Diputados exigen explicaciones por la represión en el Congreso

Diputados nacionales de la oposición presentaron un pedido de interpelación a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, para que explique ante la Cámara de Diputados el operativo represivo desplegado frente al Congreso durante la movilización contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto cuestiona el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes, y reclama respuestas sobre la presencia de personal policial armado y vestido de civil.

La iniciativa fue presentada por los diputados de Patria Grande dentro del bloque de Unión por la Patria Juan Grabois, Natalia Zaracho, Adriana Serquis e Itai Hagman, junto con Jorge Taiana. Los legisladores sostienen que una movilización que había comenzado pacíficamente terminó reprimida mediante un dispositivo integrado por más de 820 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de la Ciudad.

Según señala el proyecto, durante el operativo se produjo “un uso desmedido de la fuerza” contra manifestantes y también contra personas que no participaban directamente de la protesta y trabajadores de prensa. Los diputados reclaman determinar las responsabilidades políticas y operativas detrás del despliegue de las fuerzas federales.

Uno de los puntos de mayor gravedad denunciados en la presentación es la actuación de un integrante de la Policía Federal vestido de civil y portando un arma larga. De acuerdo con el proyecto, investigaciones periodísticas permitieron identificar a un hombre que disparó contra manifestantes desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís sin uniforme ni identificación visible.

Los legisladores identificaron al efectivo como el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, integrante de la cúpula de la Policía Federal. “Que un funcionario policial de esa jerarquía haya actuado armado y de civil, sin identificación, en el marco de un operativo de seguridad frente al Congreso de la Nación, impide que los ciudadanos puedan reconocerlo como integrante de una fuerza y controlar su accionar”, advirtieron.

Para los diputados, esa actuación resulta además “absolutamente incompatible con los protocolos que rigen la actuación de las fuerzas federales”. Por ese motivo, reclaman que Monteoliva informe específicamente si su Ministerio “autorizó, ordenó o toleró” la presencia de agentes armados de civil durante la protesta.

Grabois sumó otro elemento a la denuncia al afirmar públicamente que Gauna fue el mismo efectivo que participó de su detención en junio del año pasado, cuando el dirigente se encontraba en el Instituto Juan Domingo Perón. El diputado caracterizó aquel procedimiento como una detención arbitraria y responsabilizó políticamente al gobierno de Javier Milei.

La presentación parlamentaria pone especial atención también sobre la violencia ejercida contra trabajadores y trabajadoras de prensa. El texto recoge las denuncias realizadas por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) por las consecuencias del operativo.

Entre los casos denunciados se encuentra el de una fotorreportera que recibió un impacto en la cabeza, sufrió una fractura de cráneo y debió ser internada de urgencia. “La represión, y su carácter abusivo, fue de tal magnitud que alcanzó a trabajadores de prensa”, señalaron los legisladores.

La interpelación busca que la ministra explique además si el accionar de las fuerzas cumplió con los estándares nacionales e internacionales que regulan el uso de la fuerza durante manifestaciones públicas. La discusión involucra no sólo la integridad física de quienes se movilizan, sino también el derecho a la protesta y las garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de prensa.

“Es nuestra obligación como funcionarios electos por el pueblo actuar desde nuestro lugar de representantes, con las herramientas que nos brinda la Constitución Nacional”, fundamentaron los diputados. En ese marco, reivindicaron tanto los pedidos de informes como la interpelación de ministros del Poder Ejecutivo entre las facultades de control del Congreso.

La presentación advierte finalmente que los hechos denunciados exceden un operativo policial particular. “Se están dando circunstancias que afectan severamente el funcionamiento de la República, que vulneran derechos elementales de los ciudadanos y ciudadanas, tales como el derecho a la vida, la integridad física y la libertad de prensa, y no podemos ser pasivos ante tal atropello”, concluye el proyecto.

El pedido coloca ahora la responsabilidad política del operativo en el centro de la discusión parlamentaria. Los diputados pretenden que Monteoliva comparezca ante el Congreso y explique quién impartió las órdenes, bajo qué criterios actuaron los efectivos y por qué hubo personal armado de civil durante la represión de una movilización frente al Poder Legislativo.