sábado, 7 de noviembre de 2026
Las dos CTA publicaron una carta abierta al papa León XIV sobre la crisis social argentina
Hugo Yasky y Hugo Godoy denunciaron la pérdida del poder adquisitivo, la precarización laboral, el retroceso de derechos sociales y la represión de las protestas bajo el gobierno de Javier Milei.
La Central de las y los Trabajadores de la Argentina (CTA-T), conducida por Hugo Yasky, y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), encabezada por Hugo Godoy, hicieron pública una carta abierta dirigida al papa León XIV en la que expresaron su preocupación por la situación económica y social de la Argentina. El documento, firmado por ambos dirigentes sindicales, cuestiona las políticas del gobierno de Javier Milei y advierte sobre el deterioro de las condiciones de vida de trabajadores, jubilados y sectores vulnerables.
Las organizaciones describen un escenario atravesado por la pérdida de ingresos, la informalidad laboral, el endeudamiento familiar y el debilitamiento de las políticas de protección social. También manifiestan su reconocimiento a la defensa de la justicia social, la paz y la dignidad humana promovida por la Iglesia católica, y vinculan esas preocupaciones con la realidad que atraviesan los sectores populares argentinos.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el deterioro salarial. Según las cifras incluidas en la carta, casi la mitad de las personas ocupadas trabaja en condiciones de informalidad, mientras que el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió un 40% de su valor real durante los últimos tres años. Las centrales sostienen que ese ingreso apenas permite cubrir la mitad de una canasta básica, una situación que consideran representativa del retroceso de los ingresos laborales.
El pronunciamiento también señala que el Salario Social Complementario perdió un 75% de su poder adquisitivo y denuncia su eliminación, con consecuencias para más de 900 mil trabajadores de la economía popular. A ello suma el endeudamiento de las familias y la expansión de las apuestas legales e ilegales entre los hogares de menores recursos, fenómenos que las organizaciones relacionan con la creciente vulnerabilidad económica.
La situación de niños, adolescentes y jóvenes constituye otro eje de la declaración. Los dirigentes afirman que el desempleo juvenil supera el 16% y que la pobreza alcanza al 45% de los menores de 14 años. Estas cifras, presentadas por las centrales como parte de su diagnóstico social, acompañan una advertencia sobre las dificultades que enfrentan las familias para garantizar condiciones de vida dignas.
Yasky y Godoy también cuestionan la respuesta estatal frente a las demandas de jubilados, personas con discapacidad y comunidades de pueblos originarios. Denuncian el desfinanciamiento de programas esenciales de asistencia, el retroceso de derechos y las situaciones de persecución y desplazamiento territorial que afectan a comunidades indígenas. Para las organizaciones, estas políticas expresan una reducción de las responsabilidades públicas en materia de protección social.
La represión de las protestas ocupa un lugar destacado en la carta. Las centrales denuncian el uso de balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes y mencionan especialmente el caso del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido durante una movilización. También cuestionan las expresiones públicas del presidente Javier Milei, a las que atribuyen una contribución al clima de hostilidad, estigmatización y violencia social.
En ese contexto, las organizaciones sindicales reivindican los principios de solidaridad, justicia social y defensa de los derechos humanos asociados con la doctrina social de la Iglesia. Plantean la necesidad de construir un sistema económico y social centrado en la dignidad de las personas, el trabajo y la protección de los sectores más vulnerables, frente a modelos que consideran excluyentes.
La declaración incluye, además, un reconocimiento al legado del papa Francisco y una valoración de la continuidad de su orientación pastoral bajo León XIV. Los dirigentes expresan su satisfacción por la perspectiva de una visita papal a Uruguay, Argentina y Perú, países que identifican como integrantes de una comunidad latinoamericana unida por vínculos históricos y culturales.
La carta concluye con el compromiso de ambas centrales de continuar defendiendo los derechos laborales y trabajando por una sociedad más justa, libre y soberana, en la que el trabajo constituya un fundamento de la vida comunitaria. El texto lleva las firmas de Hugo Yasky y Hugo Godoy, en representación de sus respectivas organizaciones sindicales.
