Las hijas del general Prats rechazan los posibles indultos de Kast a represores

Sofía Ester, Hilda Cecilia y María Angélica Prats Cuthbert reclamaron al presidente chileno José Antonio Kast que impulse una reforma legal para impedir los indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad. La solicitud forma parte de una carta abierta presentada el 30 de octubre en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, ante la posibilidad de que el Gobierno otorgue ese beneficio a antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet. Las firmantes son hijas del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats y de Sofía Cuthbert, asesinados en Buenos Aires en 1974 por agentes de la represión chilena.

El documento plantea que una eventual decisión favorable a los condenados provocaría una nueva herida entre los familiares de las víctimas y quienes todavía reclaman justicia por los delitos cometidos durante la dictadura. Las hermanas explicaron que tomaron conocimiento de la posibilidad de esos indultos a través de los medios de comunicación y advirtieron sobre sus consecuencias éticas, jurídicas y políticas. Su preocupación se inscribe en una discusión que involucra el cumplimiento efectivo de las condenas judiciales por violaciones graves a los derechos humanos.

«Indultar a quienes cometieron crímenes de Lesa Humanidad es éticamente insostenible. Es impunidad, y la impunidad corroe la conciencia moral de una nación», sostuvieron. La definición constituye el eje de un pronunciamiento que cuestiona la utilización de atribuciones presidenciales para beneficiar a personas cuya responsabilidad penal fue establecida por la Justicia. Para las firmantes, el reconocimiento legal de una facultad no significa que cualquier decisión adoptada mediante su ejercicio resulte legítima.

El planteo adquiere una dimensión particular por la historia de la familia Prats. Carlos Prats González fue comandante en jefe del Ejército chileno y uno de los principales militares comprometidos con la continuidad institucional durante el gobierno constitucional de Salvador Allende. Después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 se exilió en la Argentina junto con su esposa, Sofía Cuthbert Chiarleoni, mientras la dictadura encabezada por Pinochet consolidaba su aparato represivo.

Ambos fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 mediante un atentado con explosivos colocado en su automóvil en Buenos Aires. El crimen fue organizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de la dictadura chilena, y constituye uno de los antecedentes más significativos de la persecución política ejecutada fuera de las fronteras nacionales. El doble asesinato demostró que la maquinaria represiva pinochetista también operaba contra sus opositores exiliados.

La responsabilidad de agentes del Estado chileno quedó establecida judicialmente después de una extensa investigación. En su presentación, las hijas de Prats recordaron el fallo de la Corte Suprema de Chile del 8 de julio de 2010, dictado casi 36 años después del atentado. La prolongada búsqueda de justicia explica el alcance de su preocupación ante la posibilidad de que decisiones políticas posteriores alteren el cumplimiento de las penas impuestas.

La discusión se desarrolla en un escenario en el que el gobierno de Kast enfrenta numerosas solicitudes de indulto. En septiembre, el ministro de Justicia chileno, Fernando Rabat, informó que se habían presentado más de un centenar de peticiones, mayoritariamente correspondientes a exagentes de la dictadura de Pinochet condenados por violaciones a los derechos humanos. El presidente había señalado que evaluaría los casos individualmente, sin que esa declaración implicara que los beneficios ya hubieran sido concedidos.

Las hermanas Prats también cuestionaron las consecuencias institucionales de una eventual decisión favorable a militares condenados. En la carta sostuvieron que indultar a oficiales responsables del asesinato de un comandante en jefe que había respetado su juramento de defender la Constitución y las leyes significaría una ofensa al honor de las Fuerzas Armadas. De esa manera, vincularon el reclamo de justicia con la responsabilidad de las instituciones militares frente a los crímenes de la dictadura.

La presentación no se limita a solicitar que Kast se abstenga de conceder los beneficios. Las firmantes reclamaron que el mandatario presente ante el Parlamento un proyecto para derogar la normativa que contempla esa atribución presidencial. Al formular ese pedido, establecieron una diferencia entre la existencia de una facultad reconocida por la legislación y la legitimidad ética de utilizarla para beneficiar a responsables de delitos de lesa humanidad.

El documento concluye con una definición sobre las condiciones necesarias para cualquier proceso de reconciliación nacional: «La reconciliación se construye logrando verdad y justicia para las víctimas». La exigencia sintetiza la posición de una familia que debió esperar décadas para obtener una sentencia definitiva por el asesinato de sus padres y que ahora reclama que las condenas judiciales no sean desvirtuadas por decisiones del Poder Ejecutivo.