ATE Capital convocó a un plenario contra el nuevo plan de retiros en el Estado

ATE Capital se declaró en estado de alerta y convocó a un plenario de delegadas y delegados ante el proyecto de decreto que prepara el Gobierno nacional para implementar un nuevo régimen de retiros voluntarios en la administración pública. La iniciativa alcanzaría al personal civil de planta permanente de la administración central y de los organismos desconcentrados, mientras que la inscripción comenzaría durante noviembre. El sindicato conducido por Daniel Catalano advirtió que la medida forma parte del plan de reducción del Estado ejecutado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

El proyecto todavía se encuentra en trámite y, según la información conocida por ATE, podría comprender a 21.187 trabajadores, aunque el Gobierno estima inicialmente alrededor de 2.187 adhesiones. Quienes acepten el retiro quedarían inhabilitados durante ocho años para volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional, incluso mediante contratos, cargos políticos o asesorías. Además, las vacantes liberadas no podrían cubrirse durante al menos dos años.

El esquema estaría dirigido a tres grupos de trabajadores. El primero comprende a quienes ya reúnen la edad y los aportes necesarios para jubilarse; el segundo, a quienes alcanzaron la edad requerida, pero todavía necesitan completar contribuciones; y el tercero, a trabajadores más jóvenes o con menor antigüedad, para quienes la salida implicaría una indemnización sin acceso inmediato al sistema previsional.

ATE Capital cuestionó especialmente que la gratificación contemple un máximo de 18 años de antigüedad. De esa manera, una persona que haya desarrollado una carrera de 25 o 30 años en el Estado recibiría el mismo reconocimiento que otra con 18. La adhesión supondría, además, la desvinculación definitiva y la imposibilidad de regresar durante un período sensiblemente mayor al establecido en planes anteriores.

La organización gremial señaló que el Gobierno presenta el retiro como una decisión individual, pero lo impulsa en un contexto marcado por el deterioro salarial, la incertidumbre laboral y la reducción sostenida de organismos y áreas estatales. Desde noviembre de 2023, la administración pública y las empresas del Estado perdieron más de 74 mil puestos de trabajo. Para el sindicato, esas condiciones convierten la supuesta voluntariedad en una herramienta de presión sobre las y los trabajadores.

“Lejos de tratarse de medidas aisladas, forman parte de una decisión política que descarga el peso del ajuste sobre las y los trabajadores mientras sostiene los privilegios de los sectores de poder”, afirmó Catalano. El secretario general de ATE Capital sostuvo que, bajo el discurso de la modernización y la reducción del gasto público, el Gobierno profundiza un modelo que deteriora las condiciones de vida de las mayorías y favorece a los grupos económicos concentrados.

El gremio vinculó la iniciativa con los retiros aplicados durante la década de 1990 en empresas y organismos públicos sometidos a procesos de privatización, concesión o disolución. Ferrocarriles, Entel, YPF, Correo Argentino y Vialidad estuvieron entre las áreas alcanzadas por aquellas políticas. La reducción de personal fue entonces una etapa previa o complementaria del desmantelamiento de capacidades estratégicas del Estado.

Frente a ese antecedente y a las condiciones conocidas del proyecto, ATE Capital convocó a fortalecer la organización colectiva y preparar una respuesta gremial. El plenario deberá analizar el alcance de la iniciativa y definir las medidas necesarias para defender los puestos de trabajo. Para el sindicato, la discusión no se limita a las condiciones económicas de una desvinculación: también involucra la continuidad de las políticas públicas y las funciones que el Estado debe garantizar.