lunes, 28 de septiembre de 2026
Milei niega la recesión mientras la economía real se derrumba
El Presidente descalificó los indicadores que contradicen su relato, pero bancos, consultoras y estadísticas oficiales anticipan una nueva contracción, mayor pobreza y más dificultades para los sectores vinculados al mercado interno.
Javier Milei negó que la Argentina atraviese una recesión y aseguró que la actividad, el consumo y las exportaciones se encuentran en niveles máximos, durante una entrevista televisiva emitida el domingo por la noche. Sus afirmaciones chocan con las previsiones del JP Morgan, el aumento del riesgo país, el cierre de fábricas y comercios y la pérdida de poder adquisitivo que atraviesa a millones de familias. Frente a datos que cuestionan su política económica, el Presidente eligió negar su validez antes que explicar el deterioro productivo, laboral y social.
“No hay recesión”, afirmó Milei ante Luis Majul, y sostuvo que los indicadores de actividad “están arrojando cualquier cosa”. También negó que exista un problema de empleo, aseguró que su gobierno creó más de 500 mil puestos de trabajo y rechazó las advertencias sobre la precarización laboral. “Trabajo es trabajo. Decir que se uberizó el trabajo es una chantada”, respondió sin diferenciar entre empleo registrado, informalidad, monotributo forzado o tareas sin derechos laborales.
El diagnóstico presidencial fue desmentido incluso por sectores del sistema financiero internacional. El JP Morgan anticipó una recesión durante el tercer trimestre y redujo del 2,7 al 1,5 por ciento su pronóstico de crecimiento para 2026, después de la caída de la actividad registrada en julio. La entidad advirtió que las dificultades continuarán especialmente en los sectores vinculados al mercado interno, afectados por una demanda persistentemente débil.
El riesgo país cerró el viernes en 609 puntos básicos, después de alcanzar los 628 durante la jornada. El indicador aumentó un 5,4 por ciento en un solo día y acumuló diez ruedas consecutivas en alza. Milei atribuyó esa situación al viaje de Axel Kicillof a Nueva York, aunque evitó relacionarla con el debilitamiento de la economía, las dudas sobre la capacidad de pago y la creciente dependencia del financiamiento externo.
Mientras el Presidente celebra una supuesta estabilización, el Estado continúa destinando recursos al Fondo Monetario Internacional. El Gobierno pagó 795 millones de dólares al organismo y las reservas del Banco Central retrocedieron hasta los 48.245 millones. Antes de finalizar el año, la Argentina deberá afrontar nuevos vencimientos por aproximadamente 1.200 millones de dólares, mientras la inversión pública, los salarios y las políticas sociales siguen sujetos al ajuste.
El Presupuesto 2027 reconoce la magnitud del abandono de la infraestructura nacional. De 2.339 obras públicas, 1.683 fueron dadas de baja o se encuentran en proceso de rescisión, otras 457 fueron transferidas o están siendo traspasadas a provincias y municipios y solamente 199 permanecen bajo responsabilidad nacional. La inversión en infraestructura se encuentra cerca de un 80 por ciento por debajo de 2023 y los recortes afectan viviendas, rutas, autopistas, agua potable y saneamiento.
La contracción también aparece en el consumo cotidiano. YPF aumentó nuevamente las naftas y el gasoil, mientras el combustible acumula siete meses consecutivos de caída en sus ventas y llenar un tanque puede superar los 100 mil pesos. El encarecimiento del transporte repercute sobre las familias y también sobre los costos de producción, logística y comercialización de las pequeñas y medianas empresas.
Los indicadores sociales exponen otra dimensión del deterioro. Una medición de Equilibra estimó que la pobreza alcanzó al 44,9 por ciento durante el primer semestre de 2026, frente al 32,3 por ciento informado oficialmente por el INDEC. La diferencia surge de utilizar una canasta actualizada y contemplar ingresos no declarados en las encuestas, pero ambos registros advierten sobre millones de personas cuyos recursos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
En los barrios populares porteños, siete de cada diez hogares se encuentran endeudados. Entre quienes solicitaron préstamos, el 72,5 por ciento utilizó el dinero para comprar alimentos, el 52,8 por ciento lo destinó a cancelar otras deudas y el 66,2 por ciento acumula pagos atrasados. El crédito dejó de financiar proyectos o consumos extraordinarios y se convirtió en una herramienta para sobrevivir y postergar obligaciones que los ingresos ya no permiten afrontar.
El discurso oficial separa deliberadamente la macroeconomía de la vida cotidiana. Presenta como éxito la desaceleración inflacionaria, pero omite el costo productivo, laboral y social utilizado para alcanzarla; niega la recesión mientras cierran fábricas y desconoce la crisis del empleo mientras crecen la informalidad y la precarización. Ninguna estadística puede considerarse favorable cuando las familias se endeudan para comer, las empresas dejan de producir y el Estado abandona las obras necesarias para el desarrollo.
Milei puede descalificar los indicadores y responsabilizar a sus adversarios, pero no puede ocultar indefinidamente las consecuencias de su programa económico. La estabilidad financiera construida sobre la destrucción del mercado interno, la paralización de la obra pública y la pérdida de ingresos no constituye una recuperación. La economía real se derrumba detrás de un relato presidencial que necesita negar la recesión porque reconocerla implicaría admitir el fracaso de su propio modelo.
