Las deudas empresarias que pagamos todos

Durante la última dictadura cívico-militar, grandes empresas argentinas y multinacionales se endeudaron en dólares con bancos del exterior. Las deudas eran privadas y habían sido contraídas para sus propios negocios. Sin embargo, cuando las devaluaciones multiplicaron el costo de devolver esos créditos, el Estado intervino mediante los llamados seguros de cambio y asumió una parte enorme de las pérdidas.

La consecuencia fue tan sencilla como profunda: una deuda tomada por empresas privadas terminó convirtiéndose, en buena medida, en un problema de todos los argentinos. Los empresarios conservaron sus compañías y patrimonios, mientras el Estado absorbió costos que luego pesaron sobre las cuentas públicas durante décadas.

La magnitud permite entender de qué estamos hablando. Hacia 1982, alrededor de 9.500 millones de dólares de deuda privada estaban alcanzados por seguros de cambio, aproximadamente el 70 por ciento del endeudamiento externo privado de entonces. Antecedentes parlamentarios estimaron que el subsidio generado por ese mecanismo representó para el Estado una pérdida equivalente a cerca de la mitad de aquellas obligaciones.

Entre los beneficiados aparecen algunos de los apellidos más importantes del poder económico argentino. Empresas de SOCMA, el grupo de la familia Macri encabezado entonces por Franco Macri, tenían fuertes compromisos externos: Sevel registraba alrededor de 124 millones de dólares y Sideco Americana, unos 61 millones.

Techint, de la familia Rocca, también aparece en los registros. Dálmine Siderca acumulaba aproximadamente 186 millones de dólares y Propulsora Siderúrgica otros 81 millones. Loma Negra, entonces conducida por Amalia Lacroze de Fortabat, tenía obligaciones por unos 62 millones; la Compañía Naviera Pérez Companc, alrededor de 211 millones; Bridas, de la familia Bulgheroni, unos 238 millones; e IMPSA, encabezada por Enrique Pescarmona, cerca de 89 millones.

A ellos se sumaron grandes compañías extranjeras. Ford registraba alrededor de 80 millones de dólares; IBM, 109 millones; Mercedes-Benz, 92 millones; y Fiat, 51 millones. También participaron entidades financieras locales y extranjeras.

El mecanismo utilizado para proteger a esas compañías fueron los seguros de cambio. El Banco Central les permitía fijar anticipadamente el tipo de cambio al que pagarían posteriormente sus deudas. Si el peso se devaluaba —como efectivamente ocurrió—, la empresa quedaba protegida y el Estado absorbía la diferencia.

Un ejemplo permite entenderlo con claridad. Una empresa debía devolver dólares que había pedido prestados para su actividad privada. Después de una fuerte devaluación necesitaba muchos más pesos para comprarlos. Con el seguro de cambio, podía acceder a esas divisas al valor previamente acordado. La diferencia entre ese precio y el valor real terminaba a cargo del Banco Central.

Eso es lo que se socializó: no necesariamente el 100 por ciento de cada crédito, sino una porción gigantesca de su costo.

El proceso culminó hacia el final de la dictadura. El 17 de noviembre de 1982, durante la presidencia de Julio González del Solar en el Banco Central, la Circular A251 consolidó el mecanismo mediante el cual el sector público absorbió buena parte de las consecuencias del endeudamiento empresario.

La operación resulta todavía más significativa por el modelo que la produjo. La dictadura había llegado prometiendo reducir el Estado y liberar la economía. Pero cuando grandes compañías quedaron expuestas a las consecuencias de sus decisiones financieras, fue precisamente el Estado el que apareció para protegerlas.

Y hubo una diferencia fundamental: se estatizaron las pérdidas, no las empresas.

El Estado argentino no recibió a cambio acciones equivalentes de SOCMA, Techint, Loma Negra, Pérez Companc o Bridas. Los propietarios conservaron sus compañías, sus activos y sus fortunas. Muchos de esos grupos siguieron creciendo y ocupando lugares centrales en la economía argentina durante las décadas siguientes.

La deuda, en cambio, quedó del lado público.

Eso significa que la pagaron y continúan soportando sus consecuencias personas que jamás participaron de aquellos negocios. El Estado afronta sus obligaciones con impuestos, divisas y recursos públicos y, cuando necesita refinanciarlas, puede trasladarlas hacia adelante durante años.

Por eso, incluso argentinos que todavía no habían nacido en 1982 crecieron en un país condicionado por aquella deuda. Recursos que podrían haberse destinado a infraestructura, salud, educación, vivienda o desarrollo productivo debieron convivir con las necesidades financieras de un Estado fuertemente endeudado.

La Justicia investigó posteriormente el proceso. La histórica causa iniciada por Alejandro Olmos concluyó en 2000 con una sentencia del juez federal Jorge Ballestero que acreditó numerosas irregularidades en el endeudamiento externo producido durante la dictadura, aunque el paso del tiempo había impedido avanzar sobre muchas responsabilidades penales.

Más de cuatro décadas después, el mecanismo puede resumirse sin tecnicismos: empresas privadas tomaron deuda para sus negocios; el Estado asumió una parte sustancial del costo cuando esos negocios financieros se complicaron; los empresarios conservaron sus empresas y los argentinos heredaron la cuenta.

Los nombres también forman parte de esa historia: Macri, Rocca, Fortabat, Pérez Companc, Bulgheroni, Pescarmona y grandes multinacionales.

La deuda era privada. La pérdida se socializó. Y la cuenta terminó del lado de todos.