jueves, 22 de octubre de 2026
“Chino básico”: Argentina sin ley
La persecución a los trabajadores del subte y el cierre de la causa por el préstamo del FMI exponen una Justicia severa con quienes protestan y permisiva frente al poder económico.
Dos acontecimientos ocurridos con pocos días de diferencia permiten observar una misma degradación institucional. Mientras la Policía de la Ciudad detuvo a dirigentes sindicales por participar de una protesta en el subte, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el archivo de la causa que investigaba el préstamo de 57.100 millones de dólares acordado con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Oscar “el Chino” Martínez Zemborain analiza ambos episodios en la segunda entrega de Chino básico y propone una definición inquietante: “Argentina sin ley”.
La primera escena se desarrolló en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. Trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro realizaban una apertura de molinetes en el marco de un conflicto laboral cuando intervino la Policía porteña. Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia fueron detenidos y permanecieron privados de su libertad durante aproximadamente cinco horas.
La respuesta de los metrodelegados fue un paro que interrumpió las seis líneas y el Premetro hasta que recuperaron la libertad. La medida no surgió de una decisión arbitraria destinada a perjudicar a los pasajeros, sino de la detención de representantes gremiales que participaban de una protesta laboral. La secuencia volvió a colocar en discusión la utilización de las fuerzas de seguridad para resolver conflictos que deberían canalizarse mediante la negociación colectiva.
Martínez Zemborain vincula ese procedimiento con un clima político que busca convertir la protesta en delito. El DNU 70/2023, presentado por Javier Milei apenas iniciado su gobierno, intentó modificar numerosos aspectos de la legislación argentina y avanzó sobre derechos laborales mediante una herramienta excepcional. “Se les pretende aplicar una ley que no es ley: es un decreto que modifica la ley y condiciona absolutamente todo, con absoluta impunidad”, sostiene el columnista.
La protesta sindical está reconocida por la Constitución Nacional y forma parte del ejercicio colectivo del derecho a defender condiciones de trabajo. La intervención policial contra dirigentes gremiales no puede analizarse como un episodio aislado cuando el Gobierno nacional promueve restricciones al derecho de huelga y el gobierno de Jorge Macri responde con uniformados y esposas. “Optó por mandar a la Policía a detener a los dirigentes gremiales”, advierte el Chino.
El segundo episodio se produjo en los tribunales federales. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el archivo de la investigación sobre el acuerdo firmado con el FMI en 2018, después de que el fiscal Raúl Pleé desistiera de sostener el recurso presentado contra el cierre del expediente. La decisión benefició a Mauricio Macri, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Nicolás Dujovne y otros exfuncionarios involucrados en la negociación y ejecución del mayor préstamo concedido por el organismo internacional.
La causa debía establecer si existieron delitos en el proceso mediante el cual el gobierno de Cambiemos contrajo una deuda que comprometió durante décadas los recursos nacionales. También buscaba determinar el destino de las divisas y su relación con la fuga de capitales. El cierre del expediente impidió que esas cuestiones llegaran a una instancia de debate capaz de establecer responsabilidades penales.
El préstamo no puede reducirse a una controversia entre escuelas económicas. Sus consecuencias condicionaron la soberanía argentina, sometieron la política económica a las exigencias del Fondo y trasladaron a las mayorías populares el costo de una deuda cuyos dólares no se tradujeron en desarrollo, infraestructura ni mejoras en las condiciones de vida. “El gobierno de Macri decidió endeudar inconsultamente a toda la sociedad en 57 mil millones de dólares, una cuestión que todavía estamos pagando con mucho dolor”, afirma Martínez Zemborain.
El columnista también cuestiona la actuación de Pleé y su decisión de retirar el impulso fiscal cuando la causa había llegado a Casación. La determinación cerró la última vía para revisar el archivo y consolidó una impunidad que contrasta con la velocidad desplegada para detener trabajadores durante una medida gremial. En un caso, el aparato estatal actuó de inmediato; en el otro, una investigación sobre el endeudamiento más gravoso de la historia argentina terminó clausurada sin juicio.
Esa desigualdad constituye el núcleo político de Argentina sin ley. No se trata de que la Argentina carezca formalmente de normas, tribunales o procedimientos, sino de que su aplicación cambia según quién resulte alcanzado. Para los trabajadores que levantan molinetes existen policías, detenciones y causas; para quienes comprometieron al país con una deuda extraordinaria aparecen archivos, desistimientos y expedientes cerrados.
El problema tampoco comienza con estos dos hechos. El megacanje durante el gobierno de Fernando de la Rúa, la convertibilidad y los sucesivos ciclos de endeudamiento demostraron que las decisiones capaces de hipotecar el futuro colectivo rara vez encuentran responsables en los tribunales. Las consecuencias, sin embargo, permanecen en el deterioro de los salarios, la pérdida de derechos y la subordinación de la política nacional a los acreedores.
Martínez Zemborain coloca así dos noticias aparentemente separadas dentro de una misma estructura de poder. La criminalización de la protesta y la impunidad del endeudamiento no son anomalías independientes: constituyen expresiones de una legalidad que disciplina hacia abajo y protege hacia arriba. Cuando la Justicia persigue a quienes defienden sus derechos y renuncia a investigar a quienes comprometieron la soberanía nacional, la igualdad ante la ley deja de ser una garantía y se convierte en una ficción.
La segunda entrega de Chino básico invita a mirar el funcionamiento concreto de las instituciones y no solamente sus declaraciones formales. El interrogante ya no es si existen leyes, sino a quiénes se aplican, contra quiénes se utilizan y quiénes pueden eludir sus consecuencias. El video completo de Oscar Martínez Zemborain acompaña esta columna en ADN Populares.
