La crisis industrial y el deterioro de los ingresos golpean a las provincias

El cierre de establecimientos industriales en Santa Fe, la crisis de empresas alimenticias en Entre Ríos, los reclamos salariales en Jujuy y las dificultades para acceder a medicamentos en distintas provincias marcaron la agenda federal de los últimos días. El relevamiento semanal de ADN Federales, publicado por ADN Populares, también registra avances judiciales en causas por delitos de lesa humanidad, conflictos vinculados con la violencia de género y cuestionamientos a las políticas económicas nacionales. Los acontecimientos permiten observar cómo las decisiones sobre producción, empleo, financiamiento público y derechos sociales tienen consecuencias diferentes en cada territorio, pero plantean problemas que atraviesan al conjunto del país.

En Santa Fe, la empresa Electrolux formalizó el cierre de su planta de Rosario y el despido de 200 trabajadores, luego del vencimiento de la conciliación obligatoria y de un acuerdo indemnizatorio. La Unión Obrera Metalúrgica rechazó la decisión y reclamó la reapertura del establecimiento. Según la información recogida por ADN Federales, la compañía dejará de producir en la ciudad y abastecerá el mercado argentino con productos importados, una modificación que vuelve a colocar en discusión las consecuencias de la apertura comercial sobre la industria nacional.

La situación industrial santafesina se agrava con la quiebra de Algodonera Avellaneda, de Reconquista, que mantiene una deuda superior a los 260 millones de dólares y cuenta con aproximadamente 320 trabajadores. La Justicia declaró la quiebra después del fracaso del proceso de salvataje, mientras se analiza la continuidad de la actividad y las condiciones para una eventual venta. Ambos casos expresan las dificultades que enfrentan sectores productivos con fuerte arraigo territorial y muestran que las consecuencias de una crisis empresarial exceden los límites de las fábricas.

En Entre Ríos, la planta La China de Granja Tres Arroyos atraviesa una situación que afecta a unas 930 familias de Concepción del Uruguay. Los trabajadores acumulan seis meses de salarios impagos y se registraron alrededor de 480 despidos, de acuerdo con el testimonio del referente gremial Julio Chamorro. La posibilidad de que la firma Noelma participe en la reactivación del establecimiento aparece como una alternativa todavía incierta frente al deterioro del empleo en la región.

La conflictividad laboral también alcanza a Jujuy, donde 230 trabajadores de Industrias Zapla mantienen un paro por deudas salariales que promedian seis millones de pesos por persona. El diputado Gastón Remy cuestionó que, mientras persisten los incumplimientos, el gobierno de Carlos Sadir impulse beneficios impositivos para la empresa durante diez años. La controversia enfrenta la necesidad de preservar la actividad industrial con la obligación empresarial de garantizar el pago de los salarios.

En Tucumán, la finalización de la cosecha de limón dejó sin empleo temporario a unos 35 mil trabajadores, de los cuales aproximadamente 20 mil buscarían nuevas oportunidades laborales en Río Negro, Mendoza y Neuquén. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores solicitó al gobernador Osvaldo Jaldo que facilite el transporte gratuito hacia esas provincias. El reclamo expone la vulnerabilidad de los trabajadores estacionales y la importancia de las políticas públicas para sostener la movilidad laboral entre economías regionales.

Las dificultades económicas también se reflejan en el consumo. En Tucumán, las ventas por el Día de la Madre cayeron un 21,2% interanual, según un relevamiento realizado en 2.300 comercios, mientras que en Santa Fe el 70% de los negocios consultados señaló que la fecha no produjo una mejora significativa en su actividad. A esto se suma el creciente endeudamiento de los hogares tucumanos y la advertencia de la Confederación Económica de Misiones, cuyo relevamiento indica que el 76,3% de los pequeños y medianos empresarios encuestados considera que la política económica carece de medidas adecuadas para las PyMEs y las economías regionales.

El costo de vida presenta además diferencias territoriales significativas. Un estudio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco estimó que una familia de Comodoro Rivadavia necesitó en septiembre 2.093.096 pesos para superar el umbral de pobreza y 947.102 pesos para cubrir exclusivamente sus necesidades alimentarias. El informe registró un aumento mensual del 2% en la canasta básica, en un contexto de reclamos salariales que también alcanza a docentes entrerrianos y trabajadores judiciales tucumanos.

La situación sanitaria constituye otro de los principales ejes del relevamiento. En Tucumán, el diputado nacional Pablo Yedlin cuestionó la reducción de los medicamentos distribuidos mediante el programa Remediar y advirtió que la medida podría comprometer el acceso gratuito a tratamientos esenciales. Desde Entre Ríos, la exministra de Salud Sonia Velázquez expresó una preocupación similar y recordó que el programa abastecía a más de 300 centros de atención primaria de la provincia.

Las consecuencias del deterioro de los ingresos también se observan en las farmacias tucumanas. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Verónica Pastoriza, advirtió que cada vez más pacientes compran medicamentos en cantidades menores o postergan tratamientos por dificultades económicas. En Santa Fe, la suspensión temporal de la producción de Levocar, utilizado por personas con enfermedad de Parkinson, motivó un reclamo del diputado Miguel Rabbia para garantizar el abastecimiento, ante la advertencia de que la producción alternativa no alcanza a cubrir la demanda.

En Córdoba, intendentes de distintas localidades reclamaron al PAMI el pago de deudas con prestadores sanitarios. Según los jefes comunales, los municipios y comunas deben asumir gastos de atención médica y medicamentos para adultos mayores cuando los servicios contratados no reciben los fondos correspondientes. La situación refleja la presión que las dificultades de financiamiento nacional pueden trasladar a los sistemas locales de salud.

Frente a este escenario, Misiones anunció un acuerdo salarial con ATE y UPCN que contempla un incremento del 8,5% para trabajadores públicos y jubilados, distribuido en dos tramos. La medida fue presentada por el gobernador Hugo Passalacqua en una provincia donde los salarios se encuentran por debajo del promedio nacional. En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio reclamó la reapertura de paritarias y denunció una importante pérdida del poder adquisitivo docente.

La agenda productiva también incluyó cuestionamientos al funcionamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. En Salta, la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital advirtió que la minera Rio Tinto importó equipos para su proyecto de litio en el Salar del Rincón por más de 45 millones de dólares, pese a que empresas argentinas estarían en condiciones de fabricarlos. El planteo vuelve a poner en discusión la participación de proveedores nacionales en las grandes inversiones extractivas y su capacidad para generar empleo industrial.

En Tucumán, la Municipalidad de Tafí Viejo anunció que recurrirá a la Justicia para defender los históricos talleres ferroviarios frente a un proyecto de concesión privada impulsado por el Gobierno nacional. La intendenta Alejandra Rodríguez recibió el respaldo unánime del Concejo Deliberante para iniciar acciones judiciales. La disputa involucra tanto el destino de un establecimiento de importancia histórica como la continuidad de capacidades ferroviarias vinculadas con el desarrollo productivo regional.

Los derechos humanos ocuparon otro lugar central en la agenda provincial. En Tucumán, fueron identificados los restos de Carlos Rafael Medina, estudiante universitario de 20 años secuestrado en abril de 1976, mediante estudios genéticos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. El hallazgo eleva a 122 la cantidad de personas identificadas en el Pozo de Vargas, uno de los sitios utilizados para ocultar víctimas del terrorismo de Estado.

En Córdoba comenzó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, con 21 acusados y 78 víctimas comprendidas en el proceso. Paralelamente, avanzaron los trabajos de identificación de restos recuperados en Loma del Torito, en las inmediaciones del antiguo centro clandestino de detención La Perla. La continuidad de estos procesos judiciales y científicos mantiene abierta la búsqueda de verdad y justicia a medio siglo del golpe de Estado de 1976.

En Río Negro, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos cuestionó al candidato a convencional constituyente Adrián Marcelo Grau por publicaciones en redes sociales que reivindican al dictador Jorge Rafael Videla. La organización rechazó expresiones que justifican la represión ilegal y la eliminación de opositores políticos. El episodio reabrió el debate sobre la responsabilidad pública de quienes aspiran a ocupar cargos institucionales frente a los crímenes cometidos durante la última dictadura.

La violencia de género y la actuación judicial también estuvieron presentes en distintas provincias. En Neuquén, un jurado popular declaró culpable a Roberto Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko, cometido en septiembre de 2025, y consideró acreditadas agravantes vinculadas con el odio a la identidad de género, el ensañamiento y la violencia de género. La pena deberá ser determinada por el juez interviniente, mientras organizaciones feministas y de la diversidad destacaron la importancia del reconocimiento judicial de la violencia motivada por prejuicios.

En Santa Fe, la muerte de Talía Baduna, una mujer embarazada que había sufrido un ataque con fuego atribuido a su pareja, motivó nuevos reclamos de organizaciones feministas para que se declare la emergencia en violencia de género. En Entre Ríos, la Justicia dictó prisión preventiva para Cristian Díaz, acusado del femicidio de Andrea Fabiana Bruselario, mientras se prepara un nuevo juicio contra Néstor Pavón por el crimen de Micaela García, esta vez bajo una acusación de coautoría. En Córdoba, un asesor legislativo fue sometido a prisión preventiva en una investigación por presuntos abusos sexuales agravados, hechos que deberán determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

En Corrientes continúa la búsqueda de Nancy Godoy, docente rural desaparecida desde comienzos de octubre. La investigación avanzó con detenciones y nuevas medidas probatorias, mientras CTERA y SUTECO impulsaron una campaña nacional para reclamar su aparición. En la misma provincia continúa el proceso judicial vinculado con la desaparición de Loan Peña, con nuevas declaraciones testimoniales previstas en el debate.

Las provincias también registraron conflictos institucionales y legislativos. En Santa Fe, Diputados dio media sanción a una reforma del Registro de Deudores Alimentarios que contempla nuevas restricciones para quienes incumplan sus obligaciones, mientras se analiza una iniciativa para sancionar la utilización de contenidos sintéticos generados con inteligencia artificial que vulneren derechos personales. Organizaciones sociales y jurídicas cuestionaron además un proyecto provincial de seguridad por considerar que algunas de sus disposiciones podrían afectar garantías constitucionales.

En Entre Ríos continúa el trámite judicial contra el exgobernador Sergio Urribarri por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía sostuvo su acusación y solicitó una pena de prisión e inhabilitación, mientras la defensa presentó objeciones que deben ser resueltas por el tribunal competente. En Chubut, organizaciones profesionales cuestionaron la designación de José Andrés Bahamonde como síndico de Petrominera por presunto incumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo, y comenzó un juicio contra el dirigente sindical Guillermo Quiroga por una acusación de administración irregular de fondos.

Los fenómenos climáticos y ambientales completaron una agenda de fuerte impacto territorial. En Misiones, la crecida de los ríos Iguazú y Paraná provocó dificultades en zonas ribereñas, interrupciones de circulación y cierres de pasos fronterizos. Las autoridades provinciales iniciaron relevamientos preventivos ante el riesgo de nuevas lluvias extraordinarias, mientras la Legislatura aprobó normas destinadas a promover actividades sostenibles y ampliar las plantaciones de especies forestales nativas.