Del Plá cuestionó el giro de la Corte y reclamó anular todo el DNU 70/23

La diputada nacional Romina Del Plá, del Partido Obrero-Frente de Izquierda, cuestionó este viernes 9 de octubre la decisión de la Corte Suprema de restablecer provisoriamente la vigencia de la Ley de Tierras y ratificó la convocatoria a movilizarse al Congreso el próximo jueves 15. La legisladora sostuvo que el cambio de criterio del máximo tribunal responde al rechazo social provocado por su resolución anterior y advirtió que la medida cautelar no modifica la vigencia del resto del DNU 70/2023, cuya anulación reclama en la Cámara de Diputados.

“El temor frente a la movilización y el repudio popular al fallo hace que la Corte retroceda y restituya la vigencia de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar interina”, afirmó Del Plá. La dirigente interpretó que la nueva resolución judicial busca contener el conflicto político abierto por la derogación de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La Corte Suprema suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La decisión fue adoptada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. La medida tiene carácter provisional y permanecerá vigente hasta que el Juzgado Federal de Bariloche examine la legitimación de los demandantes y su solicitud cautelar.

El pronunciamiento se produjo diez días después de que el máximo tribunal dejara sin efecto una medida judicial que protegía la vigencia de la Ley de Tierras, en una causa promovida por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. En aquella oportunidad, la Corte rechazó la legitimación de la entidad para impulsar el reclamo, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogación. La nueva resolución responde a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, vinculada con la protección ambiental y los derechos de comunidades indígenas.

Para Del Plá, la restitución provisoria de la legislación no debe interpretarse como una solución definitiva. “Este volantazo de la Corte Suprema de Justicia también tiene como objetivo sostener a Milei y defender el resto del DNU 70/23, que la sesión opositora del 15 debe tratar”, sostuvo. La afirmación expresa la interpretación política de la legisladora sobre los efectos de la decisión judicial, que formalmente se limita a suspender una disposición específica del decreto.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellas un límite general del 15 por ciento y condiciones particulares para determinadas superficies y zonas del territorio nacional. Su derogación mediante el decreto presidencial de diciembre de 2023 eliminó esas limitaciones y dio lugar a diferentes presentaciones judiciales. La cautelar dictada este viernes restablece temporalmente las restricciones, pero no resuelve la cuestión constitucional de fondo.

El DNU 70/2023 fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, aunque continúa vigente porque la Cámara de Diputados no lo rechazó. De acuerdo con el régimen establecido por la Ley 26.122, el rechazo de ambas cámaras es necesario para dejar sin efecto un decreto de necesidad y urgencia. Esa situación mantiene abierta la disputa parlamentaria sobre una norma que introdujo modificaciones en numerosos aspectos de la legislación económica, laboral y administrativa.

En ese contexto, Del Plá insistió en que la movilización prevista para el 15 de octubre debe sostenerse más allá de la resolución de la Corte. “Más que nunca hay que redoblar la movilización popular convocada para el 15/10, por todos los reclamos y para que Diputados de una vez por todas anule por completo ese decreto nefasto”, expresó.

La convocatoria contará con la participación de organizaciones sindicales y sociales, entre ellas la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que anunciaron una jornada con cese de actividades y abandono de tareas. La protesta reunirá reclamos vinculados con la educación pública, la emergencia en discapacidad y la soberanía nacional, mientras la oposición buscará avanzar en el tratamiento legislativo del DNU 70/2023.