viernes, 30 de octubre de 2026
El hostigamiento digital silencia al periodismo
Una encuesta nacional registró agresiones contra el 43% de quienes respondieron y una extendida falta de respaldo de las empresas periodísticas.
El 43% de los periodistas que participaron de una encuesta nacional sufrió violencia digital vinculada con su trabajo durante el último año y alrededor de la mitad evitó investigar o publicar temas por temor. El relevamiento fue realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Anfibia y el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín. Los resultados, presentados esta semana en la capital porteña, muestran las consecuencias del hostigamiento sobre el ejercicio profesional y la circulación de información.
La investigación reunió 905 respuestas válidas de trabajadores de prensa de distintos puntos del país. Según la información metodológica difundida por la Defensoría, la convocatoria se construyó sobre un marco de 10.006 periodistas identificados a partir de 1.158 fuentes. Los porcentajes describen las experiencias de quienes respondieron el cuestionario y permiten reconocer diferencias según las tareas, las condiciones laborales y la frecuencia de las agresiones.
Entre las personas que padecieron violencia digital, el 24,7% recibió al menos una agresión grave. Esa categoría incluye amenazas de muerte o de violencia física, difusión de datos personales, imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial y publicación de contenido sexual sin consentimiento. Las amenazas físicas alcanzaron al 14,9% de las víctimas y las de muerte, al 9,3%.
La exposición resulta particularmente elevada entre quienes trabajan frente a cámaras o micrófonos: siete de cada diez conductores y movileros consultados reportaron ataques. El estudio también identificó una mayor incidencia de violencia grave entre quienes realizan investigaciones, trabajan mediante contratos de locación de servicios o utilizan X como herramienta profesional. La visibilidad pública y la precariedad laboral aparecen así entre las condiciones que requieren atención al diseñar mecanismos de protección.
El impacto sobre el trabajo se profundiza cuando las agresiones se repiten. Entre quienes padecieron violencia sistemática, el 82% evitó publicar o investigar determinados asuntos por temor y el 53% se retiró de la conversación pública. Ese retiro comprende dejar las redes, reducir la participación o interrumpir el intercambio con las audiencias.
Las consecuencias también alcanzan la salud mental, con diferencias entre mujeres y varones. Entre las periodistas agredidas, el 50,8% informó afectación, frente al 35,5% de sus colegas varones, aunque los niveles de exposición fueron similares. A su vez, la afectación calificada como grave pasó del 11,5% entre quienes sufrieron ataques pocas veces al 40,7% entre quienes los padecieron sistemáticamente.
Frente a ese escenario, el acompañamiento de las empresas aparece como una de las principales carencias. El 53,2% de las víctimas no recibió apoyo del medio para el que trabaja. La proporción sin respaldo llegó al 62,3% en medios sin protocolos y descendió al 11,1% entre quienes se desempeñan en organizaciones que sí cuentan con ellos.
Esa diferencia permite observar la importancia de disponer de procedimientos de asistencia, aunque no demuestra por sí sola que los protocolos eviten las agresiones. El problema adquiere además características específicas entre periodistas independientes, que representan cerca de la mitad de la muestra. Para ese sector, las respuestas de protección deben contemplar el trabajo realizado fuera de las estructuras empresariales.
Los resultados fueron presentados por la defensora del Pueblo, María Rosa Muiños; Silvina Heguy, del equipo de dirección de Anfibia; Ezequiel Ipar, por el LEDA-UNSAM, y Pablo Gordon, por la Defensoría. Entre las recomendaciones figuran protocolos para medios y trabajadores independientes, atención en salud mental, canales eficaces de denuncia en las plataformas y formación en seguridad digital con perspectiva de género. El informe también propone repetir el relevamiento para seguir la evolución del hostigamiento y sus efectos.
