El laberinto del peronismo: unidad para qué y con quiénes

El peronismo lleva meses buscando la forma de ordenar su laberinto. Axel Kicillof profundiza su construcción nacional, el kirchnerismo sostiene la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa fortalece su armado y los gobernadores comienzan a ocupar posiciones frente a una discusión que ya tiene a 2027 como horizonte. Las conversaciones avanzan, aparecen fotografías de unidad y se ensayan acercamientos, pero todavía no existe un acuerdo sobre el rumbo común, las fronteras políticas de esa unidad ni el mecanismo que deberá legitimar su conducción.

Que el peronismo pretenda volver al poder no constituye ninguna novedad: es un movimiento con vocación de gobierno y, aun en sus derrotas, siempre ha discutido las condiciones para recuperarlo. El verdadero interrogante es cómo pretende volver, para hacer qué y sobre qué acuerdos políticos y programáticos piensa construir un nuevo gobierno. Porque recuperar una mayoría electoral y construir una fuerza capaz de transformar nuevamente la Argentina son problemas relacionados, pero no son la misma cosa.

La tensión entre el axelismo y el kirchnerismo ocupa buena parte de esa escena. Kicillof avanza con el Movimiento Derecho al Futuro y su construcción nacional mientras el kirchnerismo discute los límites de esa autonomía respecto del liderazgo de Cristina. La disputa es legítima, pero obliga a formular una pregunta incómoda: ¿por qué el grado de autonomía de Kicillof respecto de Cristina parece generar por momentos una discusión más intensa que la relación con dirigentes cuyos espacios acompañaron políticas estructurales de Javier Milei?

La situación de Cristina, además, excede cualquier interna. Su condena constituye un caso de lawfare e impedirle competir electoralmente a una de las principales dirigentes de la oposición deteriora seriamente la democracia argentina. Juristas como Eugenio Raúl Zaffaroni y Andrés Gil Domínguez cuestionaron públicamente el proceso y la valoración de las pruebas, aunque la Justicia sostuvo una conclusión contraria y la Corte dejó firme en 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Defender la libertad de Cristina y sus derechos políticos no significa resolver quién debe conducir el próximo gobierno peronista. Son discusiones diferentes. Cristina, Kicillof, Massa o cualquier dirigente que pretenda conducir el movimiento debería poder someter su propuesta y su liderazgo a la voluntad de quienes integran ese espacio político.

El problema aparece cuando, mientras esa disputa consume semejante energía, se reconstruyen vínculos con gobernadores cuyos espacios colaboraron parlamentariamente con el Gobierno. Osvaldo Jaldo es probablemente el ejemplo más evidente: en 2024 los tres diputados tucumanos del bloque Independencia acompañaron la Ley Bases y el gobernador defendió públicamente esa decisión. El RIGI mostró comportamientos similares en otros sectores provenientes del peronismo y permitió avanzar con un régimen que entrega soberanía y recursos estratégicos mediante privilegios extraordinarios para los grandes capitales.

Carolina Moisés sintetizó mejor que nadie el dilema. “Voté en contra de la Ley Bases por convicción, y a favor del RIGI porque le conviene a Jujuy y a todo el noroeste argentino”, explicó después de aquella sesión. El argumento puede comprenderse desde la representación territorial, pero abre una discusión de fondo: ¿qué ocurre cuando aquello que un dirigente considera conveniente para su provincia entra en contradicción con la concepción nacional que dice representar?

El federalismo exige defender los intereses provinciales, pero una Nación no puede convertirse en la suma de veinticuatro negociaciones particulares. Un proyecto nacional consiste precisamente en articular necesidades diferentes alrededor de un destino común. La reforma laboral de 2026 agregó otra dimensión: legisladores vinculados a Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz contribuyeron a formar el quórum de una sesión que comenzó con apenas 130 presentes, uno más que los necesarios; algunos luego votaron en contra, una diferencia que debe reconocerse, pero dar quórum tampoco resulta políticamente neutro cuando esas presencias permiten iniciar el debate. Esas decisiones no pueden resultar gratuitas: Jaldo, Jalil, Sáenz y los legisladores que respondieron a sus conducciones deberán explicar por qué facilitaron políticas que implicaron pérdida de soberanía, saqueo de recursos y retroceso de derechos laborales antes de reclamar un lugar en la futura conducción del peronismo.

Y Córdoba demuestra que el problema tampoco se resuelve simplemente trazando una línea para determinar quién queda adentro y quién afuera. El peronismo gobierna esa provincia desde hace décadas y Martín Llaryora ganó la gobernación en 2023, pero ese predominio territorial convive con una profunda ruptura respecto del peronismo nacional. En las presidenciales de aquel año, Juan Schiaretti obtuvo el 28,98 por ciento en Córdoba y Sergio Massa apenas el 13,42; en el balotaje, Milei superó allí el 74 por ciento.

Más de dos décadas de autonomía provincial demostraron que ese espacio puede conservar el poder aun cuando se aleja progresivamente de la construcción nacional. La pregunta, entonces, ya no es cuánto tiempo puede sobrevivir en esas condiciones, sino si puede seguir llamándose peronismo mientras actúa por fuera —y muchas veces en contra— de los intereses del peronismo nacional. Y el interrogante también debe plantearse en sentido inverso: ¿puede el peronismo nacional renunciar a reincorporar al peronismo cordobés a un proyecto común? La respuesta no puede ser exigirle a Córdoba que se vuelva kirchnerista, como tampoco exigirle al kirchnerismo que deje de serlo o a Kicillof que renuncie a disputar la conducción.

Una fuerza política debería ser capaz de distinguir entre una disputa por su conducción y una discusión sobre los principios que justifican su propia existencia. Las conducciones se resuelven democráticamente; los principios establecen el terreno sobre el cual esa competencia puede desarrollarse. Y ese terreno no hace falta inventarlo: es el peronismo. Justicia social, independencia económica y soberanía política; trabajo, producción, movilidad social ascendente y defensa de los recursos y los intereses nacionales. El peronismo puede contener diferencias, pero no puede significar cualquier cosa.

Naturalmente, las herramientas deben actualizarse. La inteligencia artificial, la transición energética, las nuevas relaciones laborales, la revolución tecnológica y una geopolítica cada vez más conflictiva obligan a discutir qué Estado necesita la Argentina, cómo industrializar, qué relación construir entre capital y trabajo, cómo explotar sus recursos y cómo financiar el desarrollo. La doctrina debe actualizarse frente a una realidad que cambia; lo que no puede hacer es perder su identidad ni dejar de ser, en esencia, peronista.

Por eso existen límites doctrinarios. Un proyecto neoliberal, colonial o construido contra los intereses de los trabajadores no representa una corriente interna posible del peronismo: está fuera de las fronteras políticas que definen su identidad. No se trata de repartir certificados de pureza, sino de asumir que el peronismo no puede convertirse en la negación de sus propias banderas.

El peronismo nació para representar a los trabajadores y garantizar a quienes habían sido condenados a la pobreza el acceso al trabajo, los derechos y una vida digna. Su horizonte no es administrar la pobreza sino combatir las condiciones que la producen: generar trabajo digno, salarios que permitan vivir, derechos laborales, salud, seguridad social, jubilación y movilidad social ascendente. La justicia social no consiste en administrar la exclusión, sino en construir las condiciones para superarla.

La experiencia del Frente de Todos debería funcionar como una advertencia. En 2019 el peronismo consiguió reunir detrás de una fórmula a gobernadores, intendentes, sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos diferentes para derrotar a Mauricio Macri. Esa amplitud alcanzó para ganar la elección, pero no garantizó un programa compartido ni una conducción capaz de ordenar las contradicciones: el gobierno de Alberto Fernández no fue un buen gobierno y el peronismo no puede repetir ese error. Juntar gobernadores, intendentes, sindicatos, organizaciones y dirigentes no constituye por sí mismo un proyecto político. La unidad que necesita el peronismo supone organizar dentro de un mismo partido a corrientes que comparten una identidad histórica y deben acordar un diagnóstico, un rumbo, reglas democráticas y las decisiones fundamentales que estarán dispuestas a tomar.

Por eso una nueva unidad construida únicamente alrededor de la necesidad de derrotar a La Libertad Avanza podría volver a depositar las contradicciones para el día posterior a la elección. El próximo gobierno recibirá una Argentina destrozada por el fracaso del experimento libertario y por las políticas de Javier Milei, y deberá reconstruir capacidades productivas, recuperar ingresos, recomponer derechos y ofrecer nuevamente una perspectiva de desarrollo. Un gobierno peronista difícilmente pueda afrontar semejante tarea si descubre qué piensa sobre esas cuestiones después de asumir.

Para salir de ese laberinto, una gran interna con representación proporcional puede ofrecer una salida. Todos los sectores que compartan el piso doctrinario del peronismo deberían poder competir y la representación posterior podría distribuirse mediante un sistema D’Hondt, de manera que quien obtenga la mayoría asuma la conducción, pero ninguna corriente sea borrada: cada sector tendría en la estructura partidaria —y eventualmente en un futuro gobierno— una participación acorde con lo que realmente representa. No se trata de eliminar las diferencias ni de fabricar una unanimidad inexistente, sino de procesarlas democráticamente antes de gobernar y construir una conducción con legitimidad suficiente para ordenar el conjunto.

Porque la unidad es una herramienta, no un programa. La unidad no puede convertirse en amnistía para cualquier conducta reciente ni puede reemplazar el acuerdo sobre aquello que se pretende hacer con el poder. El desafío no consiste simplemente en volver, sino en construir las condiciones políticas para que un próximo gobierno peronista pueda efectivamente gobernar.

En definitiva, el peronismo debe recordar algo bastante más sencillo que cualquier ingeniería electoral: primero el proyecto, después los nombres. Primero la Patria, después el movimiento y, por último, los hombres.