miércoles, 28 de octubre de 2026

AySA propone aumentos para casi dos millones de hogares
AySA propone aumentos para casi dos millones de hogares
La Provincia rechazó la reforma tarifaria en la audiencia pública y cuestionó que las mayores facturas convivan con una caída de la inversión en agua y cloacas.
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) presentó en la audiencia pública del lunes 26 de octubre una propuesta que elevaría las facturas de casi dos millones de usuarios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El incremento promedio sería del 22,6% para el grupo alcanzado por las subas, aproximadamente el 60% de los hogares atendidos. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, rechazó el esquema y denunció la paralización de obras necesarias para ampliar el acceso al servicio.
La discusión fue convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para evaluar cambios en los coeficientes zonales, factores que intervienen en el cálculo de las tarifas según la ubicación de los inmuebles. Para quienes pagarían más, la factura mensual promedio pasaría de 29.116 a 35.710 pesos. Son importes sin impuestos y calculados a valores de septiembre de 2026: no representan el monto definitivo de las futuras boletas ni incluyen las actualizaciones posteriores.
El impacto no sería igual para todos los usuarios. Según las proyecciones de la empresa, alrededor de otro 20% tendría reducciones y el grupo restante mantendría sus valores por efecto de esta modificación. Al considerar conjuntamente aumentos, bajas y casos sin cambios, la variación promedio del universo residencial sería del 11,4%.
La reforma también contempla eliminar gradualmente el descuento del 15% para quienes dejen de integrar el segmento beneficiado. La propuesta prevé reducir esa bonificación al 10% durante el primer mes, al 5% en el segundo y retirarla en el tercero. Para las adecuaciones zonales que corresponda aplicar, establece un límite mensual acumulativo del 5% sobre los cargos alcanzados, que no equivale a un techo general para cualquier variación de la factura.
AySA propone destinar los ingresos excedentes al Programa de Tarifa Social. Esa finalidad forma parte del planteo sometido a evaluación y no constituye, por sí misma, una garantía sobre su implementación. La audiencia tampoco aprobó automáticamente los cambios: el ERAS debe resolver y fundamentar cómo consideró las opiniones recibidas.
Katopodis intervino en representación del gobierno de Axel Kicillof y vinculó el rechazo tarifario con su cuestionamiento a la privatización impulsada por la administración de Javier Milei. «El gobierno nacional decidió rematar AySA y hacer que sean los usuarios de 26 municipios bonaerenses y CABA quienes paguen las consecuencias», afirmó. También cuestionó la venta de una empresa que, según sostuvo, alcanzó el equilibrio con el esfuerzo de sus usuarios.
El ministro contrapuso los incrementos acumulados con la evolución de la inversión. Según el informe difundido por su cartera, las tarifas aumentaron un 555% nominal en los últimos tres años y la recaudación por el servicio creció un 135% en términos reales. En ese mismo balance, la Provincia señaló una caída real del 75% en los recursos destinados a obras de agua y saneamiento.
El relevamiento bonaerense indicó que en diciembre de 2023 había 273 obras en ejecución y que, a mayo de 2026, ninguna registraba avance físico. También sostuvo que el gobierno nacional no había iniciado nuevos proyectos hasta ese corte. Como antecedente, consignó que entre 2019 y 2023 AySA terminó 1.307 intervenciones para mejorar y extender las prestaciones.
La disputa por las facturas alcanza, así, una cuestión que excede el costo mensual del servicio: qué inversiones se realizan para quienes todavía no tienen acceso a las redes. El informe provincial estimó en 3,7 millones las personas sin agua de red y en 5,5 millones las que carecen de cloacas en el AMBA. Esas cifras corresponden al déficit de cobertura señalado por la Provincia y sitúan la ampliación de la infraestructura entre los asuntos centrales que la discusión tarifaria debe responder.






