domingo, 20 de septiembre de 2026
América Latina entre la soberanía y el ajuste
El resumen semanal de Faro Latinoamericano analiza las elecciones brasileñas, el acuerdo de Bolivia con el FMI, la respuesta de México a Trump y las disputas que atraviesan la construcción de un mundo multipolar.
A 16 días de las elecciones presidenciales en Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció un aumento del 15% en la Bolsa Família, el programa social creado durante su primera presidencia y convertido desde entonces en una herramienta decisiva contra el hambre. El beneficio promedio pasará de 675 a 777 reales, mientras el monto mínimo subirá de 600 a 691 reales a partir de octubre. La política alcanza a 19,3 millones de familias y recompone la pérdida acumulada frente a la inflación desde 2023.
El anuncio reactivó la ofensiva del bolsonarismo. El diputado Zé Trovão, integrante del Partido Liberal y aliado de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, presentó una petición para impedir el aumento y acusó al Gobierno de intentar comprar votos. La impugnación expresa algo más profundo que una discusión electoral: vuelve a enfrentar un proyecto que reconoce la responsabilidad del Estado ante la desigualdad con una ultraderecha que convierte los derechos sociales en sospecha, pero acepta sin cuestionamientos los privilegios de los sectores concentrados.
Bolivia atraviesa el proceso inverso. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizó por 100 votos sobre 166 la extensión durante otros 90 días del estado de excepción impulsado por el presidente Rodrigo Paz. La medida mantiene restricciones sobre la protesta social y las reuniones masivas en un país sacudido por el ajuste económico y la creciente oposición de sindicatos, organizaciones populares y sectores productivos.
La prórroga coincide con la aprobación de un crédito de 1.900 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo compromete al Gobierno boliviano con un programa de reducción del déficit, reformas estructurales, flexibilidad cambiaria y eliminación progresiva de subsidios a los combustibles, una secuencia conocida por los pueblos latinoamericanos. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras rechazó el endeudamiento y calificó el estado de excepción como una “mordaza” destinada a perseguir a quienes resistan sus consecuencias.
El rumbo elegido por La Paz vuelve a colocar en debate la relación entre democracia, endeudamiento y soberanía. La experiencia regional demuestra que los programas del FMI nunca son exclusivamente financieros: condicionan las decisiones económicas, limitan la capacidad de los Estados y trasladan el costo de las crisis sobre trabajadores y sectores populares. Cuando esos planes requieren restringir la protesta para poder aplicarse, el problema deja de ser solamente económico y alcanza de lleno a las libertades democráticas.
México protagonizó una respuesta diferente frente a las presiones de Washington. Luego de una nueva conversación con Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las evaluaciones estadounidenses sobre la lucha contra el narcotráfico y afirmó que su país no necesita “que lo juzguen desde afuera”. También reclamó que Estados Unidos informe qué hace dentro de su propio territorio para enfrentar el consumo, el tráfico de armas y las redes económicas que sostienen el negocio de las drogas.
La posición mexicana recupera un principio fundamental para América Latina: la cooperación internacional no puede confundirse con subordinación. Estados Unidos pretende evaluar las políticas de otros países mientras evita asumir su propia responsabilidad en las causas y los circuitos financieros del narcotráfico. Sheinbaum respondió desde la soberanía nacional y reclamó una relación entre iguales, sin tutelajes ni amenazas de intervención.
Cuba también llevó su denuncia contra la política estadounidense a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. El viceprimer ministro Oscar Pérez Oliva Fraga sostuvo que el bloqueo económico, comercial y financiero produjo una “disrupción violenta” en las cadenas de suministro de la isla. No se trata de una abstracción diplomática: las sanciones obstaculizan el acceso a alimentos, medicamentos, combustibles, tecnología y financiamiento, con consecuencias directas sobre la vida cotidiana de la población cubana.
En el Cono Sur, el presidente chileno José Antonio Kast anunció que viajará a La Paz para reunirse con Rodrigo Paz y firmar acuerdos bilaterales. La visita será la primera de un mandatario chileno a Bolivia en varias décadas y abre una instancia de acercamiento entre dos gobiernos conservadores. El diálogo entre los países resulta necesario, aunque la integración regional no puede reducirse a acuerdos entre administraciones ideológicamente afines ni desconocer la histórica demanda marítima boliviana.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, por su parte, vinculó a algunos pescadores con actividades relacionadas con el narcotráfico y el comercio ilegal de combustibles. Aunque aclaró que no responsabilizaba al conjunto del sector, sus declaraciones profundizan una narrativa que extiende la sospecha sobre comunidades costeras enteras. La lucha contra las organizaciones criminales no puede convertirse en una autorización para militarizar territorios, estigmatizar trabajadores o desconocer las condiciones sociales sobre las que esas redes construyen su poder.
El escenario global también atraviesa una transformación decisiva. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller chino, Wang Yi, comenzaron a preparar la visita de Xi Jinping a Washington, prevista para el 24 de septiembre. China reclamó que la relación avance sobre la igualdad y el respeto mutuo, mientras las dos potencias negocian sobre comercio, tecnología, inteligencia artificial y tierras raras.
Para América Latina, la consolidación de China y de los BRICS representa la posibilidad de ampliar sus alianzas y reducir una dependencia histórica respecto de Estados Unidos. La construcción de un mundo multipolar no resuelve automáticamente las desigualdades ni reemplaza la necesidad de un proyecto propio, pero abre márgenes que la región puede aprovechar mediante la integración económica, política y estratégica. La alternativa no consiste en cambiar una subordinación por otra, sino en construir la Patria Grande con capacidad para decidir su destino y relacionarse soberanamente con todos los polos de poder.
