miércoles, 21 de octubre de 2026
Colombia: denuncian represión y retrocesos en derechos bajo el gobierno de De la Espriella
Desde Bogotá, el periodista colombiano Sergio Contreras cuestionó el despliegue policial en el Museo Nacional y advirtió sobre presuntos recortes sociales y amenazas a los avances alcanzados con el acuerdo de paz.
El periodista colombiano Sergio Contreras, en un informe enviado desde el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, a ADN Populares, denunció la presencia de fuerzas policiales en el establecimiento y cuestionó las políticas atribuidas al gobierno de Abelardo de la Espriella, a dos meses de su presunta asunción presidencial. Contreras vinculó el operativo de seguridad con una política de represión contra organizaciones sociales y culturales, y alertó sobre supuestos recortes presupuestarios que afectarían a las regiones y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a partir del acuerdo firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP.
El testimonio, registrado en las instalaciones del Museo Nacional, describe un escenario de creciente conflictividad entre las autoridades y organizaciones populares, ambientales y territoriales. Según Contreras, el despliegue policial se produjo mientras docentes y profesionales de distintas disciplinas participaban de actividades vinculadas con la memoria histórica y las luchas sociales. Sin embargo, la presencia de efectivos no permite establecer por sí sola que se hayan producido hechos de represión, por lo que esa denuncia requiere información adicional.
Uno de los principales cuestionamientos del informe está relacionado con la política de memoria histórica. El periodista sostuvo que se estarían retirando del Museo Nacional elementos vinculados con las luchas políticas y sociales de Colombia, entre ellas las experiencias de resistencia de las diversidades sexuales y la persecución sufrida por integrantes de la Unión Patriótica. Esta última constituye uno de los casos más graves de violencia política en la historia contemporánea colombiana, reconocido en investigaciones judiciales y de derechos humanos.
El informe también denuncia presiones sobre comunidades rurales y territoriales que, durante la presidencia de Gustavo Petro, habían sido beneficiarias de políticas de protección y acceso a la tierra. Contreras atribuyó esas situaciones a la actuación de fuerzas militares y estructuras armadas ilegales, aunque no aportó en su declaración información específica que permita establecer responsabilidades institucionales en los episodios mencionados.
En materia económica, el periodista cuestionó la presunta aprobación del Presupuesto General de la Nación y afirmó que se habrían reducido las transferencias destinadas a las regiones, la inversión social y los recursos de la justicia transicional. La denuncia reviste especial importancia por el papel que desempeña la JEP en la investigación de los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, pero los montos, porcentajes y modificaciones presupuestarias mencionados no pudieron establecerse a partir del testimonio.
La Jurisdicción Especial para la Paz surgió del acuerdo de paz de 2016 como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su función comprende el esclarecimiento y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado. Su continuidad institucional y su financiamiento constituyen cuestiones relevantes para las víctimas y para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado colombiano.
Contreras situó sus denuncias en un contexto latinoamericano más amplio y expresó preocupación por el avance de movimientos de extrema derecha en distintos países. También convocó a fortalecer los vínculos entre organizaciones sociales, sindicales, ambientales y comunitarias de la región, aunque sus apreciaciones sobre los gobiernos y dirigentes mencionados constituyen posicionamientos políticos que deben distinguirse de los hechos documentados.
La comunicación concluyó con una descripción de las actividades educativas desarrolladas en el Museo Nacional y de la organización de sectores sociales que cuestionan las políticas gubernamentales. Las denuncias sobre represión, modificaciones en las exhibiciones y recortes presupuestarios requieren contrastarse con documentación oficial, testimonios adicionales y registros de las organizaciones involucradas para determinar su alcance.
