lunes, 7 de septiembre de 2026
La bandera británica que Milei decidió justificar en Ushuaia
El amarre del petrolero VS Promise provocó el repudio de Tierra del Fuego y Agustina Propato, mientras la Casa Rosada negó una afectación a la soberanía y Axel Kicillof denunció la entrega nacional.
El petrolero VS Promise, de bandera británica, amarró el lunes 24 de agosto en el puerto de Ushuaia después de cargar crudo en Río Cullen, al norte de Tierra del Fuego. La embarcación ingresó para abastecerse con autorización del Gobierno de Javier Milei. El episodio provocó el repudio de la administración fueguina, un proyecto de Agustina Propato en el Congreso y fuertes críticas de Axel Kicillof.
La gravedad política del caso no admite disfraces administrativos. Desde enero, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mantiene intervenido el puerto de Ushuaia y controla su gestión operativa, técnica y administrativa. Fue esa estructura nacional la que permitió asistir a una embarcación bajo la bandera de la potencia que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas.
El Gobierno transformó así un puerto estratégico del Atlántico Sur en una escala disponible para intereses británicos. No ocurrió en una terminal cualquiera, sino en la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la provincia que comprende constitucionalmente a las Malvinas. Tampoco fue una decisión inevitable: las autoridades nacionales resolvieron autorizar el abastecimiento y ahora pretenden presentarlo como un trámite sin consecuencias.
La diputada nacional Agustina Propato presentó un proyecto para que la Cámara de Diputados exprese su “más enérgico repudio” al amarre, la permanencia y la operación del VS Promise. La legisladora de Unión por la Patria vinculó el episodio con la militarización del Atlántico Sur y la presencia de fuerzas extranjeras en territorio argentino. También denunció un proceso de “desnacionalización estratégica” impulsado por la administración libertaria.
“Venimos denunciando la militarización del Atlántico Sur y ahora nos encontramos con que un buque petrolero de bandera británica amarra en el puerto de Ushuaia”, advirtió Propato. La diputada sostuvo que la operación contradice la Ley Gaucho Rivero y constituye una afrenta al reclamo argentino sobre Malvinas. Su iniciativa busca impedir que el silencio institucional convierta este antecedente en una nueva normalidad.
La respuesta de la Casa Rosada fue negar el problema. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la embarcación no había operado en la Cuenca de Malvinas y afirmó que la Ley Gaucho Rivero no resultaba aplicable. “El accionar del buque no viola ninguna ley”, aseguró, como si la defensa de la soberanía pudiera reducirse a encontrar una excepción reglamentaria.
Ravier admitió que las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en Ushuaia, aunque intentó trasladar parte de la responsabilidad a Tierra del Fuego porque la carga de petróleo en Río Cullen fue autorizada por la provincia. Sin embargo, esa explicación no modifica el hecho central: el Gobierno podía decidir sobre la asistencia portuaria y eligió prestarla. Milei volvió a colocar la conveniencia económica por encima de cualquier señal política hacia la potencia ocupante.
Axel Kicillof afirmó que el episodio confirma que el Presidente “va a seguir rifando nuestra soberanía”. El gobernador bonaerense relacionó la autorización con el alineamiento automático de Milei con Estados Unidos, el Reino Unido e Israel. Para Kicillof, no se trata de un caso aislado, sino de una política exterior atravesada por la subordinación y la dependencia.
La bandera británica en Ushuaia no representa una anécdota marítima ni una simple operación comercial. Expresa la decisión de un Gobierno que vacía de contenido el reclamo por Malvinas mientras entrega recursos, infraestructura y capacidad de decisión nacional. Milei no cometió una distracción: eligió abrir un puerto argentino a los intereses de la potencia que todavía ocupa parte de nuestro territorio.
