jueves, 5 de noviembre de 2026
Las pymes reclaman un alivio fiscal que puedan pagar
CAME pidió eliminar el anticipo del 5% y ampliar a un mínimo de 48 cuotas el financiamiento de las deudas tributarias.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que las pymes no están en condiciones de afrontar el anticipo del 5% requerido para ingresar al plan de facilidades de pago de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aunque respaldó el anuncio de suspensión de embargos realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, la entidad reclamó condiciones de refinanciación más amplias. Sus pedidos incluyen eliminar ese desembolso inicial, ofrecer al menos 48 cuotas e incorporar obligaciones incluidas en planes que todavía no hayan caducado.
El planteo pone el foco en la disponibilidad de dinero para acceder al régimen. Para una empresa con dificultades para cumplir sus obligaciones, la exigencia de un pago inicial puede convertirse en una barrera de ingreso, aun cuando después se permita distribuir el saldo. CAME sostuvo que mantener el anticipo supone un esfuerzo financiero que las pequeñas y medianas firmas no pueden afrontar.
Caputo anunció ante la Unión Industrial Argentina la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y la ampliación del plan de 18 cuotas para incorporar deudas vencidas hasta el 31 de octubre. La comunicación oficial del Ministerio de Economía presentó ambas decisiones como parte de un conjunto de medidas para el sector industrial. Los reclamos de CAME buscan modificar las condiciones de ese esquema: las 48 cuotas solicitadas por la entidad no forman parte del anuncio difundido.
La diferencia entre ambos plazos es sustancial para las empresas que deben compatibilizar la regularización tributaria con salarios, proveedores y gastos de funcionamiento. CAME propuso un piso de cuatro años para distribuir los pagos, frente al año y medio informado por Economía. También pidió permitir el ingreso de deudas que ya se encuentran en planes vigentes, para que la refinanciación alcance a quienes mantienen compromisos anteriores.
La entidad recordó que en junio había solicitado al ministro la interrupción de los embargos y que no se aplicaran multas a las pymes. En su comunicado valoró las medidas orientadas a preservar el entramado productivo y acompañar su desarrollo. Ese respaldo estuvo acompañado por el señalamiento de que el acceso al financiamiento debe adecuarse a la situación económica de las empresas.
El anuncio sobre embargos y el plan de pagos responden a problemas diferentes. La suspensión anunciada posterga medidas de cobro, mientras que las facilidades permiten distribuir la cancelación de obligaciones. Ninguna de esas herramientas equivale por sí misma a una condonación de la deuda, y los pedidos de CAME apuntan a que la regularización no exija recursos que las firmas necesitan para continuar operando.
Los reclamos se producen en un escenario de debilidad de la actividad industrial pyme. Según el relevamiento de CAME correspondiente a agosto, la producción manufacturera de ese segmento cayó un 6,1% frente al mismo mes del año anterior y acumuló una contracción del 8,5% en los primeros ocho meses. La utilización promedio de la capacidad instalada se ubicó en el 55,3%, aunque hubo una mejora mensual desestacionalizada del 0,3%.
En ese informe, la organización identificó dificultades vinculadas con el poder adquisitivo, la liquidez y los costos de producción. También señaló la presión de las tarifas energéticas, los fletes y las materias primas sobre la rentabilidad. Esas condiciones explican el eje de su demanda actual: ampliar las posibilidades de refinanciar obligaciones sin agregar una exigencia inicial que comprometa la caja de las empresas.
