Brügge propone penas más duras por ataques de perros peligrosos

El diputado nacional Juan Fernando Brügge, de la Democracia Cristiana, presentó un proyecto para modificar el Código Penal y establecer penas específicas para los responsables de ataques protagonizados por perros potencialmente peligrosos. La iniciativa diferencia los casos en los que el animal es utilizado intencionalmente para matar o lesionar de aquellos en los que el ataque ocurre como consecuencia de negligencia, imprudencia o incumplimiento de los deberes de cuidado.

El punto central de la reforma es la incorporación de un artículo 79 bis al Código Penal, que establece penas de entre ocho y veinticinco años de prisión o reclusión para quien provoque la muerte de una persona mediante la utilización deliberada de un perro potencialmente peligroso.

La propuesta busca impedir que quien emplee intencionalmente un animal como instrumento de ataque pueda desligarse de las consecuencias penales argumentando que las lesiones o la muerte fueron materialmente provocadas por el perro. Para Brügge, cuando existe una decisión consciente de utilizarlo para agredir corresponde considerar la conducta como dolosa.

“El principal responsable del accionar lesivo y dañoso del perro potencialmente peligroso sobre las personas es quien tiene a su cargo su cuidado”, sostiene el criterio que atraviesa el proyecto. Según las circunstancias de cada caso, la responsabilidad podría alcanzar a propietarios, tenedores, criadores o paseadores.

La iniciativa contempla por separado los episodios en los que no existe intención de provocar el ataque, pero sí una conducta negligente. Si un perro escapa de una vivienda, permanece suelto, atraviesa un cerramiento inadecuado o circula por el espacio público sin las medidas necesarias para mantenerlo bajo control y posteriormente mata a una persona, el responsable podría recibir una pena de cuatro a seis años de prisión.

La misma distinción se aplica cuando la víctima sobrevive pero sufre lesiones graves. Si el animal fue utilizado deliberadamente para provocarlas, el proyecto establece una pena de entre tres y diez años. Cuando las lesiones sean consecuencia de negligencia, imprudencia o incumplimiento del deber de cuidado, la sanción prevista será de dos a cuatro años.

La presentación se produce después de una serie de ataques graves registrados en diferentes provincias. Entre los casos mencionados se encuentra la muerte de Salvador, un niño de tres años que el 9 de agosto fue atacado en Córdoba por una perra mestiza de pitbull. Dos días después, otro niño de dos años debió ser internado en terapia intensiva luego de ser atacado por un dogo argentino en Villa Caeiro.

Los fundamentos de la iniciativa también reúnen antecedentes de niños y niñas fallecidos, personas mayores atacadas, víctimas que sufrieron amputaciones y menores que debieron atravesar complejas cirugías reconstructivas.

Según las estadísticas incorporadas al proyecto, entre 2023 y 2025 fueron notificadas en la Argentina 135.715 lesiones provocadas por mordeduras de perros. Sólo durante 2025 se contabilizaron 60.277 casos, cifras que para el legislador muestran que la problemática excede ampliamente los episodios que alcanzan repercusión pública.

Brügge plantea además que la regulación no debe quedar limitada a una lista determinada de razas. La iniciativa considera potencialmente peligrosos a los perros que, por su raza, contextura física, características o fuerza mandibular, posean capacidad para ocasionar lesiones graves o la muerte, incluidos los animales mestizos.

El diputado sostuvo que el objetivo no es perseguir ni excluir a los animales, sino establecer con mayor precisión las obligaciones de las personas responsables de su tenencia y las consecuencias penales derivadas de su incumplimiento.

La reforma propone así dos niveles claramente diferenciados de responsabilidad. Quien utilice deliberadamente un perro para matar podría recibir hasta 25 años de prisión, mientras que quien por negligencia permita una situación que termine con la muerte de una persona podría enfrentar hasta seis años por homicidio culposo.

El criterio que sostiene el proyecto desplaza de ese modo el eje desde el animal hacia la conducta humana: el perro puede ejecutar materialmente el ataque, pero la responsabilidad penal debe determinarse sobre quien decidió utilizarlo como medio para agredir o sobre quien tenía a su cargo la obligación de mantenerlo bajo control.