Lola Cadaa: “Lo que pasa en el mundo virtual también es real”

La estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata y activista del Programa de Jóvenes de Amnistía Internacional Argentina, Lola Cadaa, reclamó una regulación estatal de las plataformas digitales y advirtió que la respuesta a los riesgos que atraviesan las adolescencias no puede limitarse a prohibir o restringir el uso de los celulares. Lo hizo durante una entrevista realizada el viernes 28 de agosto por Gustavo Cano, Rodrigo Agustín y Cecilia Vera en Un País en Serio, por Radio Con Vos 89.9. “Lo que sucede en el mundo digital es parte del mundo real”, sostuvo.

Cadaa explicó que las políticas públicas deben distinguir entre las infancias y las adolescencias. En los niños más pequeños, el contacto temprano y prolongado con las pantallas puede producir consecuencias sobre el desarrollo cognitivo y no responde necesariamente a una necesidad de socialización. Para los adolescentes, en cambio, internet constituye un espacio central de encuentro, pertenencia, información y construcción de identidad.

“Nosotros vivimos toda nuestra vida social en internet”, señaló la activista. Desde esa perspectiva, limitar el acceso sin modificar las condiciones en las que funcionan las plataformas no resuelve las violencias ni los riesgos existentes. La prohibición puede apartar temporalmente a los jóvenes de una aplicación, pero deja intactas las herramientas capaces de vulnerar su intimidad, utilizar sus datos o producir imágenes sexuales falsas sin consentimiento.

Cadaa remarcó que el entorno digital también se convirtió en un nuevo escenario para la violencia de género. Las mujeres y diversidades enfrentan hostigamientos, exposición de información privada, ataques anónimos y manipulación de imágenes mediante tecnologías que permiten “desnudar” digitalmente a una persona. Estas prácticas adquieren una gravedad todavía mayor cuando las víctimas son niñas, adolescentes o jóvenes.

La hiperconectividad también atraviesa las relaciones cotidianas. Compartir la ubicación permite saber si una amiga llegó bien, pero al mismo tiempo entrega datos personales cuyo destino muchas veces se desconoce. La presión por comprobar cuántas personas vieron una historia, recibieron una publicación o reaccionaron a una fotografía genera, además, una dependencia que puede provocar desgaste y ansiedad.

Para Cadaa, el problema principal se encuentra en el modelo económico de las empresas tecnológicas. “Las plataformas digitales no funcionan como modelos de sociedad ética que protegen derechos; funcionan como negocios”, afirmó. Su rentabilidad depende de retener la atención de los usuarios durante la mayor cantidad de tiempo posible y de recolectar información que después puede convertirse en publicidad, segmentación y ganancias.

Por ese motivo, consideró insuficiente que las leyes se concentren solamente en la conectividad, las familias o las escuelas. El Estado debe intervenir desde el momento en que una herramienta es diseñada, controlar su implementación y evaluar posteriormente sus consecuencias. Las empresas no pueden decidir por sí solas qué niveles de exposición, adicción o violencia resultan aceptables para sus usuarios.

Cadaa sostuvo que la tecnología puede ampliar derechos, facilitar el conocimiento y acercar a las personas, pero esa potencialidad depende de las decisiones políticas que adopten los Estados. La discusión no enfrenta a quienes defienden la tecnología con quienes pretenden eliminarla, sino a quienes reclaman soberanía democrática frente al poder de corporaciones que diseñan espacios donde transcurre una parte cada vez mayor de la vida social.

“Es una herramienta gigante, pero es el momento histórico de tomárnosla en serio”, concluyó. Regular las plataformas no significa negar la vida digital de las juventudes: significa reconocerla, escuchar a quienes la habitan y garantizar que sus derechos también sean respetados detrás de las pantallas.