Advierten sobre los riesgos de bajar la edad de punibilidad

La jueza de Garantías del Joven N.º 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, Mirta Guarino, encabezó una charla sobre responsabilidad penal juvenil en el Espacio de Primera Infancia Panambí, ubicado en el barrio San Enrique de General Rodríguez. La actividad analizó las consecuencias de la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad de punibilidad, y reunió a autoridades municipales, educativas y agentes territoriales. El encuentro buscó brindar herramientas para comprender el nuevo escenario legal y debatir las respuestas que el Estado debe ofrecer ante los conflictos protagonizados por adolescentes.

Guarino definió el momento actual como “clave, crítico y bisagra” y sostuvo que la aplicación de la nueva normativa no debe clausurar el debate sobre sus fundamentos ni sobre sus consecuencias. “Hay que aplicar, leer y seguir cuestionando ideológicamente lo que haya que cuestionar”, afirmó la magistrada. Su intervención puso el foco en la obligación de preservar los derechos de las infancias incluso dentro de un marco legal que amplía la respuesta punitiva del Estado.

La jueza planteó que la Justicia debe continuar trabajando desde una perspectiva restaurativa, orientada a reparar el daño producido y reconstruir los vínculos sociales antes que limitarse a imponer un castigo. Este enfoque promueve la participación de la víctima, la comunidad y el adolescente involucrado, con instancias voluntarias de diálogo y reconocimiento de responsabilidades. Su finalidad es modificar conductas, evitar nuevas situaciones de violencia y generar condiciones concretas para la reinserción social.

La perspectiva expuesta por Guarino contrasta con las respuestas que presentan el endurecimiento penal como solución suficiente frente a delitos cometidos por adolescentes. La reducción de la edad de punibilidad incorpora a chicos de 14 y 15 años al sistema penal, pero no resuelve por sí misma las desigualdades, la violencia ni la falta de oportunidades que atraviesan numerosas infancias. Por eso, la magistrada insistió en que el nuevo régimen debe aplicarse dentro del sistema integral de derechos y no exclusivamente desde una lógica de persecución y castigo.

De la jornada participaron el intendente de General Rodríguez, Mauro García; la inspectora jefa regional, Gabriela Valverde; y la secretaria municipal de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, Mariana Galván. También asistieron docentes, trabajadores de instituciones educativas y agentes que desarrollan tareas territoriales. La diversidad de participantes permitió abordar la problemática desde sus dimensiones jurídicas, sociales, educativas y comunitarias.

Durante su intervención, García reivindicó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en 2005, y destacó la necesidad de sostener equipos interdisciplinarios. El jefe comunal señaló que la presencia de profesionales de la psicología, el trabajo social y otras áreas resulta indispensable para acompañar a las infancias en situación de vulnerabilidad. También remarcó que esas políticas requieren recursos estatales específicos y coordinación permanente con las comunidades.

El intendente destacó finalmente el trabajo realizado por los servicios sociales municipales y por las y los docentes para detectar situaciones críticas y acompañar a las familias. Esa tarea cotidiana permite intervenir antes de que la vulneración de derechos derive en escenarios más graves. Frente al avance de una mirada punitiva sobre las infancias, la charla dejó planteada una definición central: la responsabilidad estatal no comienza cuando un adolescente ingresa al sistema penal, sino mucho antes, garantizando cuidado, educación, protección y oportunidades.