miércoles, 2 de septiembre de 2026

Katopodis: “Milei no hizo ni un kilómetro de ruta”
El ministro bonaerense denunció que el Gobierno retiene fondos del impuesto a los combustibles y traslada el mantenimiento vial a empresas que cobrarán nuevos peajes.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, cuestionó las afirmaciones realizadas por Javier Milei durante el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil, celebrado el lunes 31 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires. “Milei no hizo ni un kilómetro de ruta. Basta de mentir”, respondió después de que el Presidente defendiera las concesiones privadas y asegurara que una ruta en buenas condiciones permite salvar vidas. El funcionario provincial denunció que la inversión nacional en infraestructura vial es la más baja de los últimos 25 años.
Durante su discurso, Milei afirmó que el Gobierno ya licitó 9.000 kilómetros de rutas y anunció que buscará concesionar entre 6.000 y 12.000 kilómetros adicionales. También sostuvo que, “cuando el Estado se corre, aparece quien construye”, y presentó el nuevo esquema como una forma de garantizar inversiones sin utilizar impuestos ni emisión monetaria. Katopodis calificó esas declaraciones como una muestra de “cinismo” porque los usuarios ya financian la conservación de las rutas cada vez que cargan combustible.
El impuesto representa actualmente alrededor de 400 pesos por cada litro de nafta y contiene recursos con asignación específica para la infraestructura de transporte. Katopodis denunció que el Gobierno retuvo más de 1,3 billones de pesos que debían destinarse a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red nacional. “Se queda con la plata para dibujar un supuesto superávit y no la pone en las obras que tendría que hacer”, afirmó.
Los datos de ejecución del Sistema Vial Integrado respaldan el señalamiento sobre la subejecución. Hasta mayo de 2026 se habían recaudado 1,5 billones de pesos desde el comienzo de la gestión libertaria, pero solamente se utilizaron 394 mil millones en obras viales. La mayor parte del dinero restante permanecía colocada en instrumentos financieros o inmovilizada en cuentas, mientras las rutas continuaban acumulando baches, deterioro y falta de mantenimiento.
El Gobierno pretende reemplazar la obra pública mediante concesiones financiadas con peajes pagados por los usuarios. La última adjudicación entregó 3.920 kilómetros de rutas durante 20 años a ocho grupos empresarios, que asumirán su operación y conservación. Los contratos concentran sus obligaciones en tareas básicas de mantenimiento y no establecen la construcción de grandes autopistas o autovías que amplíen la capacidad vial del país.
Para Katopodis, el esquema obliga a los argentinos a pagar dos veces por el mismo servicio. Primero abonan el impuesto incluido en los combustibles, cuyos recursos no llegan a las rutas; después deberán afrontar los nuevos peajes cobrados por las concesionarias privadas. Las empresas recibirán corredores estratégicos, capacidad para actualizar tarifas y contratos prolongados, pero sin asumir un programa equivalente de construcción de nueva infraestructura.
El ajuste sobre Vialidad Nacional profundizó el problema. Según datos presentados por el ministro bonaerense en la Cámara de Diputados, el gasto vial promedio cayó un 73,6 por ciento en términos reales desde diciembre de 2023 y alcanzó el nivel más bajo desde 2002. La paralización afectó obras en ejecución, tareas de conservación y proyectos destinados a mejorar la seguridad en corredores utilizados diariamente por trabajadores, transportistas y productores.
La contradicción señalada por Katopodis es directa: Milei reconoce que una ruta segura salva vidas, pero su Gobierno paralizó las obras, redujo el mantenimiento y retuvo los recursos que los ciudadanos ya aportaron para financiarlas. Ahora utiliza el abandono provocado por su propia política para justificar la entrega de los corredores y un nuevo cobro a quienes los transitan. No es infraestructura sin costo para el pueblo: es abandono estatal, negocio privado y doble pago para los argentinos.






