron cautivas en el centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Policía provincial.

En otra causa vinculada con la última dictadura, el Juzgado Federal N.º 4 de Rosario citó a declaración indagatoria a tres exmilitares acusados de sustraer expedientes y pruebas relacionadas con delitos de lesa humanidad. La investigación se remonta a 1984, cuando desapareció documentación que se encontraba en el edificio de los Tribunales Provinciales. El expediente aborda hechos que podrían haber afectado la preservación de pruebas necesarias para reconstruir los crímenes del terrorismo de Estado.

También en Rosario, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó por mal desempeño al juez federal Gastón Salmain. El exmagistrado está procesado en una investigación por presuntos hechos de corrupción, entre ellos cohecho y asociación ilícita, vinculados con el supuesto cobro de sobornos para favorecer a un fideicomiso. La información disponible indica que cumple prisión preventiva domiciliaria con monitoreo electrónico.

En Entre Ríos, el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná quedó atravesado por un conflicto tras la renuncia de cuatro especialistas en otorrinolaringología. Los profesionales denunciaron persecución, hostigamiento y acoso por parte de autoridades sanitarias, además de cuestionar nuevas disposiciones de control horario. Las desvinculaciones generan preocupación por la continuidad de la atención pediátrica especializada, mientras se previó una reunión entre la dirección del hospital y los médicos para buscar una solución.

El sistema educativo entrerriano también registró dificultades. Trabajadores denunciaron que la plataforma informática del Consejo General de Educación permaneció cinco días fuera de servicio, con consecuencias para los concursos docentes, la tramitación de licencias médicas y los registros de estudiantes. El Colectivo de Trabajadores por la Ventana cuestionó la falta de respuestas oficiales y señaló los problemas que la interrupción provoca en la organización cotidiana de las escuelas.

En Puerto Yeruá, la renuncia del intendente Daniel Benítez abrió una nueva transición institucional. Tras su salida se conoció que no había cumplido las obligaciones derivadas de una condena por violencia laboral dictada en 2024: el pago del resarcimiento y la realización de un curso de género. La viceintendenta Liliana Sgüerzo asumirá la conducción municipal y, por segunda vez, deberá completar un mandato ajeno. Ya había ocupado ese lugar en 2018, cuando reemplazó a Fabián Cevey, condenado por corrupción.

La provincia fue escenario, además, de una nueva instancia judicial por el femicidio de Micaela García. Durante el juicio que se desarrolla en Gualeguay, su madre, Andrea Lescano, declaró sobre las consecuencias del asesinato en su salud y en la vida familiar, y relató cómo esa experiencia dio lugar a una lucha sostenida por los derechos de las víctimas. En el proceso se juzga nuevamente a Néstor Pavón por su presunta participación en el crimen cometido en 2017.

En Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán inició un paro previsto hasta el 3 de noviembre. La organización reclama una recomposición salarial, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para las universidades públicas. La medida se integra a un plan de lucha nacional frente al deterioro de los ingresos docentes y las restricciones presupuestarias que afectan al sistema universitario.

La situación económica tucumana también se refleja en el comercio y los hogares. José García, referente del Frente de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios, denunció que algunos establecimientos comenzaron a apagar sus heladeras para reducir el gasto eléctrico, con el consiguiente riesgo para la conservación de alimentos. También advirtió sobre el impacto de los aumentos tarifarios y la quita de subsidios en jubilados y familias de bajos ingresos.

Las dificultades para acceder a una vivienda alquilada constituyen otro aspecto de la crisis. Romina Gordillo, presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios, señaló que el estancamiento de los ingresos obliga a parejas jóvenes a buscar propiedades más económicas o regresar a la casa de sus padres. Según las referencias difundidas, los alquileres van desde 300.000 pesos mensuales por un monoambiente hasta 1.200.000 pesos por una vivienda de dos dormitorios.

A su vez, jubilados tucumanos realizaron una nueva movilización para denunciar deficiencias en la cobertura del PAMI y obstáculos para acceder a la atención médica. Los manifestantes advirtieron que sus haberes no alcanzan para afrontar gastos esenciales como alimentos y medicamentos. Muchos adultos mayores, señalaron, dependen de la ayuda económica de sus hijos para completar sus ingresos mensuales.

En Famaillá, la agenda tucumana también incluye una actividad de memoria y derechos humanos. La Escuelita, antiguo centro clandestino de detención de la última dictadura, participará de La Noche de los Museos con exposiciones de fotografía, poesía y arte, visitas guiadas, confección de pañuelos, bordado comunitario y música en vivo. La propuesta busca sostener la transmisión de la memoria histórica y acercar a nuevas generaciones la historia del terrorismo de Estado.

En Chaco, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a 14 años de prisión al exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni y a 13 años al exjefe penitenciario César Pablo Casco por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado, después de que ambos reconocieran su responsabilidad. El fallo representa un nuevo avance judicial en el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado.

En Formosa, productores de Laguna Naineck regalaron más de 3.000 kilos de bananas sobre la ruta nacional 86 para visibilizar la crisis que atraviesa el sector. La Federación Agraria advirtió que parte de la cosecha se pierde en las chacras porque los precios recibidos no permiten sostener los costos de producción. La protesta mostró la distancia entre el esfuerzo productivo y las condiciones de comercialización que enfrentan las economías regionales.

En Chubut, el gobernador Ignacio Torres propuso que la provincia asuma obras de reparación de sectores de las rutas nacionales 3 y 25 ante el deterioro de la infraestructura vial. El proyecto contempla una inversión superior a los 70.000 millones de pesos para recuperar 115 kilómetros, incluidos tramos que vinculan Trelew con Dolavon y accesos próximos a Comodoro Rivadavia. La iniciativa responde a la necesidad de mantener corredores utilizados por el transporte de pasajeros, la producción y la actividad comercial.

Finalmente, en Misiones, la CTA Autónoma y la Mesa Ecuménica convocaron a un plenario para el 4 de diciembre, al cumplirse veinte años de la Convención Constituyente que impidió la reelección indefinida impulsada por el entonces gobernador Carlos Rovira. Las organizaciones plantearon la necesidad de enfrentar el avance de expresiones de ultraderecha y rechazaron el negacionismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia y la violencia contra las mujeres. La convocatoria recupera un antecedente de participación política y debate institucional de la provincia.