Malvinas: una acción judicial busca frenar el saqueo petrolero

AAdeAA y el CECIM pidieron suspender el proyecto británico-israelí León Marino antes de que la explotación prevista para 2028 se convierta en un hecho consumado.

La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron ante el Juzgado Federal de Río Grande una acción preventiva de daño ambiental y soberano contra la petrolera británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. La demanda busca detener las obras, el financiamiento y la futura explotación del proyecto León Marino, ubicado sobre la plataforma continental argentina, a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Las organizaciones denunciaron que el emprendimiento avanza sin autorización nacional ni evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas.

La presentación solicita una medida cautelar inmediata para suspender perforaciones, movimientos del lecho marino, tendido de cañerías, instalaciones y actividades preparatorias. También reclama impedir nuevos contratos, desembolsos, transferencias y garantías financieras vinculadas con el proyecto. El objetivo es evitar que el avance material y económico de la explotación transforme una actividad ilegal en un hecho consumado difícil de revertir.

León Marino contempla, en sus primeras dos etapas, la perforación de 23 pozos submarinos: 16 productores, seis destinados a la inyección de agua y uno de gas. La infraestructura incluye cañerías, instalaciones sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas controla el 65 por ciento del proyecto y Rockhopper conserva el 35 por ciento restante.

La propia Navitas reconoce que prevé comenzar la extracción en marzo de 2028 y mantener la producción durante más de 30 años. Durante 2026 comenzaron las obras en el muelle y la base terrestre de Puerto Argentino, mientras avanzan la fabricación de equipos y la adaptación del buque que operará como plataforma flotante. Las perforaciones están programadas para comienzos de 2027.

La demanda sostiene que las licencias expedidas por la administración colonial británica no pueden reemplazar los permisos exigidos por la legislación argentina. Por ese motivo, pide que esas autorizaciones sean declaradas inoponibles a la República Argentina y que las empresas identifiquen a los bancos, fondos, aseguradoras y proveedores que sostienen económicamente la explotación.

Las dos compañías conocen la ilegalidad de sus actividades. Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada durante 20 años para operar en el país. Navitas recibió la misma sanción en 2022 por participar en tareas hidrocarburíferas sin permiso argentino. En diciembre de 2025, la Cancillería rechazó oficialmente el proyecto y advirtió sobre posibles acciones contra las empresas, entidades financieras y proveedores involucrados.

La acción judicial también invoca la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, que exhorta a la Argentina y al Reino Unido a no introducir modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente la disputa de soberanía. Una explotación petrolera proyectada durante tres décadas altera de manera material, económica y ambiental un territorio ilegítimamente ocupado.

El riesgo alcanza a dos ecorregiones argentinas y a un sistema conectado con la Antártida. Las perforaciones, el ruido submarino, los químicos, las alteraciones del lecho marino y un eventual derrame amenazan áreas de reproducción, alimentación y migración de peces, ballenas, lobos y elefantes marinos, pingüinos, albatros, orcas y delfines.

La presentación de AAdeAA y el CECIM une dos derechos colectivos que no pueden separarse: el ambiente y la soberanía. El petróleo aparece como una nueva forma del viejo despojo colonial. Frenar León Marino significa defender el Mar Argentino, impedir el saqueo de sus recursos y reafirmar que las Malvinas y sus espacios marítimos pertenecen al pueblo argentino.