La Blunda denunció una política sistemática de violencia institucional en la Ciudad

El legislador porteño Andrés La Blunda denunció una política sistemática de violencia institucional del gobierno de Jorge Macri durante una entrevista con Sesión Especial, el programa de ATE Legislatura por Radio Germán Abdala, luego de la audiencia pública realizada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por los operativos Tormenta Negra. El encuentro reunió a más de 200 vecinos, referentes políticos y organismos de derechos humanos, que expusieron testimonios y registros sobre la represión desplegada en barrios populares. Frente a esas denuncias, La Blunda presentó iniciativas para fortalecer la actuación judicial, garantizar la representación legal de las víctimas y exigir explicaciones políticas a los funcionarios responsables.

Los operativos cuestionados fueron impulsados contra vendedores ambulantes, migrantes, personas sin acceso a una vivienda y habitantes de barrios populares. Según explicó La Blunda, el despliegue policial fue desproporcionado y estuvo acompañado por detenciones, desalojos administrativos y agresiones con balas de goma. “Lo que hicieron es contrario a la Constitución de la Ciudad, que establece que la respuesta del Estado debe ser primero social y no punitiva”, sostuvo.

Durante la audiencia, los vecinos relataron los episodios que atravesaron y exhibieron imágenes de la actuación policial. Entre esos testimonios estuvieron los de Lidia, quien mostró lesiones producidas por disparos de goma, y Leonardo, que sufrió una fractura en el hombro durante el procedimiento. Para La Blunda, los hechos demuestran que el discurso oficial contra determinados sectores sociales se convirtió durante 2026 en una práctica concreta de persecución: “Fascismo es odio hecho política”, sintetizó.

La convocatoria también contó con la participación del diputado nacional y exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; representantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, entre ellos su secretario ejecutivo, Alan Iud; e integrantes del mecanismo local de prevención de la tortura, cuyo secretario ejecutivo es Ezequiel Paulucci. La Blunda explicó que los testimonios reunidos permitirán producir información institucional y remitirla a organismos judiciales, fiscalías y defensorías. El objetivo es que las denuncias no queden reducidas a declaraciones públicas y puedan convertirse en investigaciones concretas sobre las responsabilidades de quienes ordenaron y ejecutaron los procedimientos.

En ese marco, el legislador presentó un proyecto para crear por ley una fiscalía especializada en violencia institucional, con autoridades seleccionadas mediante concurso y la obligación de informar anualmente cuántas causas recibe, cuántas archiva y cuántas llegan a juicio o concluyen con condenas. También propuso establecer un servicio gratuito de patrocinio jurídico para las víctimas a través del Ministerio Público de la Defensa, retomando una iniciativa impulsada anteriormente por la diputada Claudia Neira. Ambas medidas buscan terminar con una situación recurrente: que las personas afectadas por la violencia estatal deban enfrentar solas procedimientos complejos y que sus denuncias no avancen.

La Blunda reclamó, además, la interpelación de los responsables de los ministerios de Seguridad y de Espacio Público, las dos áreas que participaron de los operativos. Exigió conocer quién ordenó las detenciones y los disparos, bajo qué intervención judicial actuaron las fuerzas, qué fiscal autorizó el procedimiento y cuáles fueron las imputaciones contra las doce personas detenidas. “En principio hay silencio, y si hay silencio hay complicidad”, afirmó al referirse a los bloques opositores que todavía no confirmaron si aportarán los votos necesarios para convocar a los funcionarios.

El legislador también cuestionó la utilización de despliegues espectaculares con fines comunicacionales y sostuvo que la seguridad democrática exige que la Policía actúe dentro de la ley y de los protocolos establecidos. “Ley y orden. Le decimos nosotros a Macri: ordenate, porque estás desordenando la vida de los porteños”, señaló. Para La Blunda, el Gobierno porteño intenta exhibir autoridad mediante operativos destinados a la prensa, mientras evita responder por las decisiones políticas y operativas que los hicieron posibles.

La avanzada punitiva, advirtió, también incluye el ataque contra la jueza Laura De Marinis por priorizar la protección integral de un adolescente próximo a cumplir 14 años involucrado en un intento de robo. La Blunda consideró que el hostigamiento oficial contra la magistrada constituye una presión sobre la independencia judicial y recordó que presentó un proyecto de repudio. También rechazó las reformas que buscan convertir a las autoridades escolares en denunciantes de posibles delitos, porque reemplazan la tarea pedagógica y comunitaria por una lógica de sospecha y delación.

Para el legislador, los operativos no pueden separarse del abandono de las políticas habitacionales y de integración sociourbana. Señaló que el Instituto de Vivienda de la Ciudad atraviesa uno de los presupuestos más bajos de su historia y acusó a Jorge Macri de incumplir el mandato constitucional de integrar los barrios populares. Frente a una crisis marcada por la caída de los ingresos, el endeudamiento familiar y las dificultades para acceder a una vivienda, sostuvo que el Estado responde castigando a quienes padecen sus consecuencias.

La Blunda llamó finalmente a no naturalizar la violencia institucional ni la construcción de enemigos internos mediante discursos que estigmatizan y deshumanizan. La audiencia pública, con el Salón San Martín colmado, fue presentada como un primer paso para transformar los testimonios en acciones legislativas, judiciales y políticas. “Hay que denunciar, movilizarse y no permitir que el odio se convierta en una forma aceptada de gobernar”, concluyó.