martes, 29 de septiembre de 2026
ATE advierte que el ajuste amenaza la integración de los barrios populares
El sindicato acompañará la presentación de un proyecto de emergencia respaldado por más de 140 diputados, mientras el Gobierno nacional reduce el financiamiento, mantiene paralizadas 671 obras y evalúa la dotación de las áreas estatales responsables de ejecutarlas.
ATE Capital, a través de la Junta Interna y el Cuerpo de Delegades de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y SISU, advirtió que el ajuste del Gobierno nacional pone en riesgo el financiamiento, las obras y la estructura estatal necesarias para sostener las políticas de integración sociourbana. El sindicato acompañará este miércoles 30 de septiembre, a las 10, la presentación del proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares, que se realizará en la sede de Cáritas Argentina, ubicada en Balcarce 236 de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa será presentada por la Mesa Nacional de Barrios Populares y cuenta con el respaldo de más de 140 diputadas y diputados pertenecientes a 12 bloques.
Desde la organización sindical señalaron que distintos hechos están ocurriendo simultáneamente y deben analizarse como parte de una misma política. Mientras el Gobierno busca trasladar el financiamiento de la integración sociourbana, también evalúa la productividad y la dotación del personal de las áreas encargadas de ejecutar esas políticas públicas. Para ATE, no solamente se encuentran en peligro los recursos y la continuidad de las obras, sino también las capacidades que el Estado necesita para llevarlas adelante.
El proyecto que se presentará en Cáritas propone garantizar diez años de financiamiento, entre 2027 y 2036, mediante una asignación presupuestaria progresiva vinculada al Producto Bruto Interno. Durante el primer año se destinaría el equivalente al 0,0375 por ciento del PBI y luego los recursos aumentarían de manera gradual. La iniciativa busca establecer previsibilidad y evitar que la continuidad de las políticas destinadas a los barrios populares dependa de decisiones discrecionales de cada gobierno.
La advertencia de ATE se produce frente a un deterioro acelerado de las políticas de integración sociourbana. Según los datos difundidos por la Mesa Nacional de Barrios Populares, que coinciden con la información manejada por los trabajadores de las áreas estatales involucradas, más de cinco millones de personas viven en los 6.467 barrios registrados en el RENABAP. Entre ellas se encuentran alrededor de 1,7 millones de niñas y niños que padecen las consecuencias de la falta de agua potable, cloacas, electricidad segura, conectividad e infraestructura urbana.
La paralización de las obras muestra la magnitud del retroceso. Actualmente se encuentran detenidos 671 proyectos de agua, cloacas y conectividad distribuidos en 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que representa el 84,3 por ciento de las intervenciones que estaban en ejecución. La suspensión afecta directamente a las comunidades y también a los equipos técnicos y administrativos que fueron conformados para planificar, controlar y desarrollar esas políticas.
El ajuste también se refleja en la ejecución presupuestaria destinada a la integración sociourbana. De acuerdo con la información presentada por la Mesa, los recursos ejecutados pasaron de 171.863 millones de pesos en 2023 a apenas 3.336 millones en 2026. La reducción dejó sin continuidad obras esenciales y amenaza con desarticular las áreas del Estado que deberían garantizar su reanudación.
ATE Infraestructura, Hábitat, Vivienda y SISU respaldó el proyecto de emergencia como una respuesta frente al desfinanciamiento y reclamó que la discusión no quede limitada a una partida presupuestaria. El sindicato sostiene que garantizar el derecho a un hábitat digno requiere recursos, continuidad de las obras y trabajadores estatales con capacidad para ejecutar y controlar las intervenciones. La conferencia de este miércoles buscará trasladar ese reclamo al Congreso y convertirlo en una política sostenida durante la próxima década.
