jueves, 15 de octubre de 2026
El propio Presupuesto desmiente que no haya fondos para las universidades
Un informe de Zentrix determinó que aplicar la Ley 27.795 durante 2027 demandaría hasta $3,65 billones, mientras el proyecto oficial mantiene $5,93 billones sin asignación específica.
El Gobierno nacional podría financiar durante 2027 la recomposición salarial, las becas y el funcionamiento previstos por la Ley de Financiamiento Universitario sin aumentar el gasto total ni modificar el resultado fiscal proyectado. Así lo concluye un análisis de Zentrix Consultora, elaborado a partir del proyecto de Presupuesto enviado por el propio Poder Ejecutivo. El estudio identifica recursos suficientes dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro y sostiene que el conflicto no responde a la inexistencia de fondos, sino a la decisión política sobre su destino.
La Ley 27.795 se encuentra vigente desde octubre de 2025, cuando ambas cámaras del Congreso insistieron con una mayoría de dos tercios después del veto presidencial. Javier Milei promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero suspendió su aplicación bajo el argumento de que no estaba determinada su fuente de financiamiento. Desde entonces, la Justicia ordenó cumplir los artículos referidos a salarios y becas mediante una cautelar firme y, el pasado 6 de octubre, declaró inconstitucional la suspensión y dispuso aplicar la ley completa, aunque esa sentencia fue apelada por el Gobierno.
El informe estima que cumplir durante 2027 la recomposición salarial y las becas actualmente exigidas por la Justicia demandaría alrededor de $2 billones. La aplicación integral de la norma, incluyendo gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, investigación y extensión, requeriría entre $2,45 y $3,65 billones adicionales. Ese monto representa entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto y entre el 0,14% y el 0,26% del Producto Bruto Interno.
Los recursos podrían surgir de Obligaciones a cargo del Tesoro, una jurisdicción cuyo presupuesto aumentaría de $5,64 billones a $14,81 billones durante el próximo año. Dentro de esa partida aparecen $7,68 billones bajo el concepto de “otras asistencias financieras”, sin que el proyecto detalle a quiénes serán destinados. Después de excluir la reserva salarial de la Administración Nacional y los fondos universitarios ya contabilizados, quedan $5,93 billones sin una asignación específica, una cifra ampliamente superior al costo máximo calculado para cumplir la ley.
La reasignación no generaría un gasto nuevo porque esos recursos ya forman parte del Presupuesto 2027 y, por lo tanto, del resultado financiero proyectado por el Gobierno. Su utilización reduciría el margen discrecional del Ejecutivo para decidir durante el año hacia dónde dirigirlos, pero no rompería el equilibrio fiscal invocado para suspender la norma. La Ley de Administración Financiera y el propio proyecto presupuestario, además, permiten al jefe de Gabinete reestructurar créditos dentro del monto total aprobado.
El conflicto se desarrolla sobre un sistema que continúa soportando las consecuencias del ajuste. Aunque el acuerdo salarial alcanzado en junio interrumpió 19 meses consecutivos de caída, los ingresos reales de docentes y trabajadores no docentes todavía se encuentran alrededor de 22% por debajo de noviembre de 2023. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional citados por Zentrix, cerca de 10.000 docentes abandonaron las universidades y la inversión real en ciencia y técnica universitaria durante 2025 representó apenas el 38% de la ejecutada en 2023.
El Congreso tendrá una oportunidad concreta de resolver la disputa cuando trate el artículo 12 del Presupuesto 2027. Incorporar allí las partidas necesarias eliminaría el fundamento utilizado por el Ejecutivo para mantener suspendida la ley y permitiría financiarla sin alterar el gasto previsto. Frente a los números incluidos por el propio Gobierno, la discusión ya no pasa por determinar si existen los recursos, sino por decidir si la universidad pública constituye una prioridad.
