lunes, 19 de octubre de 2026
Los 30.000 de Milei: cuando una cifra de la memoria se convierte en una cifra de la sospecha
Hay cifras que no son solamente números. Hay cifras que condensan una historia, una disputa política, una memoria colectiva. En la Argentina, 30.000 es una de ellas.
Durante décadas, “30.000” nombró a los desaparecidos del terrorismo de Estado. Fue una cifra que seguramente es mucho mayor, construida desde la resistencia de los organismos de derechos humanos, cuando todavía la dictadura estaba en el poder y hacer una denuncia podía significar poner en riesgo la propia vida. Una cifra que, precisamente porque la maquinaria represiva había sido clandestina. Muchas familias, muchas víctimas nunca hicieron la denuncia de su secuestro y cautiverio.
Ahora Javier Milei vuelve a poner el número 30.000 en el centro de la escena. Pero lo hace desplazando radicalmente su significado.
Según afirmó el Presidente, su gobierno expulsó 10.000 “terroristas” durante 2025 y otros 20.000 durante 2026: 30.000 en total. Los describió como personas que se “infiltran” desde otros países para “dinamitar el modelo argentino”.
El problema es que los números oficiales disponibles no dicen eso.
Los registros del Ministerio de Seguridad contabilizan, hasta agosto de 2026, 744 expulsiones y 18.947 “incidentes de entrada”. Estos últimos no son personas deportadas: son personas a las que se les impidió ingresar al país por diferentes razones legales o administrativas. Dentro de ese universo aparecen 8.008 casos encuadrados como infracciones migratorias, 6.298 por falta de documentación habilitante y 4.566 por impedimentos judiciales, entre otras categorías. En ninguna de esas estadísticas oficiales aparece una categoría denominada “terroristas”. Cifras. Dato duro.
Hay, además, un dato particularmente significativo. En agosto, el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, había señalado ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia que no se había registrado una amenaza terrorista concreta contra la Argentina.
Una nueva utilización de los 30.000 que no se trata solamente de una discusión aritmética.
Durante la campaña presidencial de 2023, Milei ya había cuestionado explícitamente la cifra de 30.000 desaparecidos. Sostuvo que habían sido 8.753 y definió los años setenta como una “guerra” en la que las fuerzas del Estado habían cometido “excesos”, al tiempo que responsabilizó a las organizaciones armadas por asesinatos, torturas y atentados.
En 2024, el Gobierno volvió a expresar esa mirada a través del video oficial “Memoria, Verdad y Justicia Completa”, difundido el 24 de marzo, que cuestionó la cifra de 30.000 y reivindicó una lectura de los años setenta centrada también en la violencia de las organizaciones armadas.
Ahora aparece el mismo número, pero asociado a otra palabra: terroristas.
Primero se cuestiona el “30.000” de los desaparecidos. Después se utiliza “30.000” para nombrar a supuestos terroristas expulsados del país.
Una cifra que durante décadas fue pronunciada para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado aparece así incorporada a un relato sobre seguridad, fronteras, infiltración y enemigos del modelo económico.
Las palabras construyen sujetos. “Desaparecidos” nombra a quienes fueron secuestrados por un Estado terrorista, genocida con complicidades civiles y eclesiásticas. Hombre y mujeres arrancados de sus casas, llevados a centros clandestinos de detención, torturados y asesinados. Bebés apropiados y con identidades cambiadas. Terroristas, en cambio, es presentado ahora como una categoría que permitiría identificar a quienes supuestamente llegan desde otros países para atacar un determinado proyecto político y económico.
No hay equivalencia posible.
La primera expresión pertenece a una historia de víctimas, familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos que durante décadas reclamaron memoria verdad y justicia. La segunda aparece como parte de una narrativa contemporánea de seguridad y control migratorio en consonancia a los tiempos que corren.
El Estado terrorista hizo desaparecer personas para que no hubiera cuerpos, nombres ni registros. Los organismos de derechos humanos hicieron exactamente lo contrario: mantener la memoria del periodo más sangriento de nuestra historia contemporánea. 30 mil no es un número más: es el recordatorio de un pasado al que nunca más debemos volver.
